¿Qué será para Aguiñaga la ética?

Marcela Aguiñaga hace parte, en la Asamblea Nacional, de una comisión para investigar a la presidenta, Elizabeth Cabezas. Su presencia suscita un interrogante que a ella no le causa ninguna gracia. Es entendible. Pero el sentido común tiene imponderables que es imposible soslayar. ¿Puede ella ser juez? ¿Es dable que lo sea?

El interrogante está lejos de ser un problema con dedicatoria. Atañe a todos aquellos que participaron en la década de autoritarismo liderada por Rafael Correa. La lista de atrocidades políticas, jurídicas, económicas y de atropello a los derechos humanos es inmensa. Y prueba que ese gobierno y sus defensores eliminaron las barreras que existen entre lo que es posible y legal hacer y lo que hicieron. No solo trastocaron la verdad de los hechos con un aparato gigantesco de propaganda: vaciaron de contenido las palabras y los referentes que usa una sociedad para diferenciar lo que es ético de lo que no lo es; lo que es legal y lo que simplemente es un asalto al Estado de derecho en nombre de la legitimidad de los votos.

¿Qué es hoy verdad, ético, legal para Marcela Aguiñaga? ¿Acaso se puede olvidar que ella y los suyos taparon una letanía de casos de corrupción? Pativideos, ambulancias con sobreprecio, el comecheques, el gran hermano, los chalecos de Ricardo Antón, EQ2, el caso Duzac, Caminosca, Odebrecht, transferencias millonarias al tío de Jorge Glas por los contratos otorgados por el entonces vicepresidente…

¿Acaso se puede olvidar que ella aceptó que los suyos trucaran juicios (diario El Universo), escondieran documentos clave en casos de asesinato (caso Gabela), mintieran (como hizo Glas con su tesis y Pedro Delgado con la suya), solaparan escándalos de robo impresionantes como los cometidos en las refinería de Esmeraldas y del Pacífico y sostuvieron funcionarios corruptos como Carlos Pólit, Galo Chiriboga y Richard Espinosa?

¿Acaso se puede olvidar que ella y los suyos persiguieron ecologistas (Pérez Guartambel), políticos críticos (Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa) e impusieron un estado de hostigamiento contra los medios de comunicación por parte de un equipo de inquisidores liderado por Fernando Alvarado y Carlos Ochoa?

No, Marcela Aguiñaga no puede ser juez. Ni siquiera en una comisión de la Asamblea y para un caso sin futuro como el que concierne a la presidenta de la Asamblea. Y no puede serlo porque ella y los suyos transgredieron todas las líneas rojas y por obvias razones abolieron valores filosóficos, éticos y jurídicos. Ese puede no ser un problema para ellos, pero es un gran problema para la sociedad que heredó a este grupo de políticos que ya no saben si mienten o dicen la verdad, que ocultan pruebas y se dicen transparentes, que persiguen a los opositores o a los periodistas y tienen un arsenal de coartadas para exculparse.

El correísmo dejó políticos a los que no importan los hechos porque lo que les importa es tener la razón. Imponerla. Como sea. Con insultos o invectivas. Políticos prevalidos de una superioridad moral que les impide reconocer al otro; al diferente: les importa catalogarlo para denigrarlo y luego asesinarlo simbólicamente.

Borges decía que toda palabra es una experiencia compartida. Palabras y actitudes coherentes son esenciales para materializar la ética, la justicia, la decencia. Será, ya es, muy difícil que ciudadanos como Aguiñaga vuelvan a la realidad tras haber sido sobrealimentados de propaganda simplona: ellos, los buenos; el resto, gentuza desinformada o al servicio de intereses ruines. (José Hernández – Diario Expreso)

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