La falta de poder redujo los ingresos del correísmo

De qué viven. La cúpula mayor del correísmo pasó de la bonanza del poder a sustentarse de sus propios ingresos económicos, o por lo menos así lo aseguran. Trabajo profesional en el sector privado, asesorías, consultorías y hasta de la pensión jubilar solventan algunos de sus gastos, ya más de un año fuera del poder, como es el caso de excanciller Ricardo Patiño, quien en una entrevista dijo que vive de su jubilación y de brindar consultorías.

La cifra de su pensión jubilar es incierta. Lo que se sabe es que sus ingresos le han permitido solventar 26 viajes fuera del país luego de dejar el Gobierno nacional al ostentar el cargo de consejero presidencial de Lenín Moreno. El país más visitado fue Venezuela en 15 ocasiones, seguido de México con cuatro, previo a salir del país por Perú, antes de que le dictaran prisión preventiva por la acusación en su contra de supuesta instigación.

A algunos, fuera de poder, les va bien; a otros, no tan bien; y a otros, mucho mejor económicamente hablando. Un nutrido número de miembros de la cúpula correísta ha visto desmejorar sus ingresos en 2018 o por lo menos así lo reflejan sus declaraciones de impuestos a la renta de ese año. Diecisiete altos funcionarios de esa década pagaron el año pasado menos impuesto a la renta que en 2017. Hay casos llamativos como los del exsecretario de Educación Superior, René Ramírez; el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa; la expresidenta de la Corporación Financiera Nacional (CFN), María Soledad Barrera; y el ex fiscal general Galo Chiriboga, que en conjunto causaron 13.264,06 dólares de impuesto a la renta en 2017 y pasaron a pagar 0 dólares en conjunto en 2018. Tres de ellos no registran información societaria en la Superintendencia de Compañías, mientras que Chiriboga ya no es administrador ni tiene acciones en empresas.

Otro que destaca, por ejemplo, es el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien pagó 10.807,96 dólares de renta en 2017, pero en 2018 aún no presenta su declaración. Richard Espinosa, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tampoco ha presentado aún su declaración de 2018, pero en 2017 canceló 3.974,03 dólares por el mismo concepto. Ninguno de los dos tiene acciones o es administrador de alguna empresa, según el ente de control de las compañías.

Pero toda regla tiene su excepción. No a todos les ha ido mal, es más, a algunos les ha ido mejor que cuando ostentaban algún ministerio o la Presidencia de la República. A diferencia del grupo anterior, las declaraciones de impuesto a la renta en 2018 ha superado a la del 2017.

A la cabeza, el expresidente Rafael Correa, quien pasó de haber pagado 6.660,92 en 2017 a 30.974,76 dólares en 2018. Le sigue en la lista la exministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, con una declaración de 18.089,44 dólares de tributos en 2018 frente a 12.022,24 dólares en 2017. En el tercer lugar, el exfiscal Carlos Baca Mancheno, cuya declaración de renta en 2018 ($ 4.582,88) superó a la del 2017 ($ 1.659,43). Solo Duarte, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, es accionista en una empresa activa.

El poder siempre inclina la balanza a favor de quien lo ostenta, en todos los sentidos. Pero cuando se pierde, se siente, incluso en los bolsillos.

Persecuciones y deducciones

Dos de los exfuncionarios citados comentaron a EXPRESO los motivos por los que consideran se redujeron sus ingresos y, por ende, sus pagos de impuesto a la renta. El exfiscal Galo Chiriboga explicó que en 2017 tuvo una base imponible de 129.517,99 dólares y deducciones por $ 41.278,50 y una utilidad por $ 17.527,25. “En la que hubo retenciones en la fuente por $ 2.172,09 más los 468,73 de impuestos”. En 2018, continuó, tuvo una base imponible de $ 18.200 y deducciones por $ 25.806,14. “Me dedico al ejercicio profesional como toda la vida lo he hecho cuando no he estado en la función pública”.

Mientras que el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, lo atribuyó al inicio de procesos judiciales en su contra y de publicaciones de prensa que le originaron desprestigio y que se le cerraran las puertas para futuros empleos. Aplicó a una consultoría en Ghana, África, y al regresar a Ecuador le dictaron medidas cautelares, por lo que no pudo salir del país y cumplir con el contrato firmado en ese país. “Me quedé sin trabajo y así sigo hasta ahora. Mi defensa legal la hacen dos amigos y mi hijo. No tuve ingresos que generen impuestos en el 2018, solo egresos extraordinarios provocados por la persecución política”. (Diario Expreso)

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