No aupar el peor invento de Correa

El problema es de personas, no de instituciones: ese mensaje ha oído el país en forma reiterada en los últimos doce años. Rafael Correa y Ricardo Patiño decían, ante las críticas de concentración de poder y muestras de autoritarismo, que el país podía y debía confiar en ellos porque eran personas de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas. Era una fortuna estar en tan buenas manos. Ellos no solo eran decentes, estaban rodeados de académicos con títulos rimbombantes.

El presidente Moreno, desde antes de instalarse en el poder, recalcaba, ante el pedido de que desapareciera la Supercom, que quizá esa institución no era perversa: el problema, según él, radicaba en las personas que el correísmo había puesto allí. Moreno adjudicaba bondades a la Ley de Comunicación y no le preocupaban las prerrogativas del organismo ideado para perseguir medios de comunicación y periodistas. Para él, el problema era alguien con nombre y apellido: Carlos Ochoa.

La misma lógica -las instituciones y su diseño tienen poca incidencia y lo importante son las personas- vuelve ahora que se discute lo que los electores deberán hacer el 24 de marzo frente a la papeleta para escoger a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que debe reemplazar al Consejo Transitorio conformado por Julio César Trujillo y otros seis consejeros. Atrapadas ante la obligación de tener que votar, organizaciones sociales y políticas repiten, en los hechos, lo que decían Rafael Correa o Lenín Moreno en los casos referidos: que las instituciones pueden estar mal pensadas. Incluso que se puede prescindir de los hechos siniestros que han ocasionado y que prueban que fueron fraguadas para ello. Y que basta con cambiar de personas para que ese proyecto aborte y produzca otros resultados. En este caso, bastaría con escoger “buenos” candidatos en la lista de inscritos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tachar a los correístas, para lograr tan mentada mutación.

Ese razonamiento cojea. Como renqueaban los de Rafael Correa y Lenín Moreno. Un sistema político no depende del estado de ánimo o de la buena voluntad de sus funcionarios: produce los efectos pensados y consignados en su diseño. Por supuesto que en países de baja cultura institucional, un funcionario puede agravar o menguar las consecuencias esperadas de su función. Pero lo propio de las instituciones es producir certezas. No incluir el azar como un factor determinante en su tarea.

Pretender que un organismo creado para producir concentración de poder y control de los poderes de fiscalización del Estado por parte del Ejecutivo, pueda dinamizar la democracia patoja del Ecuador, es una mera ilusión. Pretender que si se escogen no-correístas para llenar los siete puestos, pone al país al abrigo de los males que ya padeció durante una década, es creer que la política puede ser reemplazada por la sicología. O que los intereses reales que mueven a los seres humanos pueden ser administrados mediante afectos o declaraciones de buena fe. Esas utopías siempre engendran monstruos.

El Cpccs fue creado para legitimar el sistema autoritario. Por eso debe desaparecer de las instituciones si el país quiere seriamente bregar por recomponer y dar sentido a la democracia. En vez de oxigenar el peor invento de Rafael Correa, la única salida el 24 de marzo es anular esa papeleta, deslegitimar ese poder y plantearse otro diseño legal para designar las autoridades de control. Una democracia no funciona solo con supuestas “buenas personas”. (José Hernández – Diario Expreso)

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