Doscientas denuncias por cobros injustificados de CNT

Édison Cajamarca no tiene liquidez. Sus cuentas bancarias están bloqueadas y perdió su trabajo. Esto, luego de que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) le siguiera un proceso coactivo, desde 2014, por el valor de $ 5.354, debido a una supuesta deuda de dos líneas telefónicas, en Urdesa central. No obstante, el afectado dice que nunca contrató el servicio.

“Fui a la Defensoría del Pueblo y me ayudaron para que CNT me entregue el contrato que supuestamente tenía con ellos. No lo pudieron encontrar y me dieron un papel de colocación de los equipos y en ese papel ni la firma era mía”, afirma.

CNT, al igual que toda empresa pública prestadora de servicios y municipios con sus dependencias, posee la capacidad legal para retener fondos o bienes (coactiva), con la finalidad de cubrir costos de deudas. Siempre que haya un contrato de por medio.

Al no contar con pruebas de contrato, Cajamarca acudió a la Fiscalía, donde le asignaron a un perito para que corrobore las direcciones en las que supuestamente él había adquirido el servicio. Los constantes permisos que requería para investigar le costaron el trabajo.

“En esa fecha yo tenía retenidos mis haberes y ni para pagarle al taxi ni al perito tenía. En la primera dirección la señora sí fue a testificar que yo jamás viví en ese sitio, y en la segunda estoy esperando a que el dueño se apiade y vaya a declarar que no tengo nada que ver en esas direcciones”, cuenta.

Las cifras de casos similares al de Cajamarca fueron entregadas a este Diario por Marco Pacheco, coordinador general de Defensoría del Pueblo zonal 8. Ese registro muestra 177 denuncias a nivel nacional el año pasado. Mientras que en lo que va de 2019 se han presentado 32. De la primera cifra, 47 casos pertenecen a la zona 8, y en este año van 7.

“La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor determina que si no existe ningún contrato con el involucrado, entonces no existe ninguna relación entre la empresa y el ciudadano, por ello no pueden obligarlos a pagar la deuda”, explica Pacheco.

Una historia no muy diferente a la de Cajamarca cuenta Jhonny Osorio, a quien también le atribuyeron dos líneas telefónicas que -asegura- nunca contrató. Ana Menoscal y Henry Cobeña, también guayaquileños, narran experiencias parecidas. A Menoscal le asignaron una deuda de $ 231 por una línea telefónica en Milagro, aunque ella vive en Guayaquil.

Mientras que la de Cobeña supera los $ 18.000; por cuatro líneas telefónicas. Una deuda de 2000 a 2001, aunque la notificación de coactiva se la habrían enviado el pasado 23 de enero.

Francisco Ycaza, abogado civil, indica que las fechas de prescripción de estos contratos son de cinco años, que por tanto, si no fueron notificados a tiempo no tienen razón legal de hacerlo ahora.

“Asumo que es una desorganización institucional que ellos derivan en los usuarios para ganar liquidez. Muchas de ellas ya vencidas. La activación de coactiva prescribe a los cinco años, después de eso no hay derecho a cobrar”, refiere.

Estos casos se suman a una multitud de denuncias por cobros irregulares por parte de CNT, realizadas por usuarios de las redes sociales.

Por su parte, la Corporación de Telecomunicaciones comunicó a EXPRESO que trabajan en arreglos de estas desventuras. “La empresa está realizando un proceso de digitalización para actualizar datos. Cuando existen estos reclamos se realiza un análisis minucioso, tanto en la búsqueda de documentación física como antecedentes de facturación: pagos, detalles de consumos, navegación, facturación, orden de instalación, y otras; lo que evidencia una prestación de servicios”, reza.

Aunque Pacheco reitera que esos documentos de los que habla la compañía no son respaldo de prestación de servicios, más que un contrato firmado. Las personas consultadas para este reportaje llevan meses esperando los contratos que supuestamente firmaron. No han tenido respuestas.

Este Diario consultó también a la Agencia de Control y Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel). Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no dirigió ninguna contestación.

La Defensoría adelantó que en esta semana se reunirá con Arcotel para que se apliquen soluciones a estos problemas de forma ágil y directamente con CNT.

“Es oportuno que existan directrices por parte de la Arcotel. No es posible que la Defensoría tenga que seguir receptando casos a cada rato”, enfatiza.

Ycaza considera que la Compañía Nacional de Telecomunicaciones debería hacer un censo de las líneas fijas y de los servicios que presta para evitar este tipo de daños a los usuarios, que hasta la fecha, culpables o no, tienen sus cuentas congeladas. (Diario Expreso)

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