Grabar delitos: difunde la violencia sin sanción

Amelia de Jesús Laje se desangraba en media calle, el pasado viernes, luego de supuestamente recibir 13 puñaladas de parte de su pareja Miguel Aguirre. Todo quedó grabado en vídeo: desde la muerte lenta de la mujer, ocurrida en Pisulí, al norte de Quito, hasta los cortes que se autoasestó el supuesto agresor.

El celular de un curioso registró la escena, sin perderse detalles, al igual que el secuestro y asesinato de Diana Carolina Ramírez Reyes fue captado en todos los ángulos, como una película de terror grabada en Ibarra. En segundos, su rostro aterrorizado se reprodujo miles de veces en WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram

El cuchillo de su supuesto asesino, Yordy Losada, ingresaba en su cuerpo mientras decenas de celulares grababan, el pasado 19 de enero, cómo la vida de la mujer se apagaba.

El inmortalizar a través de un teléfono móvil este tipo de delitos es una tendencia que parece ir en aumento. Aunque para el abogado Lenin Hurtado, profesor de Derecho Informático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, esto “es reprochable desde el punto de vista ético, legalmente (el que graba) no caería en ningún delito”.

En el país, cada vez es más frecuente que asesinatos o violaciones, como el caso de Martha -que fue ultrajada en un bar de Quito el pasado 16 de febrero- queden registrados en vídeo.

“Cada vez más, el prurito de lograr un vídeo que se viralice en redes sociales es lo que hace que las personas tengan los teléfonos rastrillados para captar un momento que les permita hacerse famosas, tener más ‘likes’”, analiza Hurtado.

Sin embargo, existen sanciones legales en el caso de que quien ejecute la acción tiene la obligación jurídica de impedirlo, en el caso de policías, precisa el jurisconsulto. Esto está estipulado en el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Captar una agresión también puede ser agravante del delito mayor, como en el caso de Martha, que sus presuntos violadores habrían grabado el hecho en sus celulares.

“A ellos no los procesan por la grabación, sino por la violación. Pero a la larga, en el proceso, pueden tomarse como agravantes”, detalló Luis Hernández, abogado especializado en Criminología y en Ciencias Penales.

Explicó que, en este caso, el acto quedó registrado sin el consentimiento de la joven, por lo tanto estarían violando su intimidad, delito tipificado en el artículo 178 del COIP, que por sí solo tiene una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Pero para una persona ‘común’, el “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”, les está garantizado en el artículo 18 de la Constitución.

Pero a criterio de Christian Espinosa, capacitador en Contenidos, Reputación On Line y Móviles y quien lleva adelante la campaña de Manejo Responsable de Redes Sociales #PiensaAntesDePublicar, es necesario regular este tipo de contenidos porque con esto se está “normalizando la violencia”.

Cree que cuando alguien toma su celular para registrar estos delitos está cayendo en una falta de empatía frente a la víctima. “En las redes no hay restricciones, pero es necesario acudir a un tema de ética, de valores desde que las personas son estudiantes que graban peleas entre sus compañeros en vez de ayudar”, aconsejó.

Recordó un caso ocurrido en Estados Unidos, en el cual una joven, de 19 años, transmitió en vivo, a través de la red social Periscope, la violación de su amiga para conseguir más ‘likes’. Ella fue condenada a 9 meses de prisión en Ohio, informó ABC.es.

Para el psicólogo clínico Jorge Luis Escobar, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, el ‘protagonismo’ y la ‘fama’ son dos factores que también intervienen en el hecho de que una persona grabe y difunda estos delitos, porque apelan al morbo y generan audiencia. “Antes lo hacían solo los paparazzi”, indicó.

No cree que este comportamiento haya aumentado, sino que la tecnología lo ha hecho más visible ahora. “El morbo realmente es un síntoma social”, detalla.

Escobar analiza otro aspecto: aunque no parezca, hay quienes lo hacen, en el fondo, por una seudosolidaridad. “Porque (piensan que) necesitamos evidenciarlo para que no vuelva a ocurrir. Necesitamos que los demás conozcan y sepan lo que está pasando”, añadió.

Comentó que esta es una consecuencia en la que intervienen muchos factores, entre ellos la ‘protección’ por parte de leyes de los antisociales, cuyos nombres y rostros se cubren en ciertos medios de comunicación. “Como el infractor ya no puede salir en las cámaras convencionales, eso hace que la gente quiera que les vean el rostro”, precisó.

No obstante, de acuerdo a la socióloga Magda Rojas, docente de la escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, este tipo e incidentes puede provocar que se produzcan nuevos delitos o comportamientos violentos diferentes a los que han sido captados.

Puso de ejemplo el caso de Diana Carolina, quien movilizó a decenas de personas en Ibarra y que cayeron en actos xenófobos cuando se enteraron, a través de redes sociales, que el agresor era venezolano.

También trajo a colación el linchamiento de tres personas en Posorja, luego de viralizarse el rumor de que eran supuestos secuestradores de niños en octubre pasado.

“Nos estamos volviendo una sociedad cada vez más violenta. Tenemos que analizar para qué vamos a grabar, si es para ayudar o simple morbo”, sugirió. (Diario Expreso)

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