Alternativas contra el hacinamiento carcelario

Expertos explican qué se podría hacer para disminuir la población en las cárceles. 
 

En el país hay 10.727 presos más de lo que soportan las cárceles, según información del Ministerio de Justicia. El hacinamiento llega al 38,59%, por lo que desde sectores de derechos humanos y abogados se insiste en la urgencia de aplicar soluciones. 

Tras la desaparición del Ministerio de Justicia, el futuro Servicio Nacional de Rehabilitación se encargará del sistema y Ricardo Camacho, actual subsecretario, deberá enfrentar el hacinamiento, entre otros problemas,  de un “sistema perverso”, como señaló a La Hora en entrevista. 

Uno de las causas que el abogado penalista Xavier Andrade identifica es que se mal utiliza la prisión preventiva. Esta medida cautelar es la última opción que tiene un juez para garantizar la presencia de una persona al proceso judicial. 

Sin embargo, el experto señala que en ciertos delitos se ha convertido en el recurso más aplicado, como en microtráfico de drogas, cuando los magistrados deberían hacer una revisión de cada caso para aplicar la medida más adecuada, “pensando que la prisión es lo último a lo que se debe llegar”. 
 

Otras iniciativas
Sonia Andrade, activista de derechos humanos, cuestiona que “no se está atacando el meollo del asunto”. Ella insiste en que las cárceles están llenas de personas que cometen delitos menores, por lo que se requiere un intervención integral de emergencia, para atacar el “problema de carácter estructural”. 

Para ella, el primer paso es realizar una auditoría al manejo del sistema de rehabilitación social para detectar dónde están los nudos críticos. En esa evaluación deben revisarse los decretos de emergencia del anterior gobierno y las áreas que se han privatizado, como la alimentación. 

Después, el Estado debe generar “condiciones óptimas de vida para sus ciudadanos”, con empleo, educación y salud para que, por un lado, exista una correcta reinserción y para disminuir la inseguridad. 

Adicionalmente, Andrade considera que también se debe analizar la aplicación de prelibertad. Este mecanismo, explica, tiene “mucho trámite burocrático”, lo que dificulta que personas puedan estar fuera de las cárceles. Además, recuerda que por Ley deberían existir jueces penitenciarios que todavía no se aplican. Con ellos se aliviaría la carga para tratar esos casos. 

Otra visión tiene Luis Saavedra, director de Inredh. Su criterio es que no se deben construir más cárceles y que debe existir un sistema para que estas no sean necesarias aplicando un modelo en lo que los procesados puedan trabajar, por ejemplo, en fincas para la agroindustria.

Otra opción, sugiere, es incorporar la visión de la justicia indígena en la ordinaria. Es decir, no aplicar “un sistema de venganza”, sino de reparación. 

La visión sobre la prelibertad
°  En diálogo con La Hora, el subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, reconoció que una de las posibilidades para enfrentar el hacinamiento es el sistema de prelibertad. 

Esa es una condición controlada en la cual el recluso sale de prisión pero se mantiene bajo la vigilancia del Estado. Se creó como parte del proceso de reinserción a la sociedad. Para tener este derecho, el reo debe haber cumplido al menos el 60% de la pena y haber participado en actividades sociales y educativas dentro de prisión. Además, demostrar que tiene dónde trabajar y dónde vivir.

Sin embargo, Camacho tiene un visión: si bien este es un derecho, no todos deben tener acceso a él automáticamente. “Es indispensable que el régimen semi abierto sea un auténtico proceso de reinserción, que haya un entorno familiar y social adecuado. Porque, de lo contrario, regresan a la cárcel. Todos los presos, cuando vamos a las cárceles, nos dicen ‘yo tengo derecho ya al 60%, sáqueme ahorita. Pero no. Tiene que haber certificados y estudios de que no nos vayan a causar daño o peligrosidad a la sociedad”. 

Además, aclara que, si el sentenciado incumple los protocolos estando en la calle, puede regresar a prisión.
(Diario La Hora)

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