¡Afuera el tirano!

Hay varios antecedentes determinantes de la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro:

– Cuando se vaticinó que la oposición ganaría las parlamentarias en diciembre del 2015,  Maduro anticipó que no aceptaría esa derrota; es más, antes de la posesión de la nueva Asamblea buscó bloquear su gestión con ayuda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por su lado, Diosdado Cabello, entonces presidente del Parlamento saliente, advirtió que nombraría nuevos magistrados del TSJ. Lo dicho se cumplió. 

Con la elección de magistrados chavistas el régimen se blindó para enfrentar a la nueva mayoría opositora en el Parlamento, desde enero de 2016. La Sala Constitucional estaría controlada por Maduro y este podría objetar a placer las nuevas leyes y resoluciones del Parlamento opositor, acusándolas de inconstitucionales.

En la designación de magistrados no hubo etapa impugnatoria. Todo se consumó entre el 22 y 23 de diciembre de 2015, en sesiones extraordinarias y durante la vacancia legislativa. Entre los designados se escogió a militantes y exdiputados oficialistas. Incluso uno de ellos –el magistrado Christian Zerpa– había participado y perdido en las recientes elecciones.

– Se nombró defensora pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a más de trece años de cárcel al opositor Leopoldo López.

– Dos semanas después del triunfo opositor, Maduro creó un “Parlamento Comunal” dizque para “fortalecer el poder del pueblo”, instalando así una Asamblea Nacional paralela, para aprobar reformas legales antes del inicio de labores legislativas el 5 de enero de 2016.

– Al mismo tiempo el tirano promovió en la Fiscalía investigaciones por supuestas compras de votos durante los comicios, para impugnar a 22 asambleístas opositores elegidos.

– En enero del 2016, el TSJ empezó a anular las legítimas actuaciones del nuevo Parlamento. En una sentencia declaró la nulidad absoluta e irrevocable del proceso de revisión de los magistrados nombrados por el oficialismo en forma apresurada. En otra, declaró a la Asamblea Nacional “en desacato”.

– En otras sentencias, el TSJ se atribuyó todas las funciones de la Asamblea Nacional y anuló la inmunidad parlamentaria de los asambleístas opositores. Aunque después fueron rectificadas parcialmente. Tales sentencias del TSJ evidenciaban que Maduro había instaurado una dictadura y había pulverizado el principio democrático de separación de poderes.

– En la secuencia, se instaló una espuria Asamblea Constituyente, la que a su vez convocó el 2018 a elecciones anticipadas para presidente de la República. Estas se realizaron el 20 de mayo de ese año y el déspota fue “reelegido”. Tal reelección fue cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, por ser producto de un proceso antidemocrático, injusto y amañado; además, con mayoritaria abstención de electores. 

– Entre el 5 y 7 de enero de este año 2019, Diosdado Cabello anticipó que Maduro se juramentaría ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional, por encontrarse dicho organismo en desacato declarado.

– El 8 de enero, la Sala Constitucional interpretó que Maduro debía juramentarse ante el TSJ, pues la Asamblea Nacional se encontraba en flagrante desacato. Para tal despropósito el TSJ invocó una inexistente “duda razonable”.

¡Sobraban fundamentos para que Juan Guaidó asumiera como presidente encargado de la sufrida Venezuela! (Jorge Alvear – Diario El Universo) Caricatura: Bonil El Universo

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