Correísmo, corrupción y justicia

El correísmo es el régimen de mayor duración en toda la historia republicana de nuestro país. Es también el gobierno que más recursos económicos manejó, pues según cifras del Observatorio de la Política Fiscal, durante los nueve años de mandato, 2007 a 2015, el fisco ecuatoriano tuvo ingresos por $ 231.669 millones. Varios economistas señalan que también es el régimen que más dejó endeudado al Ecuador; a diciembre de 2009, la deuda externa estuvo en $ 7.392’530.000 –sin considerar la deuda interna–, luego llegó a $ 26.896’607.000 en mayo de 2017, multiplicándose por 3.63 en el mismo mandato, algo grave, pues coincide con años de bonanza petrolera en los que no hacía falta endeudarse.

Pero Correa también encabeza el gobierno más corrupto. La mayoría de los actos de corrupción tienen como sector principal lo relacionado con venta de petróleo, construcción de megaobras, hidroeléctricas, etc. Todo esto llevó a que se produjeran coimas, estafas que según denuncias de distintos sectores ascendieron a más de $ 60.000 millones. La Comisión Nacional Anticorrupción estima que en el régimen correísta se robaron $ 10 millones diarios, aseveración que toma fuerza con las últimas declaraciones del presidente Moreno, quien señaló que luego de la evaluación técnica del primer acuerdo con la ONU, se detectaron cinco proyectos petroleros del régimen anterior con sobreprecios. Los proyectos auditados suman $ 5.042 millones. Es menester señalar que la corrupción en algunos de esos proyectos fueron denunciados en su debido momento por diferentes actores políticos y organizaciones.

El combate a la corrupción debe expresarse con las debidas investigaciones, sanciones y, sobre todo, recuperando los activos ilegales exportados por corruptos a otros países. Para este propósito existen varios instrumentos internacionales que permitirían al Gobierno y organismos de justicia avanzar en este trabajo, por ejemplo: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoció a los países víctimas de la corrupción el derecho de recobrar los activos ilegales exportados a otros países, para repatriarlos por medio de la cooperación internacional; así también la Convención Interamericana Contra la Corrupción; la Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la Corrupción y la Decisión 2007/845/JAI del Consejo de la Unión Europea determinan normas para la cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los estados miembros en el ámbito de la localización e identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con actividades ilícitas.

Sin embargo, pese a tener estas estructuras internacionales que permiten recuperar el dinero robado, muy poco se ha hecho. Rescatar los recursos económicos es una necesidad imperiosa, es el mayor acto de justicia que demandamos los ecuatorianos. Solo en los sobreprecios de Odebrecht podrían recuperarse $ 800 millones, el doble de lo que se recuperaría con la elevación de la gasolina denominada extra. El “combate a la corrupción” no debe ser utilizado como instrumento político para recuperar puntos cuando la credibilidad del presidente baja. La población, las organizaciones sociales y políticas seguirán demandando que las autoridades continúen investigando y que el Gobierno recupere lo robado, exigencia que no debe molestar porque además es obligación del régimen cumplirlo por el mandato de la consulta popular de febrero del 2018. (Andres Quishpe – Diario El Universo)

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