Ningún juez ha pedido la extradición a González

La localización y detención el martes por la noche en Perú del prófugo Ramiro González no es garantía de que enfrente las consecuencias de sus errores. Al menos, el exministro de Industrias y expresidente del directorio del IESS, procesado por defraudación tributaria y tráfico de influencias, pretende evitar a las autoridades ecuatorianas intentando convencer a las del país vecino de que es un perseguido político y necesita refugio.

Un argumento nada original que ya han esgrimido otros de los altos mandos del gobierno de Rafael Correa que tienen problemas con la Justicia tras salir del poder. Al menos 18 exfuncionarios están en la mira por casos de corrupción.

En la lista que incluye al propio Correa hay detenidos, fugados —como Ramiro González— con solicitudes de asilo, de refugio, con medidas alternativas y otros con paradero desconocido.

A las autoridades ecuatorianas les tomó casi un año concretar su detención que se logró el martes a las 18:50 en el barrio Miraflores de Lima, gracias a la coordinación con la Policía de Perú. Ahora se espera su regreso al Ecuador para que responda a la justicia por al menos dos delitos: defraudación tributaria y tráfico de influencias. En el último caso fue llamado a juicio en 2018 y este se suspendió por encontrarse prófugo.

La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó ayer que una vez conocida la aprehensión informó de inmediato a la Corte Nacional y a la Fiscalía para que impulsen los trámites de extradición. Ese pedido es competencia de la Corte que debe remitir a la Justicia peruana la documentación que sustente la solicitud.

La presidenta del organismo, Paulina Aguirre, ya ordenó armar el expediente de extradición del exministro. Pero de momento, el trámite no se ha iniciado a falta de que la jueza del caso así lo considere. EXPRESO conoció que en el caso de González ningún juez había pedido que se inicie un proceso de extradición, pese a que, con el informe de la detención, Aguirre ya solicitó a la jueza del caso de tráfico de influencias que indique si pedirá la extradición y que remita las copias del juicio para iniciar el trámite con Perú. En esa espera, González se adelantó y pidió ayer a Perú que le conceda refugio.

La ministra Romo asegura que existen elementos y evidencias de una incongruencia de ingresos del exfuncionario de 1,8 millones de dólares que no pudo justificar ante la Contraloría. Y que esos documentos serán remitidos a la Justicia peruana para desmontar la estrategia de su defensa de argumentar persecución política. Durante su paso por el Gobierno, González fundó su partido Avanza del que posteriormente fue expulsado. Pero González fue, además, un camaleón político que ‘bailó’ en su momento con una variedad de movimientos.

Además de González hay al menos otros ocho exsecretarios de Estado de Correa en problemas con la ley. Raúl Carrión, el exministro del Deporte ha sido sentenciado por supuesto peculado en la subdivisión de contratos. El caso inició en 2010 y hasta el momento no hay una sentencia en firme.

Quien sí está preso por señalamientos de corrupción es el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, sentenciado por lavado de activos. Otro de los detenidos es el exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.

Carlos Pareja, Marco Calvopiña y Álex Bravo han recibido sentencias por la corrupción en Petroecuador.

Entre los fugados está el excontralor Carlos Pólit, que recibió seis años por concusión y un llamado a juicio por asociación ilícita en Odebrecht. Se suman el exsecretario del Agua, Wálter Solís por peculado. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación y exministro de Turismo, llamado a juicio por supuesto peculado.

Otros para quienes hay investigaciones son los exministros Wilson Pástor por el caso Singue, Patricio Rivera y Fausto Herrera por la deuda pública, la exasambleísta y exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, las exlegisladoras correístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Se les atribuyen delitos como lavado de activos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, defraudación tributaria. Correa y su exsecretario de la desaparecida Senain, Pablo Romero, fueron llamados a juicio por el supuesto plagio de Fernando Balda.

Otros sospechosos

Exfuncionaria. María Sol Larrea era coordinadora del IESS cuando Ramiro González presidía el directorio de la entidad. Fue condenada a 12 meses de cárcel por tráfico de influencias, el mismo caso por el cual González tiene orden de prisión y un llamado a juicio. Larrea también fue condenada a 20 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito.

Un nuevo caso. María Sol Larrea afrontaría otra investigación. La Secretaría Anticorrupción presentó en la Fiscalía información sobre un bien que no habría declarado ante la Contraloría. Es un departamento valorado en 440.000 dólares ubicado en Miami, EE. UU., y adquirido por una compañía que ella y el esposo dirigen.

Para saber

Funciones. Ramiro González fue consejero provincial de Pichincha en 1996 y destituido en 1999. También fue prefecto.

Diferencias. Según el SRI entre el 2012 y el 2016 recibió ingresos por 2,2 millones, pero solo justificó 391.168 dólares.

Investigación. En agosto de 2017 cuando habría sido alertado sobre el operativo de detención, la Fiscalía ofreció investigar. No se conocen los resultados. (Diario Expreso)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *