La lucha contra el abuso sexual se quedó en el papel

Las revelaciones de múltiples abusos sexuales a niños y adolescentes en colegios a nivel nacional sacudieron los cimientos del Estado en 2017. ¿Cómo es que nadie sabía? ¿Nadie vio nada? La indignación se convirtió en acciones: un informe desde la Asamblea Nacional, la entrega de casos rezagados a la Fiscalía, la reapertura de casos cerrados. La consigna, una sola: que no volviera a pasar.

Pero sucedió de nuevo. Esta vez, los diez niños afectados son alumnos de un colegio público de la capital. La historia es parecida a los otros 31 casos que, más de un año antes, revisó la Comisión Ocasional Aampetra: un crimen perpetuado dentro del plantel, la negativa del centro educativo y del distrito de educación a hacer la denuncia a la Fiscalía, pese a conocer el caso, y la denuncia de una madre aguerrida que luchaba contra la impunidad.

¿Entonces qué salió mal? Se suponía que las numerosas recomendaciones emitidas por la Comisión al Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Judicatura evitarían que los abusos se repitieran.

Para Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, parte del problema (al que considera estructural) es que, después de la emisión del informe, no se vigiló el cumplimiento del mismo ni se trabajó en materia de prevención.

“Si las recomendaciones estuvieran en funcionamiento, no tendríamos nuevos casos. Nos siguen debiendo las reformas al COIP, al Código de la Niñez y Adolescencia. La Fiscalía y los colegios aún dan más crédito al abusador que al niño. El seguimiento a las recomendaciones no es tangible, no hemos visto ninguna mejoría en la prevención”, subrayó.

Y es que tan solo el 20 % se ha cumplido de la lista de recomendaciones, entre las que estaban las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la creación de un registro único de víctimas y perpetradores, la inclusión educativa de temas sobre violencia y abuso, la capacitación a funcionarios judiciales, la mejora al sistema de reparación de víctimas, las campañas nacionales de prevención y la fiscalización a las unidades educativas donde se hayan registrado denuncias.

En lo que respecta a las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, estas avanzan a paso lento en el seno de la Asamblea.

La fiscalización también se quedó sin cabeza, tras la eliminación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, entidad que debía supervisar la implementación de las recomendaciones y la creación de políticas para proteger a los alumnos.

Desde la legislación, tampoco se han llevado a cabo controles para determinar el cumplimiento de los requerimientos emitidos por el informe. Héctor Muñoz (SUMA), único legislador de la Comisión Aampetra en responder a una solicitud de entrevista de este Diario, indicó que, tras la entrega del mismo, no se extendió una labor de supervisión.

“Cuando entregamos el informe, pues ahí prácticamente dimos por cerrado (el asunto), pues no pudimos establecer responsabilidades políticas al entonces ministro ni a otros funcionarios (…) Aun así, me hace ruido y me molesta saber que las autoridades de control, pese a tener el informe y conocer la obligatoriedad de las recomendaciones, no las hayan cumplido en todo este tiempo”, expresó.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación, criticado por negligencia y pasar los casos a las Juntas de Resolución de Conflictos en lugar de a la Fiscalía, alega haber fortalecido la prevención. Sin ir más allá, la semana pasada, antes de que se hiciera público el nuevo caso en la capital, el ministro Milton Luna le dijo a EXPRESO que en su administración “no se han presentado casos” y que “se han fortalecido las capacitaciones a maestros y las funciones de los Departamentos de Consejería Estudiantil para reconocer casos”. Hasta febrero de 2018, 107 docentes fueron separados del magisterio por abuso y acoso.

Este Diario solicitó a la cartera estatal mayor información sobre la aplicación de pruebas psicológicas a docentes, mejoras en prevención y protocolos y datos de la fiscalización a las Juntas de Resolución de Conflictos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (Diario Expreso)

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