El país fabricará una bomba el 24 de marzo

El 24 de marzo el país consagrará, en las urnas, uno de los mayores errores cometidos por Lenín Moreno en esta etapa postcorreísta: mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inventado por el correísmo. Ese es el peor bodrio que produjo la Constituyente en 2008, al institucionalizar en manos de un partido la participación ciudadana y otorgar, a ese ente y de esa manera, la potestad de designar a todas las autoridades de control. En esa figura se condensó la posibilidad de que el correísmo fuera corrupto, autoritario, inmune e impune.

El presidente Moreno pensó diluir el problema haciendo que los ciudadanos votaran por los miembros de ese Consejo. Como si el problema fuera de personas y no de arquitectura institucional. Esa salida, llevada a las urnas, fue peor que la enfermedad porque puso a depender del azar el control de todos los poderes del Estado. De lo que salga de las urnas, en un campaña en la cual es imposible verificar, de manera concluyente, si los candidatos son o no submarinos de fuerzas oscuras.

Los correístas han entendido a la perfección lo que se juega en las urnas el 24 de marzo: hay que ver los esfuerzos que hacen para posicionar a sus candidatos. Hay que ver con qué ímpetu sus candidatos confiesan que, si son elegidos, lo primero que harán es revisar las decisiones que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio presidido por Julio César Trujillo. Y por supuesto que ese escenario les hace imaginar que si recuperan el control de ese poder no solo intentarán revisar las decisiones de Trujillo y los otros seis consejeros: eliminarán de sus cargos a los funcionarios designados, bloquearán juicios e investigaciones sobre el pasado y minarán el camino andado. Esta tentación contaminará a muchos otros grupos o poderes -oscuros o teñidos del color que se antoje- que querrán favorecer sus intereses. Para eso puede haber promesas de dinero, ventajas políticas o simples amenazas.

Por supuesto no todo lo que ha hecho el Consejo transitorio ha sido exitoso. Pero sin ese proceso, que Lenín Moreno inventó para salir del bloqueo institucional en que dejó el correísmo al país, no habría la Corte Constitucional de lujo que se posesionó este martes. Tampoco habría gente decente en ciertas superintendencias ni se tendría expectativas halagüeñas sobre un cambio en la Fiscalía (que pueden resultar decepcionantes como ocurrió con el Consejo de la Judicatura).

Por todo esto, la elección de los miembros del Consejo de Participación se vuelve el punto institucional medular del 24 de marzo. Porque el país, que no podía dejar el control de los poderes del Estado en manos de un partido, ahora lo dejará al azar electoral. En vez de proponer la desaparición del quinto poder, el Presidente hizo algo peor: darle legitimidad popular. Alianza País no pudo lograrlo porque el país sabía que los miembros del Consejo habían salido de la nómina del correísmo. Ahora, los electores ni siquiera tendrán tiempo de saber quiénes son esos candidatos ni cuál es su compromiso real con el interés público: simplemente serán incontrolables porque su ente nominador será el pueblo.

Desaparecer ese Consejo no solo tenía que ver con cerrar el ciclo Correa. Implicaba prescindir del modelo concentrador de poder. Con la posibilidad de que un gobierno pueda, mediante este instrumento, designar todas las autoridades de control. Por supuesto que a Correa le interesa recuperar ese Consejo. Es quizá su última carta para pretender seguir con su experimento. Lo intentó con Moreno y le falló. Quiso seguir candidatizándose y se vio inhabilitado. Habló de generar caos y sublevación popular y le tocó, al igual que a Ricardo Patiño, archivar sus deseos. Ahora promociona a sus candidatos al Consejo de Participación y sueña con poner allí a sus candidatos.

Correa no es el único peligro, en este plano, para la democracia. Dominar el Consejo de Participación es una tentación para cualquier político porque, de un golpe, podría disponer de los poderes de control. Dejar que los ciudadanos elijan a sus miembros en las urnas no cambia la naturaleza de ese organismo. La democracia siempre será mejor si se multiplican, y no se reducen, los contrapesos al poder. Por eso tampoco se resuelve el problema diciendo que basta con devolver la facultad de designación de autoridades a la Asamblea Nacional.

La experiencia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio deja mal parada a la clase política tradicional. Ninguna autoridad designada del proceso animado por Trujillo y los suyos salió de las ternas enviadas por la Asamblea Nacional. Y en el caso, excepcional, de la Corte Constitucional hay que anotar que 7 de los 9 nombres que hacen parte de esa institución, salieron de la lista que el Consejo de Participación Ciudadana propuso. Los dos restantes vinieron de la lista del Ejecutivo. Eso significa que la clase política no planteó buenos nombres: personas con formación académica, experiencia y sobre todo un perfil ético a prueba de cualquier examen público severo y sensato. Si hay serios reparos sobre el nombre de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, es porque su nombre llegó en la terna de la Corte Nacional cuyos miembros están seriamente cuestionados. No se puede, entonces, devolver la designación de las autoridades de control a la sociedad política sin beneficio de inventario. Lo que luce aconsejable es replicar el ejemplo del procedimiento seguido para escoger la Corte Constitucional en la que hubo una comisión calificadora de calidad, al igual que participación ciudadana.

El 24 de marzo el país fabricará, conscientemente, una bomba de tiempo porque el Consejo Ciudadano que salga de las urnas tendrá la tentación de creerse todopoderoso y se convertirá en el punto neurálgico de la política en el país. Ese problema, que nacerá, paradójicamente, en las urnas, tendrá que ser luego zanjado en las urnas. En una consulta popular para desaparecer el peor bodrio parido en Montecristi. (José Hernández – 4 Pelagatos)

Ilustración 4P.

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