Glas y Bernal metidos en negocios turbios con el terremoto

Manta, 22 de mayo de 2017, El Vicepresidente Jorge Glas, se reunió con el comite por la reconstrucción. wladimir jativa/vicepresidencia

Jorge Glas y Carlos Bernal han sido incluidos, entre otros ex funcionarios y contratistas, en una lista elaborada por la Fiscalía por estar supuestamente involucrados en un esquema para desviar fondos recaudados para la rehabilitación de Manabí y Esmeraldas, luego del sismo de abril del 2016. Y por contratar a dedo obras  que no tenían nada que ver con ese terremoto.

Además del ex vicepresidente Glas, ahora preso en Latacunga por el caso Odebrecht y del ex secretario del Comité para la Reconstrucción, Carlos Bernal que está prófugo por otros casos, también está en la lista Pablo Ernesto Ortiz Hidalgo, ex gerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

La Fiscalía elaboró la lista de posibles involucrados a partir de un informe con indicios de responsabilidad penal que hace poco publicó la Contraloría. Glas está en la lista por haber dirigido el Comité de Rehabilitación. El lunes 10 rindieron testimonio ante la Fiscalía los funcionarios de Contraloría que hicieron el informe.

Aquí el informe aprobado por Contraloría

Entre los otros citados por la Fiscalía está el contratista Ramiro Leonardo Galarza Andrade y el ex alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova. También han sido notificados por Fiscalía: Elsa Esperanza Santana Véliz, exdirectora de Senplades en Manabí, Agustín Elías Casanova Cedeño, alcalde de Portoviejo; Néstor Gabriel Alcívar Robles, ex alcalde de Perdernales; y los ex funcionarios José Antonio Martínez Dobronsky y Andrés Fernando de la Vega Grunauer. Asimismo, Clara Carrol Zambrano Espinel, ex viceprefecta de Manabí.

El informe de Contraloría dice que varias obras se hicieron en Manabí con fondos de la Ley de Solidaridad (establecida por el gobierno de Rafael Correa) sin que hubieran tenido nada que ver con los efectos del terremoto. El informe confirma algo que se sabía: el terremoto del 16 de abril del 2016 fue una gran oportunidad de negocio para muchos de los funcionarios públicos que estuvieron vinculados a los supuestos trabajos de rehabilitación, así como para contratistas que se conchabaron con ellos para hacer obras contratadas a dedo con sobreprecios, mal hechas y muchas veces entregadas con retrasos.

Notificación de la Fiscalía

El monto de los contratos asciende a 102 877 677 dólares, aunque las planillas examinadas por Contraloría son de casi 30 millones y medio de dólares. En el documento de Contraloría se establece que el mecanismo para desviar los fondos recaudados para paliar los efectos del terremotos se aplicó en dos obras: la construcción del parque Las Vegas en Portoviejo, presupuestado en cerca de 7 millones y la vía Manta-Colisa que costó algo más de 100 millones de dólares. Estas dos obras, y otras, habían sido ya incluidas en un informe que el Consejo de Participación y Control Social transitorio, presidido por el fallecido Julio César Trujillo, entregó a la Contraloría para que sean investigadas.

Según el informe el esquema funcionaba así: el Comité para la Reconstrucción calificaba las obras como prioritarias para la rehabilitación de la zona y la empresa Ecuador Estratégico gestionaba el financiamiento. Ambos organismos actuaron irregularmente pues ninguna de las dos obras estaba relacionada con el sismo. El parque Las Vegas ni siquiera existía antes del sismo y no fue reconstruido como establece la Ley de Solidaridad. La ampliación de la vía Manta-Colisa no solo que estaba proyectada y aprobada por el Ministerio de Obras Públicas desde el 2013 (tres años antes del sismo) sino que en su lugar había una carretera que estaba funcionando perfectamente luego del fatídico 16 de abril del 2016.

La contraloría además observa que se incumplieron todas las normas de la Ley de Solidaridad, pues incluso se contrataron empresas de Quito y no de las provincias afectadas, Establece además, que tanto el Comité de Reconstrucción, como Ecuador Estratégico, se escudaron en la declaratoria de emergencia para inobservar los procedimientos precontractuales en la contratación de las obras. Todo se hacía sin concursos y sin los principios que supuestamente rigen la Ley de Contratación Pública: igualdad, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.

En otras palabras, los funcionarios citados por Fiscalía se pusieron de acuerdo para contratar, sin seguir el proceso legal, obras financiadas con dinero que se recaudó con la Ley Solidaria, a pesar de que no tenían ninguna relación con el terremoto. Las obras además fueron mal hechas. Por ejemplo, en el caso de la vía Manta-Colisa, los pasos a desnivel fueron construidos con hormigón de mala calidad, lo que los dejó prácticamente inservibles. Se hicieron, igualmente, expropiaciones en la zona pagando precios superiores a los del mercado.

Según la Contraloría, el esquema fraudulento contó con la complicidad de la Senplades que emitía informes favorables para la adjudicación de los contratos. Y también de los gobiernos locales, como el caso del Municipio de Portoviejo. El informe dice que con la contratación de esas obras se afectó la ejecución de proyectos realmente afectados por el sismo.

Por otro lado, Contraloría glosó el pago de 957 777 dólares por estudios mal hechos y contratados de forma irregular para la reubicación de los hospitales de Bahía y Pedernales y casi 300 mil dólares para la contratación de trabajos de relaciones públicas y promoción del trabajo del Comité de Rehabilitación y de Ecuador Estratégico.

En conclusión, el informe muestra un esquema cleptocrático en el cual unos pocos funcionarios astutos y otros contratistas conchabados con ellos, se aprovecharon del dinero recaudado gracias al sacrificio de la sociedad civil y se enriquecieron sin empacho. (Martín Pallares – 4 Pelagatos)

Foto: Comité para la Rehabilitación

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