¿Por qué el Estado brinda seguridad y vehículos a María Alejandra Vicuña?

Correa dispuso que el Servicio de Protección Presidencial proporcione seguridad no solo a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sino también “a sus cónyuges e hijos”

La exvicepresidenta de Ecuador María Alejandra Vicuña asistió a la Fiscalía General del Estado, en Quito, protegida por agentes vestidos de negro y en vehículos del Estado.

Ocurrió la mañana de este lunes 7 de enero del 2019, citada para rendir su versión en el llamado caso ‘diezmos’, por el cual renunció a su cargo el pasado 4 de diciembre del 2018.

¿Por qué aún tiene la seguridad de un Vicepresidente de la República? El Decreto Ejecutivo 1396, suscrito en mayo del 2017 por Rafael Correa, es la causa. Antes de abandonar el cargo, Correa dispuso que se mantenga la seguridad estatal para los expresidentes durante un año y para los exvicepresidentes por el lapso de seis meses.

“Es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”, para así “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar”, reza en el Decreto firmado el 3 de mayo del 2017.

En el documento, Correa dispuso que el Servicio de Protección Presidencial proporcione seguridad no solo a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sino también “a sus cónyuges e hijos”.

Vicuña es la tercera beneficiaria. Antes, el Decreto ya se aplicó a favor de Correa y de Glas. El expresidente, incluso, contó con seguridad del Estado ecuatoriano en Ginebra (Europa), hasta donde se desplazó con su familia en julio del 2017, tras entregar el mando a su sucesor, Lenín Moreno, el 24 de mayo de ese año.

Glas, en cambio, cesó en la Vicepresidencia el 3 de enero del 2018, por ausencia, al encontrarse detenido desde el 3 de octubre del 2017 por corrupción en el caso Odebrecht.

La seguridad estatal para Correa finalizó en mayo del 2018, al cumplirse un año desde su salida de Carondelet. La protección estatal para Glas continuó hasta julio del 2018: vehículos estatales pasaban aparcados en el exterior de la cárcel 4 de Quito, en El Condado, donde el exvicepresidente empezó a cumplir su condena por asociación ilícita.

María Alejandra Vicuña, aunque es investigada por la Fiscalía por presunta concusión, aún es protegida por el Servicio de Protección Presidencial (SPP) y mantendrá esta seguridad hasta el próximo 4 de junio del 2019, con base en el Decreto 1396. A finales del 2018, sus excolaboradores Ángel Sagbay y Karla Obando denunciaron a Vicuña por el supuesto cobro ilegal de dinero a cambio de mantenerlos en sus cargos.

Los plazos de protección a los expresidentes y exvicepresidentes “se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”, señala el Decreto.

María Alejandra Vicuña presentó su renuncia a la Vicepresidencia un día después de que Moreno la liberara de sus funciones en el Gobierno. El Primer Mandatario explicó, entonces, que tomó esta decisión para que Vicuña “pueda ejercer sin interferencia de ningún tipo su derecho a una legítima defensa”, frente a las acusaciones de cobros indebidos mientras se desempeñaba como asambleísta de Alianza País, el movimiento fundado por Correa.

Este 7 de enero, Vicuña asistió a la Fiscalía para dar su versión sobre este caso. Miembros del Servicio de Protección Presidencial escoltaron a la exvicepresidenta, quien reside en Guayaquil, al ingreso de la Fiscalía y a su salida de la diligencia.

Exvicepresidenta Alejandra Vicuña habló cinco horas en la Fiscalía

“Quiero confiar en que todo se resuelva en derecho y que el proceso de investigación sea imparcial, objetivo y absolutamente ajeno a las presiones mediáticas”. Esa fue la declaración que hizo la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña tras entregar su versión en la Fiscalía, este lunes 7 de enero del 2019.

La diligencia se inició a las 09:00 y finalizó pasadas las 14:00. En este tiempo, Vicuña aclaró sobre el supuesto cobro ilícito de dinero a los excolaboradores Ángel Sagbay y Karla Obando. Ella es investigada por una posible concusión.

Al salir rechazó que haya cometido actos ilegales cuando recibió los aportes económicos de sus excolaboradores. Dijo que los aportes iban para el grupo Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y que eran voluntarios.

“Cuándo existe una militancia comprometida que se financia con la aportación voluntaria de sus militantes, en una acción política que ha sido pública y transparente desde el 2015. Cuando se rige bajo los principios de solidaridad, transparencia y ética, ese es el mejor argumento para desbaratar cualquier pretensión de mancillar la honra no solo de una organización sino de alguien que siempre ha tenido la frente en alto”, dijo.

Sobre la licencia sin remuneración durante nueve años, que el Servicio de Rentas Internas (SRI) le concedió mientras se desempeñaba como Asambleísta, Ministra y Vicepresidenta, Vicuña dijo que las solicitudes de comisión de servicios y licencias sin sueldo fueron pedidos “al amparo de la ley”.

Andrés Páez, denunciante, estuvo presente en la declaración de la exvicepresidenta. Dijo que Vicuña hizo “varias revelaciones” y que habría suficientes evidencias del delito de concusión. Explicó que no puede revelar la información de la versión ya que el caso está todavía en indagación previa. (Diario El Comercio)

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