¿Otro anuncio anticorrupción sin pies ni cabeza?

Luego de algo más de 20 meses en el poder, el gobierno de Lenín Moreno aún no sabe qué hacer con el ya cacareado tema de la instalación de organismo para la lucha contra la corrupción. Si durante la campaña electoral se habló de pedir a la ONU una asistencia técnica para establecer un sistema para combatir la corrupción y la impunidad, durante el ejercicio del gobierno han sido al menos dos los anuncios de iniciativas que han terminado en fracaso o, en el mejor de los casos, en el más humillante de los olvidos.

El anuncio más reciente es el que Moreno hizo hace una semana, cuando aseguró que pediría a la comunidad internacional ayuda para montar un sistema de lucha contra la corrupción. Ese anuncio fue ampliado, pero en lo absoluto precisado, ayer martes 19 de febrero en una reunión en Cancillería entre el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, el secretario anti corrupción, Iván Granda, y los representantes de las misiones diplomáticas acreditas en el Ecuador así como de los organismos multilaterales.

La reunión fue una suerte de taller donde estaba previsto que los dos funcionarios del gobierno ecuatoriano dialoguen con los invitados y les comuniquen qué se podría hacer para montar en el país un aparato u organismo para ayudar a las instituciones ecuatorianas existentes como Fiscalía, Contraloría y la administración de justicia a combatir la corrupción. Según se dijo en la reunión la idea era que los representantes de la comunidad internacional formulen ofrecimientos de acuerdo a los intereses del gobierno ecuatoriano. La cita dejó al desnudo que el gobierno de Moreno, a pesar de toda la perorata, no tiene un modelo de organismo en mente, ni siquiera alguno de los que ya han funcionado (con problemas) en otros países como el de la ONU en Guatemala, o el de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Honduras. En otras palabras, lo que ha anunciado el gobierno es algo así como un iniciativa en construcción, lo que cual en buen romance significa que no hay absolutamente nada en firme.

En la reunión hubo invitados de organismos de lo más diverso, por ejemplo de la ONU o del Banco Interamericano de Desarrollo. En general de instituciones que no tienen en común una experiencia en el tema y cuyos representantes en la cita no tenían mayor idea sobre para qué habían sido invitados. Es evidente que la iniciativa del gobierno de Moreno, era una suerte de ensayo para ver qué se cosecha del intercambio de ideas o iniciativas en lugar de proponer experiencias que ya han funcionado en otros países. Algo así como reunirse para tratar de inventarse el agua tibia.

Lo poco que se pudo precisar sobre lo que el gobierno ecuatoriano tiene en mente es lo que dijo Iván Granda: que se busca un “proceso colaborativo para prevención de la corrupción; de la investigación, combate y sanción; y de la reparación y recuperación de lavado de activos”. De acuerdo al mismo Granda, la idea es que la comunidad internacional colabore con cinco expertos de alto nivel en el tema para que se pongan a trabajar en coordinación con la institucionalidad existente en el país. Eso sí, sostuvo, deberán hacerlo con independencia del gobierno y los otros poderes. El canciller hizo mucho hincapié en la necesidad de que los organismos nacionales no pierdan soberanía.

Granda no dio siquiera detalles del presupuesto que destinará el Estado para este propósito, pero señaló que los temas investigados se centrarán en casos emblemáticos de corrupción, “que hayan conmocionado a la sociedad, hayan generado grandes perjuicios”.  Luego del anuncio hubo una pequeña ronda de preguntas de los medios y más tarde Valencia y Granda se reunieron con los invitados para ver qué se puede hacer.

Lo ocurrido en Cancillería no podía ser un evidencia más descarnada de que hasta ahora el gobierno no ha podido hilvanar una sola propuesta coherente y concreta para establecer la asesoría internacional de la que se ha hablado desde tiempos de campaña. Una fuente de esa institución dijo incluso a 4P que la iniciativa del presidente Moreno fue una sorpresa y que en Cancillería más bien se estaba trabajando para hacer una propuesta de trabajo con un organismo de la ONU.

El tema de los anuncios de Moreno se remontan a los últimos días de su campaña electoral cuando dijo que pediría ayuda a la ONU para que ese organismo envíe una asesoría. La idea nunca llegó a concretarse. Moreno luego conformó una comisión anti corrupción bajo el nombre de Frente Anticorrupción que fue un inmenso y sonoro fracaso, puesto que la integró con personas que habían sido altos funcionarios durante el gobierno de Rafael Correa al que, se suponía, tenían que investigar. Ahí estaba Rossana Alvarado, María Fernanda Espinosa y Francisco Borja e incluso simpatizantes incondicionales de ese gobierno como Xavier Zavala Egas. Fue tal el fracaso de esa iniciativa que algunos de los miembros anunciados no aceptaron ser parte del mismo puesto que no habían sido siquiera consultados.

Miembros de ese Frente Anticorrupción viajaron hasta Nueva York para solicitar al secretario general de la ONU, António Guterrez, que organice un mecanismo para el Ecuador. Guterrez dijo que la ONU estaba dispuesta a ayudar al Ecuador.

Hace pocas semanas había trascendido que el gobierno estudiaba proponer en una consulta popular, que nunca se dio, que se instale en el país una misión internacional como la que funciona en Honduras bajo dirección de la OEA. De lo que se supo, la idea era que esa misión sea, si bien similar a la de la OEA pero administrada por la ONU. La Misión contra la Impunidad de Honduras, Maccih, es un organismo en el cual hay un jefe de misión que dirige a un equipo administrativo y otro de jueces y fiscales que trabajan con el sistema de justicia del país. Además, provee expertos forenses para ciertos trabajos especializados. Fuentes de la Cancillería dijeron a 4P desconocer si es éste en el modelo que se busca articular con la comunidad internacional.

El tema de la corrupción ha sido un auténtico dolor de cabeza para el gobierno de Moreno. Con tres fiscales en apenas dos años y una Fiscalía en la que nadie confía, las encuestas muestran que uno de los asuntos que más desacreditan al gobierno es, precisamente, su falta de capacidad de luchar contra la corrupción. A pesar de aquello, hasta ahora no se ha podido concretar la propuesta de un organismo internacional que logre fiscalizar los actos de corrupción de los últimos años. Peor aún que investigue las acciones y gestión de esta administración. Este anuncio bien podría ser otro tiro al aire. (Martín Pallares – 4 Pelagatos)

Foto diario El Telégrafo

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