Es urgente otra consulta popular

Más vale tarde que nunca. En materia económica se ha cumplido con una exigencia de la quiebra económica. La exprimida caja fiscal por la década del despilfarro y de la corrupción, el descomunal nivel de deuda y el elevado déficit fiscal, hizo imperativo recurrir al FMI en busca de un aval para crear confianza en los agentes económicos. Es evidente, sin embargo, que si el gobierno no tiene la decisión política de ejecutar los cambios y las reformas que se requieren para deshacer el estatismo y crear condiciones para que la economía sea competitiva, será un fallido intento.

Al presidente Moreno le ha llevado dos años entender que, en economía, hay que sepultar al nefasto socialismo del siglo XXI. El primer paso, es solo el primer paso. Desmontar el estatismo, populista y proteccionista, requiere más que solo tener un acuerdo con el FMI.

Igual retraso lleva en la reforma política. El mafioso correísmo armó una estructura legal que sostuvo el autoritarismo y la corrupción. En torno de esas reformas poco se debate y menos aún se tiene una propuesta y peor acuerdos políticos que los impulsen y luego los sostengan. La inmediatez y miopía de cambiar personas y no, también, estructuras, lleva a una suerte de conformismo con la gestión del Consejo Transitorio que ha debido realizar los nombramientos en la mismas formas creadas en la época mafiosa.

Se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana: parece que no hay discusión sobre lo pernicioso de este instrumento del correísmo que sirvió para consolidar el ignorante y aberrado concepto difundido por Correa en sentido que el Jefe de Estado es jefe de todos. Parece que no hay discusión sobre que fue un error garrafal el que se deba integrar por elección en las urnas. Lo que justifica la convocatoria a votar nulo; es decir, anular la elección, pues no se trata de encontrar siete “buenos” nombres de una lista de desconocidos sino de lograr el objetivo político de deslegitimar la existencia misma de ese Consejo. Pero, el efecto político del voto nulo desaparece si no se produce una reforma constitucional que instituya otra forma de designación de miembros y directivos de los organismos del Estado que no dependen de las funciones del Estado. Esa reforma debe hacerse por una consulta popular que se debe convocar urgentemente, tan pronto se cumplan con los procedimientos de calificación. No se entiende cómo ese proceso no se ha iniciado no solo para corregir la aberración creada en la Constitución correísta, sino para impedir que, si se integre ese Consejo, no surja el riesgo de una manipulación mafiosa en sus decisiones.

Se debe cambiar el sistema electoral: tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia se creó un sistema de partidos y elecciones orientado a promover la dispersión política en beneficio de la hegemonía de un movimiento. Así funcionó durante el correísmo y le permitió controlar la Asamblea. Desparecida la hegemonía de Alianza País, el efecto se refleja en la descomunal cantidad de candidatos y el inmenso número de grupúsculos que participan en elecciones, y peor aún, financiados con recursos del presupuesto fiscal. La participación electoral debe sujetarse a reglas de mínima representación y la adjudicación debe tener relación con  el cúmulo de apoyos electorales. El sistema actual promueve el movimientismo, el caudillismo local y la dispersión que, o atenta a la representación de las minorías o promueve minorías mínimas.

Se deben reformar leyes que fomentaron la corrupción: la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública introdujo formas para permitir la discrecionalidad. La capacidad de declaratoria de emergencia, la contratación directa, la eliminación de informes previos de control.

Se debe hacer evaluación de jueces y magistrados con veeduría internacional: la actual Presidente del Consejo de la Judicatura, cuyo vínculos con el correísmo generan duda, no obstante que ella ha intentando tomar distancia, se suman a la duda sobre la independencia para evaluar a los jueces que la nominaron. La Corte Nacional fue parte del andamiaje controlado por Jalkh para mantener la obsecuencia con Correa. Fueron electos por ellos y fueron dóciles a ellos. De esa matriz nace parte del nuevo Consejo de la Judicatura. Una reforma para tener un sistema judicial creíble, es fundamental en términos de la estabilidad política, económica, de seguridad jurídica y de vigencia del Estado de Derecho. Debe recurrirse a veedores externos para crear certezas sobre una evaluación independiente.

El Gobierno tiene la iniciativa de estas reformas. Pero también la tiene la sociedad política y sociedad civil. Se han perdido casi dos años en iniciarlas. Ojalá sea posible, así como el acuerdo con el FMI, tardío pero necesario, anuncia intenciones, proyectos y procesos para incursionar en esta agenda de transformaciones. Mejor tarde que nunca. Y son muchos más temas los que se deberían incluir. (Diego Ordóñez – 4 Pelagatos)

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