Adolescente de 17 años víctima de violación grupal en Ibarra; hay siete investigados

Imagen de internet

La ropa destrozada y los cuadernos tirados en el piso. Así quedaron las pertenencias de una adolescente agredida sexualmente en una zona rural de Ibarra. El ataque se perpetró en octubre de 2018 y la Fiscalía procesó a siete personas. Hasta el pasado miércoles 6 de febrero de 2019, la Policía buscaba a cinco prófugos, pues solamente dos están apresados.

Este caso se conoció luego de los escándalos de femicidios y violaciones que se ha reportado a escala nacional.

Este Diario llegó a la zona rural de Ibarra, en donde ocurrió la violación. Los vecinos aún están consternados por lo sucedido y cuentan cada detalle de lo que ese sábado sufrió la adolescente que apenas tiene 17 años.

Dicen que todo sucedió a las 19:00, cuando ella llegaba a casa después de asistir a un colegio a distancia. Mientras subía por una calle empedrada se encontró con un grupo que bebía en las afueras de una tienda.

Los pobladores saben que uno de los libadores era amigo de la chica y que por eso se quedó “unos minutos” con ellos. Las investigaciones determinaron que en el momento en que ella quiso retirarse, uno de los hombres le quitó la mochila, mientras que otro la llevó a la fuerza al terreno que se encuentra en la parte trasera de la pequeña tienda.

Ella relató a los agentes que le arrancaron la ropa, que la tiraron al piso y que la violaron uno tras otro. Contó que gritaba y forcejeaba con ellos.

Luego -dijo- dos de los agresores volvieron a la tienda en busca de más licor. Los otros se descuidaron y pudo escapar. Corrió semidesnuda y pidió ayuda en una casa.

Un vecino la auxilió. Le dio una manta para que se cubriera y la acompañó a su vivienda.

Para entonces, los agresores ya habían huido. Pero el padre de la muchacha denunció a siete personas y el caso ingresó a la Fiscalía de Imbabura.

Un examen médico confirmó la agresión sexual. Los agentes indicaron que desde el año anterior, en esa zona han investigado por lo menos tres agresiones sexuales. Pero dijeron que esta es la primera violación masiva que conocen.

En el 2018, en la Fiscalía de Imbabura se presentaron 228 denuncias de violación sexual, 237 de abuso y 59 de acoso.

Hermanos, padrastros y padres son investigados

A escala nacional, las oficinas judiciales recibieron el año pasado 18 136 casos relacionados con 13 tipos de delitos sexuales. Es decir, mensualmente ingresaron 1 511 quejas.

En Quito, Guayaquil y Cuenca se reportan más demandas.

Por la Fiscalía de Pichincha pasó, por ejemplo, el caso de una joven que fue atacada por su padre. Con él procreó tres hijos y tras una denuncia, los jueces lo condenaron a 25 años de reclusión mayor especial.

Los agentes también indagaron el caso una mujer que ahora tiene 26 años. En el proceso, ella contó haber sido violada desde los 11 años y que por esa agresión tiene dos hijos de su hermano. También aparece el expediente de una niña de 9 años, quien desde los 6 años fue violentada por su padrastro. La madre presentó una denuncia y fue apresado.

Hace cuatro días, en cambio, se conoció de la captura de dos de personas condenadas a cuatro años de internamiento por atacar sexualmente a una niña.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre del 2017 en Quito, luego de que la menor, de 14 años, se fuera de su casa y se quedara con su amiga. Allí fue atacada violentamente.

Este caso llegó a la Corte de Justicia de Pichincha el 31 de octubre del 2018 y a la Corte Nacional, el 18 de diciembre.

En ambas audiencias, el fallo condenatorio fue ratificado por los Tribunales Penales.

Las denuncias presentadas en Azuay ​

En esta provincia aumentó el número de denuncias sobre femicidios, abusos y violencia sexual física y psicológica contra mujeres. En el 2017 ingresaron 2 750 quejas y el año anterior fueron 3 698. De esta última cifra, 2 299 casos fueron resueltos con fallos condenatorios o absolutorios y el resto está en trámites.

En los procesos judiciales que están pendientes aún se recogen testimonios, pruebas, pericias, exámenes e informes.

Pero los jueces también consideran que las demoras se producen porque no hay colaboración de la víctima, pues “en cierto momento el agresor la busca para convencerla que no continúe con el proceso”.

Valverde calcula que esto sucede en al menos 30% de las causas que no avanzan.

La razón real de por qué estos expedientes se detienen y no llegan a su conclusión se conocerá a finales de este, luego de un estudio que realiza la U. del Azuay con apoyo de investigadores de Inglaterra.

Desde septiembre pasado, la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de Azuay cuenta con siete jueces con sus respectivos auxiliares y tres equipos técnicos compuestos por trabajadores sociales, psicólogos y médicos.

Antes eran cuatro jueces y un equipo técnico.

El incremento de operadores de justicia permitió el despacho más ágil de las causas, porque se distribuyó mejor el trabajo, dice Valverde.

Él considera que el mayor número de causas se debe a que la violencia sigue en aumento y que la mujer ahora sí denuncia los abusos. (Diario El Comercio)

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