Los indicios de presunta concusión contra Duarte, Alvarado y Mera

La Fiscalía presentó información del SRI de Duarte luego de trabajar en el servicio público. Ella registra ingresos por prestación de servicios con la empresa Sumec Complete Equipment & Enginering, por más de USD 200 000, entre 2017 y 2019. Sumec es una empresa china e hizo la fiscalización del Hospital de Durán.

Concusión. Es un delito que se ejecuta cuando una autoridad, abusando de su cargo o funciones, por sí mismos o con ayuda, ordenan o exijen la entrega de “derechos, cuotas, contribuciones, rentas,intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”. La pena es de tres hasta cinco años de cárcel. Así lo establece el Codígo Penal de Ecuador.

A esa pena se enfretan los alfiles de la revolución ciudadana María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. La fiscal General, Diana Salazar, encontró los motivos suficientes para abrir un caso aparte contra ellos.

Los documentos relacionados con la indagación fiscal y un resumen de la audiencia de formulación de cargos, dirigida por la jueza suprema Daniella Camacho, al que accedió este portal, indican que los tres habrían cometido el delito de concusión. Eso lo afirma la fiscal Salazar. Por eso pidió, en un principio, las detenciones con fines investigativos para los tres y la Jueza accedió.  

La estrategia, que determinan desde la Corte Nacional, es que la Fiscalía actúa rápidamente para evitar más fugas y contar con la presencia en el país de los procesados. La Justicia no solo dio paso a las detenciones, sino también al allanamiento de cuatro viviendas de los tres alfiles. Mera y Duarte fueron detenidos. Pero Alvarado no.

La Justicia no solo dio paso a las detenciones, sino también al allanamiento de cuatro viviendas de los tres alfiles. Mera y Duarte fueron detenidos. Pero Alvarado no.

Sin embargo, con los dos bajo custodia policial, desde la mañana del 31 de mayo, se aceleró la celebración de la audiencia de formulación de cargos. Ocurrió la madrugada del día siguiente, el uno de junio.    

Las razones de la Fiscalía

En esa diligencia la Fiscalía General dio algunos detalles sobre los motivos del proceso penal en contra de los detenidos. Los hechos que inicialmente imputó la Fiscalía  sucedieron en el período de 2012 a 2016, Alexis Mera ostentaba la función de Secretario Jurídico de la Presidencia, y Duarte era la ministra de Transporte y Obras Públicas.

Ellos, dijo la Fiscal a la Jueza, habrían abusado de sus cargos a través de terceros. Según la versión de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, ambos funcionarios “exigían la entrega de dinero en efectivo a contratistas del Estado como la empresa Odebretch, a través de Gerardo Pereira de Souza. Valores entregados en efectivo, en sobres, a cambio de tener apoyo del gobierno en las contrataciones futuras con el Estado”.

La Fiscalía también dijo a la jueza Camacho que los hechos configuran el delito de concusión. Pero relató más detalles y puntualizó las acusaciones para cada uno.

En el caso de ambos, la Fiscalía entregó lo investigado por la fiscal Ruth Amoroso, lo cual por el fuero de corte pasó a manos de Diana Salazar. Entregó sus nombramientos en el gobierno de Correa. El cuaderno de 38 hojas encontrado en el departamento del edificio Tuncanhuan, en el sector de La Floresta en Quito, propiedad de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa; y la versión que rindió a la Fiscalía. Además, el informe documentológico firmado por el capitán de policía Óscar Cifuentes.
Además de la versión de Pamela Martínez.

Ahora, en el caso específico de Mera, la fiscal Salazar entregó la sentencia del caso Odebretch contra el exvicepresidente Jorge Glas, Carlos Pólit, Ricardo Rivera y otros.

Además la publicación del diario El Universo en la cual se establece que Luis Mameri, vicepresidente Odebretch señala que aprobó coimas para el ex secretario jurídico de Correa, Alexis Mera. También la versión de Mera del 31 de mayo.

En el caso de Duarte está como prueba una copia certificada de la versión del exasambleísta de Alianza PAIS, Christian Viteri. Además, algo contundente: registro de ingresos del SRI. La Fiscalía presentó información del SRI de Duarte luego de trabajar en el servicio público. Ella registra ingresos por prestación de servicios con la empresa Sumec Complete Equipment & Enginering, por más de USD 200 000, entre 2017 y 2019. Sumec es una empresa china y parte de su accionariado es estatal.

La investigación destaca que esta empresa fue beneficiara de un contrato para la fiscalización de la construcción del hospital general de 120 camas de Durán, Guayas. Ese contrato fue por USD 2 065 691,41, otorgado en mayo del 2017, tres meses luego de que fue constituida. 

Sin embargo, Duarte, a diferencia de Mera, no tiene prisión porque arguyó que su hijo, que tiene menos de 10 años, quedaría sin cuidados. Ella es divorciada.

La jueza Camacho también dispuso la prohibición de enajenar bienes. Para Mera por un monto de USD 3,5 millones y para Duarte de USD 2,5 millones.

La jueza Camacho también dispuso la prohibición de enajenar bienes. Para Mera por un monto de USD 3,5 millones y para Duarte de USD 2,5 millones.

Alvarado no entró en la audiencia de formulación ya que la Fiscalía no lo nombró. Y la orden de captura con fines investigativos fue revocada. Pero, según fuentes judiciales, será cuestión de tiempo para que lo involucren en el caso.

La seguridad de Pamela Martínez

En la audiencia de formulación de cargos se expuso una supuesta situación de vulnerabilidad de Pamela Martínez. Ella está detenida en la Casa de confianza de Chillogallo, al sur de Quito, según fuente penitenciarias. 

Aunque las circunstancias de una supuesta agresión en su contra no han sido aclaradas, la Justicia dispuso que se le otorgue protección y asistencia. Además, prohibió a los procesados acercarse a Martínez y su familia. Ella se ha convertido en pieza clave para descubrir los supuestos pagos ilegales de empresas al partido que gobierna el país: Alianza PAIS. (Plan V)

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