Pero digan la verdad: no hay minería limpia

Lo grato del tema minero es oír a sus promotores. El gobierno en primera línea. Pero también las cámaras de minería (y las otras), las empresas mineras y sus abogados. Todos dicen lo mismo; un discurso amigable y sin aristas ni rodeos. Apaciguador. Que la minería es hoy una industria limpia. Que los motivos que escandalizaron a otros, en otros países o en Ecuador, ya están superados. Que las industrias mineras se han modernizado a tal punto que tienen todo bajo control. Que incluso el uso del agua es menor a la que utiliza la agricultura y que las mineras la tratan de tal forma que aquella que devuelven es tan sana que por poco resulta potable.

Si se junta ese discurso a las bondades que pinta el gobierno y los interesados, la verdad hay de qué avergonzar a los ecologistas. Porque vamos a ver: la minería trae inversión. Crea empleo. Deja impuestos y regalías. Y además paga un fondo para una remediación improbable.

En este punto está el país. Ante una ficción que deja por fuera los datos reales de lo que significa la explotación minera a cielo abierto. Hay una verdad establecida por un coro de actores poderosos que da por concluido un debate que lleva años represado. El gobierno, desesperado por recursos, no solo hace cuentas alegres: está queriendo arrasar los mecanismos institucionales establecidos para volver extraordinariamente simple lo que es, en realidad, muy complejo. Porque es cierto que hay riquezas en el subsuelo del país. Y es cierto que las minas son explotadas en otros países. Pero no es menos real que el Estado no puede disponer de esos recursos sin tener en cuenta el sitio en el cual se encuentran las minas, los peligros que conlleva su explotación y, sobre todo, lo que piensan sus habitantes. Si el gobierno piensa imponer por la fuerza sus razones, solo aupará la resistencia. Y se negará a hacer su trabajo político que es dar paso a las alternativas (el turismo no es la única) que lucen sostenibles y rentables a largo plazo.

En Ecuador están previstas las consultas previas. Pues ahora el coro que aupa la explotación minera a ultranza quisiera que esas consultas no existieran. O que no sean vinculantes. Como si se pudiera preservar el medio ambiente, prescindiendo de los guardias naturales que son sus propios habitantes. El Presidente de la República agravó este panorama el 24 de mayo, en su informe a la nación, cuando lanzó un chantaje evidente a la Corte Constitucional (que dio paso a la consulta popular en Girón): si autoriza mediante cualquier mecanismo parar las explotaciones (que obligaría a pagar una indemnización) debe invitar al pueblo a decidir de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las fuentes  de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los cuales el país debería renunciar.

En definitiva, el discurso del Presidente es totalmente unívoco: la explotación minera va. Y esto a pesar de haber anunciado, en el mismo discurso, que en agosto saldrá un mapa en el cual figurarán las zonas donde se puede desarrollar la minería y aquellas donde nunca se podrá. Esto parece una contradicción en los términos y deja grandes interrogantes sobre cuáles son los criterios que sustentan la división anunciada por el Presidente.

Si uno de ellos es la protección del agua (lo dijo expresamente en su discurso del 24 de mayo), se puede pensar que ya hay un acuerdo con aquellos dirigentes (como Cléver Jiménez y Yaku Pérez) que se oponen a que haya minería en humedales, páramos, zonas de recarga hídrica… en general en fuentes de agua. Si salvaguardar el agua es una decisión presidencial, se podría entonces decir que ya hay un buen punto de partida para inaugurar un debate que el gobierno cerró antes de haberlo abierto.

En este contexto, no ayuda la actitud arrogante del coro de actores poderosos que apoyan la minería y recitan el discurso mentiroso de que, gracias a nuevos estándares, hay minería limpia. Sus cifras hablan de ingresos sin tener en cuenta los posibles daños a la salud, la agricultura y la ganadería de las comunidades involucradas. Sus cifras no incluyen las remediaciones que en algunos casos -hay ejemplos- podrían resultar más costosas que los ingresos percibidos por la explotación minera. Su pedido de seguridad jurídica para los inversionistas, deja por fuera la seguridad jurídica para las comunidades y los gobiernos locales. No hay cómo debatir cuando, al amparo del discurso oficial, esos actores reducen a sus interlocutores al papel de tarados que no entienden que todo lo que usan tienen minerales. Empezando por sus celulares.

La minería a cielo abierto y a gran escala es un problema complejo que no puede ser tratado por el gobierno y sus actores de la forma como lo están haciendo. Esa industria no es limpia, y esa verdad hay que decirla. Y los estándares de concesión facilitan la llegada de verdaderos depredadores del medio ambiente, como los chinos. El tema merece un debate sobrio, decente, argumentado, responsable y urgente. Ese debía ser -eso se dijo- el trabajo del vicepresidente. (José Hernández – 4 Pelagatos)

Foto: El Universo.

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