Esta es la «fórmula» para desviar dinero público, según la Comisión Anticorrupción

La Comisión Anticorrupción, por medio de un muestreo, estableció el que parece ser un modus operandi para desviar recursos públicos por medio de compras ficticias. Entidades públicas contrataron con empresas de papel y se presume que los bienes y servicios ofrecidos nunca se entregaron. El Ejército, que fue mencionado, lo desmintió.

Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción de los movimientos sociales, fue enfático: hay que tomar «de las orejas» a los funcionarios de auditoría y control interno de algunas entidades del Estado, pues un muestreo que la Comisión realizó, permitió determinar que, con dinero público, se habrían pagado bienes y servicios que podrían no haber sido entregados. 

La Comisión volvió el 25 de abril de 2019 a su sitio habitual de denuncias públicas, los salones de un hotel en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito, para anunciar una nueva revelación. Habría detectado la fórmula con la que el dinero del Estado sería desviado hacia lo que llaman «empresas fantasma», que presentarían facturas para el pago con dinero público de bienes y servicios que, al parecer, nunca se entregaron. 

La denuncia se basa en un muestreo realizado por Juan Esteban Guarderas, un abogado y militante de la Izquierda Democrática, quien se desempeña como principal asesor del consejero electoral Luis Verdesoto en el Consejo Nacional Electoral. 

La denuncia se basa en un muestreo realizado por Juan Esteban Guarderas, un abogado y militante de la Izquierda Democrática, quien se desempeña como principal asesor del consejero electoral Luis Verdesoto en el Consejo Nacional Electoral.

Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción, destacó el supuesto mecanismo. 

Según la Comisión, ha simplemente tomado en cuenta una «pequeña muestra» entre el 2012 y el 2016 de ejemplos de contratación pública en donde, al parecer, se desvió dinero del erario público. La muestra recoge 39 casos de contratación pública con «empresas fantasma». En esa muestra, se evidencia que 18 instituciones del sector público han realizado adquisiciones a 22 de ellas. La Comisión no precisó si pudo constatar que, efectivamente, el bien o servicio supuestamente negociado jamás se entregó, pero de tomas maneras estableció una cifra por un «perjucio potencial» que se habría generado en esas transacciones: 28 millones, 613 mil dólares. Esa cifra, aclaró la Comisión, la sacaron de «la base de los valores máximos de los rangos reportados por el SRI». 

La forma en la que se hacía, enfatizó Rodríguez, era bastante simple: los encargados de las contrataciones y los pagos de algunas entidades del Estado pedían facturas falsas a empresas «fantasma», a las que pagaban el dinero. Esas empresas, en cambio, no entregaban ningún bien o servicio a las entidades. En su lugar, afirma Rodríguez, lo que hacían era cobrar el dinero y probablemente repartírselo con los funcionarios involucrados. 

Según los integrantes de la Comisión, realizaron una investigación sobre facturación en las bases del Servicio de Rentas Internas. Como esa información es reservada, obtuvieron del Gobierno una licencia para acceder a la documentación. Del propio SRI obtuvieron un listado de las empresas calificadas como «fantasmas» por la administración tributaria. La Comisión pidió al SRI que realizara, también con la propia información tributaria, un detalle de las operaciones entre las «empresas fantasma» y las entidades del sector público. 

La Comisión no precisó si pudo constatar que, efectivamente, el bien o servicio supuestamente negociado jamás se entregó, pero de tomas maneras estableció una cifra por un «perjucio potencial».

Pero, ¿qué es una empresa fantasma? La Comisión destaca que son «entidades de papel» que caerían en alguna de las ilegalidades descritas en el artículo 25 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

En esa norma se precisa que se trata de empresas «constituidas mediante una declaración ficticia, ocultación deliberada de la verdad, fundadas en el acuerdo simulado, que aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o evadir obligaciones». 

Para la Comisión, el esquema detectado por su muestreo evidencia «un esquema simple y descarado de corrupción, aquel donde el sector público contrate y transfiera fondos a empresas fantasma».

La denuncia «versa sobre transacciones que se ejecutaron desde el sector público, mediante un esquema organizado, doloso y concertado de corrupción en el que participaron funcionarios públicos, personas jurídicas, personas naturales, instituciones del sistema financiero, notarios y demás autoridades de control», dice el informe presentado por Guarderas, al que tuvo acceso este portal.

Las entidades involucradas

Según la denuncia, que la Comisión Anticorrupción presentó ante la Fiscalía, adjuntando como pruebas del supuesto ilícito el registro de transacciones del SRI y el resguardo de la certificación web de las empresas, pudieron encontrar casos de grandes transacciones que van en rangos de uno a cinco  millones de dólares. 

El documento entregado por la Comisión, sin embargo, no detalla las transacciones en cada caso ni el objeto de la compra, pero de todas formas las enlistan. Por ejemplo, la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil habría pagado a la compañía Telebak en el año 2013. En 2013 y 2014 el Instituto Nacional de Preinversión habría contratado con Gestión Integral del Agua de Huelva. De su lado, la Dirección Distrital del Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas contrató, en el 2015, con Consulsísmica-NYLIC.

El ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, dijo que las empresas nunca fueron inhabilitadas por el SRI o el Sercop. 

La Comisión precisó que las instituciones públicas que más han contratado con empresas fantasmas han sido el Gobierno Provincial del Guayas, con 14 pagos entre 2012 y 2014 -durante la gestión del ex prefecto Jimmy Jairala- y la Dirección Distratal de Obras Públicas del Guayas, con cuatro contrataciones, también entre 2012 y 2016. 

Rodríguez mencionó en la rueda de prensa que el Consejo Provincial de Manabí y el IESS estaban también involucrados, pero finalmente la Comisión no entregó ningún detalle sobre el caso de Manabí. En su cuenta de Twitter, Rodríguez sí mencionó al IESS, que no consta en el documento de la Comisión. Dijo que en el Hospital Los Ceibos, de la Seguridad Social se compran catéteres al doble de su costo real. Así, publicó dos facturas de catéteres de termoregulación, los comprados por el IESS en USD 2717 cada uno y una factura de otro proveedor por USD 1313, si bien las facturas se aprecia que son de distinta marca. 

En Manabí, el ex prefecto Mariano Zambrano fue destituido por la Contraloría por irregularidades, pero nunca acató la decisión de la entidad. 

La Comisión precisó que las instituciones públicas que más han contratado con empresas fantasmas han sido el Gobierno Provincial del Guayas, con 14 pagos entre 2012 y 2014 -durante la gestión del ex prefecto Jimmy Jairala- y la Dirección Distratal de Obras Públicas del Guayas, con cuatro contrataciones, también entre 2012 y 2016.

Entre las 18 entidades que la Comisión cree pudieron haber cometido alguna irregularidad con dinero de la nación están entidades seccionales y del Gobierno central.

Por ejemplo, constan -además de las ya mencionadas- el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia, el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Coordinación Zonal Siete del Ministerio de Turismo (que atiende a las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), la Dirección Distrital de Parrroquias Rurales Conocoto-La Merced del Ministerio de Inclusión, la Empresa Pública Zona de Infraestructura Logística y de Competitividad, el Consejo Provincial de Chimborazo, el Consejo Provincial de Orellana, el Municipio de Saraguro, la parroquia de San Sebastián de Yuluc, el Consejo Provincial de Los Ríos, la Dirección Nacional de la Policía Judicial (por medio del Ministerio del Interior) y la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito.


La Comisión Anticorrupción presentó una denuncia a la Fiscalía Foto: Expreso

La investigación de la Fiscalía

La denuncia, según la Comisión, deberá permitir que la Fiscalía investigue si se han cometido delitos como delincuencia organizada, asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento privado, defraudación tributaria y lavado de activos. 

Para la Comisión, ahora es deber de la Fiscalía solicitar las actas de entrega recepción de los productos supuestamente contratados, pues habrían podido realizarse falsificaciones documentales. Los procesos de selección, contratación y licitación deberían ser auditados, para conocer si se cumplió con la ley. Además, la Comisión cree que se debe analizar si las entidades justificaron adecuadamente los bienes y servicios contratados, y se debe presumir que los funcionarios que ordenaron las adquisiciones eran «partes asociadas». La Comisión pedirá que la Fiscalía realice peritajes de los bienes y servicios supuestamente entregados, así como determinar si los precios pagados estaban acorde con los del mercado. «Es vital recalcar que en la denuncia presentada se toma en cuenta los familiares y allegados de quienes, en ejercicio de una potestad pública, o como representantes de personas jurídicas, obtuvieron ventajas económicas mediante hechos ilícitos», dice el informe de Guarderas.

Es vital recalcar que en la denuncia presentada se toma en cuenta los familiares y allegados de quienes, en ejercicio de una potestad pública, o como representantes de personas jurídicas, obtuvieron ventajas económicas mediante hechos ilícitos», dice el informe de Guarderas.

Este tipo de pedidos, en general, suelen ser materia de los exámenes especiales que al respecto realiza la Contraloría General del Estado, entidad que, hasta el momento, sigue teniendo la potestad de determinar si hay indicios de responsabilidad penal en un gasto de dinero del Estado y, con tal calificación, debe enviarla a la Fiscalía para que esta investigue. Sin tales indicios la Fiscalía puede actuar. 

Las reacciones

Por su parte, el Consejo Provincial del Guayas dijo en un comunicado que nunca fue informado de que alguna de las empresas con las que ha contratado haya sido declarada como fantasma por el SRI. Según el Consejo Provincial, «ni antes, ni durante, ni después» de algún proceso de contratación fueron informados por el SRI de que alguna empresa no pudiera contratar con el Estado. El Consejo alegó que ha verificado que toda empresa se encuentre debidamente habilitada para contratar con el Estado. Son el Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Contratación Pública, dijo el Consejo, quienes deben hacer tales verificaciones, que no son competencia del Consejo Provincial. 

El Ejército, de su lado, explicó en un comunicado que la Comisión menciona el nombre del representante legal de una empresa con la cual el Cuerpo de Ingenieros del Ejército contrató entre 2012 y 2013. Sin embargo, precisa el Ejército, a la fecha la empresa estaba declarada como habilitada tanto por el Servicio de Rentas Internas cuanto por el Servicio de Contratación Pública, al tiempo que las obras fueron recibidas a satisfacción y se realizaron las respectivas retenciones de IVA e impuesto a la renta. 

Según el Ejército, a la fecha la empresa estaba declarada como habilitada tanto por el Servicio de Rentas Internas cuanto por el Servicio de Contratación Pública, al tiempo que las obras fueron recibidas a satisfacción y se realizaron las respectivas retenciones de IVA e impuesto a la renta.

Sin embargo, el Ejército dijo también que desde 2014 no tiene relación con el contratista, pues le ha demandado por incumplimiento de contrato ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Tanto el Ejército cuanto el Consejo Provincial del Guayas se mostraron dispuestos a entregar a los organismos de control la información respectiva de cada caso. 

El ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, reaccionó en Twitter ante los cuestionamientos formulados por la Comisión. «Es un tema de competencias y tributario. Cuando las instituciones contratan con proveedores, están calificadas por el Sercop», explicó el ex prefecto, y añadió que «el presunto delito està absolutamente al margen de la competencia de entidades públicas como la Prefectura. ¿Qué hay detrás de esta denuncia “a la carta”? Se sabrá en algún momento», dijo Jairala.

Jairala agregó que «el Sercop da el visto bueno para que las empresas puedan contratar. Si después de cumplir sus contratos se disuelven o son declaradas “fantasmas”, no es competencia de la Prefectura». «Si se tratara de proveedores de servicios, es igual: es un tema de competencias. Si la empresa está activa según la Superintendencia de Compañías, si está al día en el IESS, si toda su documentación estàn en orden en el SRI y el Sercop lo califica como proveedor, está habilitada», reiteró Jairala. «Lo que puede haber pasado es que ciertos contratistas hayan usado empresas fantasmas para mover en la banca dinero de anticipos o pagos de planillas, si esto ocurrió es porque convenía a los intereses del contratista. En este caso nada tienen que ver las instituciones públicas», finalizó el ex prefecto. (Plan V)

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