Donde caben diez cabe una

Se dirá que, con tantos temas políticos de fondo que pasan cada día por la Asamblea Nacional, el reparto de las oficinas entre sus miembros es una pequeñez sin importancia. Cuáles están mejor ubicadas, a quiénes les tocan las más grandes y todo eso: fruslerías. Sin embargo, esa bagatela levantó polvareda esta semana, retrató de cuerpo entero las pretensiones de algunos legisladores y desempolvó viejas preguntas olvidadas sobre una cierta reforma arquitectónica que, años atrás, prometió resolver los problemas de espacio de la sede legislativa y contribuir al ornato de la ciudad, pero terminó haciendo exactamente lo contrario.

Para empezar, una explicación sobre el espacio: el Palacio Legislativo de Quito, que fue un hito arquitectónico de la ciudad en 1960, cuando lo inauguraron, estaba pensado para albergar al pequeño Congreso de aquel entonces y no dispone de suficiente lugar para los 137 legisladores y más de 1.300 servidores públicos de la actual Asamblea. Solo caben ahí, junto a los departamentos administrativos (Comunicación, Talento Humano, Asesoría Jurídica, Planificación, Auditoría, etc.), las oficinas de la Presidencia, miembros del CAL y titulares de las comisiones legislativas. El resto de asambleístas se distribuye en el edificio Alameda, un hormiguero de pequeñas oficinas a pocas cuadras de distancia, y el edificio Dinadep, ubicado a dos kilómetros y medio.

Precisamente en el edificio Dinadep, donde se hacinan los legisladores de la bancada oficialista, se le asignó una oficina, la 402, a la expresidenta Elizabeth Cabezas cuando entregó su cargo a César Litardo y se convirtió en una asambleísta más en el montón. Parece que no le gustó. No es extraño: durante el tiempo que ella ocupó la Presidencia, a nadie pasó inadvertida su afición por las pompas de su alto cargo y las parafernalias del protocolo. Solía desplazarse por los pasillos de la Asamblea, entre su despacho y el Pleno, rodeada de una numerosa corte de personajes variopintos: los edecanes, los asesores, las atribuladas asistentes que le cargaban la cartera, los teléfonos, los documentos… No se caracteriza Elizabeth Cabezas por andar ligera de equipaje. Las estrecheces de la oficina 402 del Dinadep debieron parecerle un destierro.

El pasado miércoles, un periodista de diario El Universo advirtió un inusual movimiento de muebles y de bártulos en el segundo piso de la sede legislativa, en el lugar donde hasta la víspera funcionó el departamento de Gestión de Compras Públicas. Puesto a averiguar, empleados y miembros de la escolta le informaron que ahí funcionaría la nueva oficina de Elizabeth Cabezas: despacho privado, área con módulos de trabajo para diez funcionarios, espacio para reuniones, acceso a la terraza, ascensor privado que permite ingresar desde el exterior del edificio sin pasar por el vestíbulo, donde la prensa acecha…

“¡Qué suerte! ¿No?”, reaccionó la asambleísta Lourdes Cuesta con la sonrisa de oreja a oreja: “Otros tenemos que correr dos kilómetros para imprimir un oficio porque aquí ni siquiera tenemos acceso a una impresora”. El socialcristiano Henry Cucalón, que despacha desde su escaño en el salón del Pleno, fue más venenoso: “Parece ser que Elizabeth Cabezas cree que tiene una corona -dijo- los que deben tener oficina en este edificio son las autoridades”. La noticia se regó como la pólvora y a nadie le cayó bien el privilegio. Entre los grupos de asesores que disputan un espacio en las pocas mesas de la Biblioteca Legislativa para instalar sus computadoras, la nueva oficina de la expresidenta fue motivo de toda clase de comentarios suspicaces.

Luego se supo que no era la única: otros legisladores apuntan a instalarse en la adyacente Casa Lasso, una espléndida mansión Art Nouveau de principios del siglo XX que la Asamblea ocupó en tiempos del Corcho Cordero con el proyecto de destinarla para actos protocolarios. La correísta Verónica Arias, que hasta el mes pasado ocupaba un lugar en el CAL y tenía, por tanto, oficina en el edificio principal, se mudó para allá. Luis Pachala, coordinador del bloque de CREO, espera que le asignen un lugar en esa misma casa. “Por voluntad de la administración”, dijo.

La comidilla estaba servida. El jueves por la mañana llegó un momento en que no se hablaba de otra cosa en los pasillos de la Asamblea. Entonces, como si el traslado del segundo piso no se hubiera producido nunca y los movimientos en la Casa Lasso no existieran, la Administración General emitió un escueto comunicado tratando de desmentirlo: “aclaramos que no se ha dispuesto el destino de espacio alguno”. Tarde: Luis Pachala, indeciso y riente, acababa de confirmar lo contrario. A no ser que decidieran echarse para atrás, eso está por verse.

A todo esto, la pregunta de fondo la dejó caer, como quien no quiere la cosa, Henry Cucalón: “¿Y qué paso con el edificio legislativo que iban a hacer aquí al frente?”. En efecto, en la época de Fernando Cordero hubo un faraónico proyecto digno de la megalomanía que caracterizaba al gasto público en aquel entonces. Se construiría un edificio de oficinas de línea hipermoderna y se abriría, para beneficio de la ciudad, un gran espacio arbolado que conformaría un auténtico corredor verde entre los parques de El Ejido y La Alameda. Se emprendió la obra; se demolieron varios edificios, incluido el de los juzgados de la capital; se ocupó todo un tramo de la avenida 6 de Diciembre y una manzana completa; se trabajó durante años.

Luego Fernando Cordero fue sustituido por Gabriela Rivadeneira y, en algún momento, el proyecto original fue a parar a la basura. Ni parque ni edificio hipermoderno: una sala de uso múltiple y un enorme parqueadero de cemento fue todo lo que se construyó en el gran espacio arrebatado a los quiteños. No hubo ninguna explicación, ni para la ciudad ni para los contribuyentes. Los lujosos espacios interiores de la mansión Lasso, única construcción que quedó en pie de la manzana que se tomaron, terminaron tristemente convertidos en oficinas. Quito perdió la avenida que conectaba sus dos parques más emblemáticos. Y la crisis del espacio en la Asamblea Nacional quedó, al parecer, irresuelta para siempre.

Palacio legislativo

Una sede para la burocracia

La nómina de la Asamblea Nacional consta de 1.316 funcionarios, incluyendo los 137 legisladores. Con semejante hipertrofia burocrática, el Palacio Legislativo ha quedado, en su mayor parte, para tareas administrativas. Y no basta. Las oficinas de los funcionarios han empezado a mudarse a la Casa Lasso, prevista para usos protocolarios. (Diario Expreso)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *