Los cinco obstáculos para la rehabilitación social en el país

El sistema penitenciario en el Ecuador está en crisis. Lo dejó clarísimo Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, frente a los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea, precisamente cuando se debaten las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En su intervención, él expuso cinco puntos críticos del sistema penitenciario que no permiten una adecuada rehabilitación social.

El hacinamiento

1. En las cárceles del país hay 40.096 presos adultos y 600 adolescentes infractores. Un número que supera la capacidad del sistema penitenciario con un 40 %. La población mayoritaria, con 37.200 internos, es la de hombres. Pazmiño dice que el grave hacinamiento comienza a partir de 2014, luego de que entrara en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Añade, además, que desde enero hasta abril de 2019 se incrementaron 1.200 privados de libertad. Una tendencia que puede generar un estallido, aseguró.

“En un par de meses tendré que cerrar las puertas de las cárceles porque no va a haber lugar ni para que estén parados”, señala. No es todo. En las prisiones del país, del número total de internos, solo 24.200 están sentenciados y 14.000, procesados. Hay también 599 contraventores y 1.228 personas por pensiones alimenticias.

El mal de la droga

2. Desde 2016, cuando se hizo una reforma a la ley de drogas, aumentó la población carcelaria. Hoy, el 28,63 % de los internos está por tenencia de sustancias estupefacientes y narcotráfico. En total, 11.182 privados de libertad. En este punto, Pazmiño suelta cifras alarmantes: 3 de cada 10 presos ha caído por droga; de esos, 4 de cada 10, por tenencia de marihuana, la droga menos grave.

Por ello indica que es un tema que hay que debatir. Destaca que la mayoría son consumidores. Eso sí, asegura que no aboga por aquellos que expenden estupefacientes a las afueras de escuelas y colegios, pero reconoce que el sistema que se implementó (la tabla de drogas) no es el adecuado para erradicar este mal. El que le sigue es el delito contra la propiedad (robo sin violencia y hurto) con 26 % de presos.

La corrupción

3. Dentro de las cárceles se vende droga, hay mafias que extorsionan, los privados de libertad usan el celular aunque esté prohibido. Pero… la corrupción empieza desde afuera. Por ejemplo, el director del sistema penitenciario del país reveló que en marzo de este año bajó el hacinamiento en un pequeño porcentaje. Dice que encontró a 3.000 personas que ya debían haber salido de la cárcel.

En menos de 30 días salieron. “Estaban ilegalmente detenidas”. ¿Por qué? Guardarse las carpetas de excarcelación era un negocio muy lucrativo. Si querían salir, debían pagar. Este es solo un caso.

La prisión preventiva

4. En 2013, según Pazmiño, había 16.000 presos. Seis años más tarde, el sistema está colapsando por el incremento. No es que aumentó la delincuencia, dice, sino el “uso abusivo” de la prisión preventiva, aún cuando se trata de delitos menores. Un factor importantísimo para el hacinamiento. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía existiendo indicios de responsabilidad (sobre algún delito), no constituye razón suficiente para que la persona vaya a prisión.

Si esto se lograra incorporar en el COIP, durante las reformas, bajaría el hacinamiento. Serían los jueces más humanos. Por ello propone profundizar estudios sobre las salidas alternativas, juicios rápidos y procedimiento directo. En Ecuador, por ejemplo, el 75 % de las causas por droga termina con prisión.

El fallido brazalete

5. El dispositivo electrónico, dice Ernesto Pazmiño, es la forma más humana de controlar en libertad a una persona que ha cometido un delito pequeño. Para aquellos en los que no recae el peligro de fuga: hurto, violentador… Es muy eficiente, porque es posible controlarlo desde un monitor que refleja el lugar exacto en el que está el procesado. “Lamentablemente se desprestigió el uso de los brazaletes por el caso de Fernando Alvarado (exsecretario de Comunicación en la presidencia de Rafael Correa)”, señala.

Ocurrió en octubre de 2018. Se sacó el brazalete y huyó del país. Hubo 2.700 alertas que no se reportaron. Generó que la Contraloría hiciera una auditoría a la adquisición de los grilletes. Y hasta ha encontrado irregularidades. Mientras no haya un informe final, no se puede incrementar el número de brazaletes. En el país existen 5.000. “El sistema es eficiente, aunque lamentablemente lo usan para personas que tienen poder”, concluyó el director. (Diario Expreso)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *