Subsidios: el gobierno sale penosamente derrotado

¿Cómo recular sin que se note? El gobierno ensayó la estrategia de tira la piedra y esconde la mano y pretendió así hacer creer que no hubo repliegue sino malentendido. Que nunca quiso subir el precio del diésel y que lo que hubo fue una mala interpretación. Como prueba, Juan Sebastián Roldán aludió en Teleamazonas a que Richard Martínez dijo, el 18 de diciembre, que el precio del diésel no se incrementaría. Y claro que Martínez habló de mercancías y transporte público. Así en general. Pero hay algunos hechos que prueban que el gobierno tras haber tomado la decisión, dio vueltas y se enredó hasta que hoy tuvo que, forzado por puras presiones, dar marcha atrás.

El propio decreto 619, en su parte pertinente, es claro: dice que “el precio del diesel 2 y diesel premium para los vehículos de transporte de carga pesada con placa internacional, cuantías domésticas y vehículos particulares, será determinado mensualmente por la EP Petroecuador (con base en) el costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento y comercialización, un margen que podrá definir la empresa pública y los tributos que fueren aplicables (…)“.

Santiago Cuesta, siguiendo esa lógica, habló de que el diésel iría a un precio internacional, desde el 15 de enero, como se puede ver en el video anterior. No hubo, entonces, confusión con los sectores industriales, como evocó María Paula Romo, ministra de la política. Y quizá la demostración más sencilla y más elocuente de que el gobierno cazó el tigre y se asustó con la piel, la dieron los transportistas que dieron gran despliegue mediático a su oposición a la subida de diésel, a sus argumentos en los cuales tergiversaron hechos y hasta anunciaron una hiperinflación que, cual tsunami, arrasaría la economía ecuatoriana.

No solo exageraron y manipularon a la opinión sino que amenazaron, en forma desembozada, al gobierno con ir a medidas de hecho si el Presidente no retiraba el decreto. Anoche, 7 de enero, tras la reunión con el gobierno, los jefes de los poderosos grupos de transportistas dieron su parte de guerra. Se congratularon públicamente de haber ganado esta batalla y, detalle irónico, felicitaron al Presidente por su sensatez.

En los hechos, los transportistas impusieron su ley y doblegaron la mano al gobierno. No es poca cosa. En realidad, poderosos grupos que se benefician de los subsidios en sus negocios, lograron que el Ejecutivo modifique su decreto. Si se suma la plata prometida a los taxistas (que suma $126 millones) hay que concluir que en el tema de los subsidios, el gobierno hizo una jugada política costosa para él y para el país y sin mayores beneficios económicos.

Costosa por varias razones. La primera: sin duda queda de manifiesto su falta de capacidad política. Esta prueba pública de debilidad costará muelas al gobierno en los dos años y medio que le restan. No poder operar una decisión anunciada no solo merma profundamente su autoridad. Lo deja, para posteriores mano a mano, a la merced de otros grupos que, inspirándose en lo que pasó, no dudarán en recurrir a similares amenazas para tratar de someter al gobierno al statu quo.

El costo es personal para el Presidente, quien se presentó como un líder de un gobierno capaz de emprender lo que otros no han hecho. Pues bien, la certeza que deja este asunto es que el gobierno impone medidas a los ciudadanos, pero no a los grupos poderosos. El Presidente al desdecirse y modificar su decreto, sacraliza los subsidios como un tabú para ciertos grupos de poder (al igual que el gas para todos), y vuelve a comprometer más plata del Estado para grupos de presión como los taxistas. El balance no puede ser más desolador. De paso, hay gente del gobierno como Santiago Cuesta que salen seriamente escaldados: su palabra quedó gravemente comprometida porque, en su caso, dio por sentado el alza y anunció la fecha a partir de la cual se haría efectiva.

Ceder, mostrando su debilidad política, era el único error político que no podía cometer el morenismo, tras haber anunciado una decisión. Lo hizo dejando al Presidente totalmente al descubierto. Y sin posibilidades de usar el discurso de ruptura, de gobierno que hace lo que otros no se atrevieron, que Moreno y sus voceros venían conjugando. Richard Martínez, Ministro de Finanzas, sale damnificado: sin la plata anunciada (que era poca a la luz del hueco fiscal) y sin piso político para tomar nuevas medidas o para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario. Por donde se le quiera mirar, el gobierno sale derrotado política y económicamente de esta refriega social sobre los subsidios. (José Hernández – 4 Pelagatos)

Foto: Presidencia de la República.

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