Andrés Michelena anuncia veto a la renovación automática de frecuencias

El Gobierno ecuatoriano ha dispuesto vetar la transitoria número ocho que consta entre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobadas la semana pasada en la Asamblea Nacional.

Así lo informó Andrés Michelena, secretario de Comunicación, quien señaló que se trata de una disposición del primer mandatario Lenín Moreno, la mañana de este miércoles 26 de diciembre de 2018.

Sobre la decisión acerca de esta transitoria, que trata de la renovación automática de frecuencias de radio y televisión, dijo que se buscarán nuevos mecanismos para su asignación.

“No podemos avalar algo que va en contra de la Constitución, del informe de Contraloría y que permitiría la concentración de frecuencias”, indicó durante una entrevista en el programa Contacto Directo de Ecuavisa.

Al emprender un nuevo mecanismo se darán de baja “aquellas concesiones que presenten procesos dudosos, acatando lo que dictamina la Constitución en relación a la no concentración de frecuencias”, apunta un comunicado de la Secretaría de Comunicación (Secom).

El contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, solicitó el jueves pasado que se estudie esa medida, según lo estipulado en el artículo número 137 de la Constitución y en correspondencia con el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

A través de un comunicado, Celi manifestó que con la aprobación de la transitoria “se procedería a la legalización de concesiones y autorizaciones de funcionamiento que no cumplieron con la ley, previo a su otorgamiento, aun cuando, luego, hayan observado los contratos derivados de aquellas”.

La Asamblea aprobó la semana pasada, tras ocho horas de debate en el Pleno, el proyecto de reformas a la LOC con 75 votos a favor, 25 en contra y siete abstenciones.

Entre las reformas constan también la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), una entidad creada bajo esa ley de comunicación en 2013.

Además está la eliminación de códigos deontológicos, la prohibición de la censura previa para autoridades y funcionarios o la supresión de la figura del linchamiento mediático. (Diario Expreso)

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