Veto a la LOC no contempla la renovación automática de frecuencias

El veto a las reformas a la Ley de Comunicación llegó a la Asamblea hoy, viernes 18 de enero del 2019. El Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto enviado por la Asamblea y, además, anunció que envió paralelamente un nuevo proyecto de reformatoria a la Ley.

El veto presidencial tiene 26 reformas al proyecto enviado por la Asamblea. Entre ellos el tema de la sustitución de la responsabilidad ulterior por una responsabilidad civil, o el mantenimiento de los concursos para acceder a las frecuencias, y el derogación del artículo 98, que prohibía pautar productos comunicacionales extranjeros.

El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, hoy al mediodía en una rueda de prensa en Machala, antes de un Gabinete Ministerial en esa ciudad, confirmó el veto a la transitoria 8 sobre renovación de frecuencias. La propuesta del Ejecutivo es que Arcotel realice nuevo proceso de licitación y posterior adjudicación, para lo cual tendrá 90 días.

“La Asamblea envió la transitoria 8 la cual se establecía una adjudicación directa, eso violenta los procesos constitucionales interno y viola los tratados internacionales. La Constitución nos dice que deben ser procesos abiertos, concursos competitivos y públicos para la adjudicación de servicios”, dijo.

Agregó que en ese sentido se vetó la propuesta de que la renovación sea automática. Por ello, explicó que hay 30 días de plazo para que se hagan las bases de un nuevo proceso de entrega de frecuencias, otros 30 días para convocar al concurso de licitación y finalmente 30 días para que se adjudiquen las frecuencias.

Michelena aclaró que en este tema, el 34% de espacio que ha sido asignado a las radios comunitarias “queda intacto”. El 66% restante es para los sectores públicos y privados dejando exclusivamente hasta el 10% la capacidad del espectro para medios públicos.

“Anteriormente se había asignado a los medios públicos el 33%, ahora se asigna hasta el 10% en el espacio radioeléctrico para los sectores públicos”, detalló.

El secretario aclaró, además, que al inicio se contempló a la comunicación como un derecho y no como un servicio. “Ha habido una omisión en el envío por parte de la Asamblea del proyecto inicial enviado por el presidente. Bajo ese objetivo se ha decidido enviar el día de hoy un proyecto reformatorio exclusivo para el artículo 5, en el marco de que la comunicación es un derecho”.

Sin embargo, este proyecto de Ley deberá ser debatido nuevamente en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea y luego en el Pleno, para luego pasar al veto presidencial, un trámite que mínimo podría tomar unos tres meses.

El tema de la Ley de Comunicación como servicio público fue advertido esta semana al interior de la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por Jorge Corozo (AP), quien aseguró que “al dejar sin efecto la Corte Constitucional esas enmiendas se constituye en un derecho la comunicación para todos los ecuatorianos”.

Michelena comentó que también se ha dado paso a la eliminación de la Supercom, la eliminación de todas las instancias e instrumentos que coartaban la libertad de expresión a la LOC.

Además, dijo, que se ha incorporado una transitoria que va a permitir trabajar en las reformas necesarias en temas culturales, de publicidad y de producción y fomento cultural. Es decir, se iniciará un proceso de inicialización de lo que se denominaría economía naranja para innovación y emprendimiento.

En otra transitoria “quedó claro” la incorporación y desarrollo de lo que debería ser la Ley de Medios Públicos. “Tienen que estar financiados independientemente y deben tener un manejo editorial independiente. En ese sentido se ha dado un plazo de no más de 120 días para que se envíe un proyecto a la Ley de Medios Públicos”.

Sobre la conformación del Cordicom queda con un delegado permanente de la función Ejecutiva, del Consejo Nacional de Igualdades, del Consejo de Participación Ciudadana, de los Gobiernos Autónomos. “Hemos incluido también un delegado del Consejo de Educación Superior y hemos eliminado el delegado de la Defensoría del Pueblo”.

La Defensoría del Pueblo, dijo, no cumple las funciones que tenía la Supercom que también tiene un plazo de 120 días para su disolución. Sus partidas serán entregadas al Cordicom que en 30 días deberá definir qué partidas se mantiene y cuáles se eliminan.

“Adicionalmente, respecto a las multas que fueron anunciadas por la Supercom, se ha incorporado una transitoria para que toda multa que no ha sido pagada y ha sido violentado el derecho de los medios de comunicación no sean ejecutadas. Y las que se han violado los derechos, sean devueltos”. (Diario El Comercio)

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