Tiempo de congelar los salarios

La semana pasada el INEC informó que la tasa anual de inflación de marzo fue de -0,1%. Si bien entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 Ecuador ya registró, de manera consecutiva, doce tasas anuales de inflación negativas, el resultado de marzo tiene un factor adicional, ya que incorpora el aumento en el precio de las gasolinas que se decretó a finales del año pasado. Es decir, esa alza, primero en la súper y luego en la extra y la ecopaís, no provocó un aumento generalizado en el resto de los precios al consumidor. Por el contrario, de los doce grupos de productos que componen la canasta que se usa para calcular la inflación, siete mostraron en marzo caídas interanuales en sus precios (alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, muebles y artículos para el hogar, comunicaciones, recreación y cultura, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos). El FMI proyecta que este año la inflación en Ecuador rondará el 0,6%. De hecho, la desaceleración de la demanda privada (según el Banco Central, en el cuarto trimestre de 2018 –último dato disponible– el consumo de los hogares registró un crecimiento interanual de 2,1%, la mitad que el registrado un año atrás) y un menor flujo neto de divisas a la economía (principalmente por el estancamiento de las exportaciones de bienes y servicios frente al dinamismo de las importaciones) parecen anticipar que el resultado podría ser incluso menor.

Para este año, sin embargo, el Gobierno aprobó un aumento en el salario básico unificado (SBU) de 2,1%. Es decir, al cierre del año, si las proyecciones de inflación son acertadas, se habrá registrado un nuevo aumento en el poder adquisitivo de los salarios. Lo mismo ocurrió en 2018, cuando el aumento del SBU (sin ningún sustento técnico) fue del 2,9% y la inflación al cierre del año fue de apenas 0,3%. En realidad, desde 2007 los aumentos salariales fueron siempre mayores que la inflación, lo que permitió que el poder adquisitivo de los salarios aumentara de manera sostenida. El aumento de los primeros años pudo estar justificado, ya que el costo de la canasta básica (para un hogar tipo de cuatro miembros) estaba muy por encima de los ingresos familiares (considerando 1,6 perceptores del SBU). La situación fue distinta el año pasado, a lo largo del cual el ingreso familiar fue mayor que el costo de la canasta básica. Ya en marzo de este año el excedente fue de 22,4 dólares, el más alto en dolarización. Ese excedente incluso se podría seguir ampliando si, como ocurrió en el primer trimestre del año, el costo de la canasta se sigue reduciendo.

Por otro lado, las alzas salariales no deben ser analizadas únicamente desde la perspectiva del aumento en el consumo que pueden provocar. Hay que tomar en cuenta al menos otras dos variables. La primera es el impacto que esos aumentos provocan en los costos de producción. En los últimos años el crecimiento de los salarios en el Ecuador ha sobrepasado por mucho al aumento de la productividad, lo que ha derivado en una pérdida de competitividad del sector productivo nacional (golpeado también por el fortalecimiento del dólar). En ese sentido, un aumento salarial termina afectando al desempeño de la economía, ya que resta dinamismo a las exportaciones y, además, limita el ingreso de inversión al país (en el informe sobre la economía ecuatoriana que el FMI publicó después de la firma del acuerdo se puede ver que el salario mínimo del Ecuador es cada vez mayor que el promedio regional, lo que necesariamente afecta a la llegada de inversión y, por tanto, a la generación de empleo).

La segunda variable a considerar es qué bienes y servicios son los que se favorecen de un aumento en el consumo provocado por un alza salarial. En la coyuntura actual del Ecuador, que enfrenta una severa pérdida de competitividad, los aumentos salariales impulsan principalmente el consumo de productos importados y favorecen de manera marginal a la producción nacional (Augusto de la Torre lo explica detalladamente en esta nota publicada en Carta Económica). De hecho, en 2018 las importaciones de bienes de consumo (medidas en volumen) crecieron 7,8%, casi tres veces más que el consumo de los hogares y casi seis veces más que el PIB. De modo que en la actualidad, con un nivel salarial ya mayor al promedio regional, un nuevo aumento profundizaría el desequilibrio externo por dos vías: afectando a las exportaciones y a la llegada de inversión extranjera directa y fomentando las importaciones.

Siendo así, y si el objetivo final de cualquier política económica es alcanzar un crecimiento sostenible que permita generar empleo, sería deseable que al menos para 2020 y 2021 (años para los cuales el actual Gobierno todavía será el encargado de definir los aumentos del SBU y en los que muy probablemente la inflación seguirá siendo baja) se anuncie un congelamiento salarial. Los sindicatos, que representan apenas a una minoría de los trabajadores, seguramente se opondrán, pero el Gobierno no debe tomar sus decisiones en función de los “argumentos” de esos grupos de presión, sino pensando en la sostenibilidad de la economía y, sobre todo, en los millones de trabajadores que quieren entrar al sector formal. Un congelamiento salarial, junto con algunas reformas laborales (sin caer en la precarización) pueden ayudar a recuperar en algo la competitividad perdida, a fin de que el sector productivo nacional pueda competir de mejor manera en los mercados externos (a los que debe apuntar) y haya más incentivos para que las empresas inviertan y contraten a más empleados. (José Hidalgo – 4 Pelagatos)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *