El primer golazo del gobierno

Apenas iniciado el 2019 y en medio de diversas críticas (muchas de ellas infundadas) por las recientes medidas económicas, el gobierno ha asestado un durísimo golpe político a diversos actores. Lo ha hecho de forma convincente y sin que quede espacio a la duda. Lo ha hecho, además, con una finura que no se le conocía y que, al menos de momento, deja sin capacidad de reacción a sus adversarios y a la propia opinión pública. Quien haya sido el cerebro gris en esta operación es digno de elogio pues constituye un movimiento magistral hecho en tiempo y forma perfectos. En términos futbolísticos, es un gol en el primer minuto de juego, cuando todavía los jugadores se están adaptando a las características de la cancha, el árbitro no se ha terminado de colocar el silbato y el público apenas se está ubicando en los graderíos.

Eso es, efectivamente, lo que ha provocado en el país la reciente exposición pública de los resultados de la auditoría internacional realizada a algunos de los proyectos icónicos del gobierno pasado. Esta decisión del gobierno, en primer lugar, deja sin sustento las críticas de que la cirugía mayor en contra de la corrupción es un mero enunciado. Al enviar el informe a la Contraloría y presentar la denuncia ante la Fiscalía, Carondelet ha emitido una señal certera de que ha cumplido en la parte que le corresponde. Además, lo ha hecho de forma inteligente. Se ha anticipado a cualquier duda sobre los resultados de la auditoría al colocar de por medio a la ONU. De hecho, el principal vocero en Ecuador del Programa para el Desarrollo de esa organización (PNUD) ha ofrecido una rueda de prensa junto al ministro Carlos Pérez para avalar los tristes y vergonzosos resultados del examen realizado. Todos ya sabíamos eso y hay denuncias previas al respecto, se podrá argumentar. Efectivamente es así. Sin embargo, es distinto que sea el propio Presidente quien impulse un proceso judicial al respecto. Golazo.

Como consecuencia de la citada acción gubernamental, ahora la responsabilidad por la persecución a los delitos y a los delincuentes de la década pasada ha quedado definitivamente anclada en la Fiscalía. Allí se deberán iniciar o retomar las investigaciones y allí estará también el centro de atención de lo que ocurra o deje de ocurrir en la lucha contra la corrupción. De esta forma, el gobierno se saca de encima un tema que le generaba ruido y puede dedicar sus esfuerzos a otros temas prioritarios de su agenda política y económica. Además, la decisión asumida desde Carondelet coloca al Consejo de Participación Transitorio en la durísima tarea de designar un Fiscal probo y con capacidades académicas para el cargo. El mensaje, en definitiva, es que el gobierno ha cumplido en la medida de sus atribuciones y que ahora la atención pública ahora deberá dirigirse hacia Julio César Trujillo y sus consejeros. Golazo, y de media cancha.

La magistral jugada de inicio de año también causa estragos en la Asamblea Nacional. La bancada oficialista fue públicamente exhortada a alinearse con la agenda legislativa del gobierno bajo el mensaje subliminal de que, si no lo hace, parte de la responsabilidad política en la lucha contra la corrupción recaerá sobre sus cabezas, literal. De la oposición ni qué hablar. Con la decisión del gobierno, los ahora cercanos han quedado sin un argumento clave para su próxima campaña electoral y los ex Alianza País seguramente se preocuparán más por evitar que sus nombres aparezcan en los procesos judiciales que en incentivar a los candidatos de la lista 5. Desde una perspectiva política más amplia, la denuncia presentada por el gobierno vuelve a colocar como su referente de oposición política al ex presidente Correa. Si tensionar con la década pasada y sus actores le había generado tantos réditos al gobierno actual, era incomprensible que se haya dejado de lado esa estrategia. Nuevamente, ¡que finura de gol!

Finalmente, la estratégica decisión del gobierno nacional también empuja a que el debate de los medios de comunicación y de la opinión pública en general, se reoriente. Ahora la veeduría y examen deben darse no sólo respecto al proceso de selección del nuevo fiscal sino también en relación a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Si el Poder Judicial no es saneado, cualquier intento por perseguir la corrupción de la década pasada será estéril. Ahora mismo la terna presentada por la Corte Nacional ha sido impugnada y es necesario que exista un gran acuerdo nacional para que los nombres propuestos sean cambiados. Como se ve, el golazo del gobierno nacional nos ha tomado desprevenidos a todos. (Santiago Basabe – 4 Pelagatos)  Caricatura: Asdrúbal de la Torre

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