Arroz verde con sabor amargo

En términos de corrupción los ecuatorianos seguimos como se dice: sin poder levantar cabeza. La decadente red delincuencial que se construyó hace más de diez años nos persigue continuamente y opera como una maldición. Nos está halando sistemáticamente hacia abajo, todo intento de hacer bien las cosas.

Cada noticia nueva es una crónica de mal gusto que nos revela cómo estuvimos inmersos en un proceso sistemático de deconstrucción de la moral y las buenas costumbres que, disfrazado de “política revolucionaria”, logró no solamente saquear las arcas del Estado, sino también nos robó la dignidad de los ecuatorianos porque terminó por corromper varios sectores de la sociedad.

La investigación presentada hace pocos días por parte de reconocidos periodistas, nos confirma lo que ya sabíamos y, a partir de allí, no necesitamos hilar muy fino para que todo empiece a tener sentido. Ahora se entiende el afán de callar a la prensa porque, obviamente, con su cualidad investigativa, hubiera descubierto lo que pasaba desde las entrañas del mismo palacio de gobierno que cobijaba, celosamente en su seno, a la tesorera de los negocios. Eso no convenía a un gobierno que se estaba llenando las manos fácilmente, con plata de origen cuestionable.

Por eso era necesaria una Ley de Comunicación y una Supercom que controlara, y si es posible, persiguiera a los profesionales que con sus investigaciones les podían dañar el negocio: la institucionalidad y la ley al servicio de la mafia. En este propósito innoble, se usaron técnicas como la post verdad que ayudó a construir un relato en contra de la prensa libre. La investigación también nos muestra por qué fue necesario tener una autoridad electoral alineada como soldaditos de plomo a los intereses del partido de turno.

Es obvio que, si estaban recibiendo aportaciones de dudoso origen, que no iban a ser declaradas como señala la ley, -porque es extenso el articulado con mandatos al respecto-, necesitaban una autoridad complaciente y dispuesta a mirar al otro lado. Ahora se entiende también lo que ocurría en las campañas electorales pasadas: posiblemente los informes de cuentas estuvieron siempre incompletos, omitieron estas otras donaciones dudosas, y el CNE de entonces jamás examinó si había infracciones.

Si la autoridad electoral hubiera hecho bien su trabajo habría podido detectar los incumplimientos y ordenar auditorias especiales, según lo establece la ley, aplicar sanciones y detener la construcción de esa red de corrupción que se tejía. Pero obviamente no lo hizo.

Arroz verde nos ha dejado pasmados a todos. Nos deja ver cómo, a espaldas nuestras, se negociaba la patria, porque negociar aportes a las campañas políticas por fuera de la ley es obviamente ilegal y desencadena consecuencias que afectan a muchos: a la sociedad entera.

De inicio, convierte al partido que recibe recursos de forma irregular en una maquinaria económico/electoral imbatible, contra la que difícilmente se puede competir, y, además, con autoridad electoral propia: por lo tanto, nos comprueba aquella sospecha de que las elecciones, durante aquel período, fueron inequitativas: no estábamos locos.

El problema de este tipo de prácticas es también todo lo que viene conexo: pensar que solamente las dos personas identificadas y su jefe son los únicos responsables es ser bien ingenuo. Detrás de cada uno de ellos están muchos otros ciudadanos que se mancharon las manos por lograr una cucharada de ese arroz que, seguramente, fue repartido entre múltiples manos que aún no sabemos: es decir, corrompieron más gente.

El arroz verde se ha desparramado develándonos cuál fue durante diez años el color de la corrupción y se ha convertido en un trago amargo para la vida de los honestos. (Ruth Hidalgo – 4 Pelagatos) Caricatura: Bonil El Universo

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