La Procuraduría busca reparar una ‘fuga’ de irregularidades

Fue otra licencia que se tomó el correísmo para evadir los controles anticorrupción. Durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa se eliminó el control previo de legalidad de los contratos que firma el Estado. Esa función, hasta el 4 de agosto de 2008, estuvo en manos de la Procuraduría General del Estado. Ahora, el ente busca recuperar ese rol en la contratación pública.

Luego de 2008, nadie realizó una revisión jurídica anticipada a los contratos del Gobierno de la autodenominada revolución ciudadana. En total, en los últimos nueve años, todo el aparato estatal firmó contratos por 72.984 millones de dólares.

Para el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, no todos esos valores fueron parte de actos de corrupción pero sí varios. Con el control previo de legalidad, según contó a EXPRESO, se puede revisar si las propuestas de compras y contratación estatal están apegados a la ley. Es corregir uno de los males que permiten fraguar actos de corrupción.

Por eso, y porque la Procuraduría es una de las pocas entidades que puede redactar y presentar proyectos de ley, Salvador entregó una propuesta de reforma a la Asamblea Nacional. El documento fue recibido por el presidente del Legislativo, César Litardo.

Este Diario accedió al documento de 18 artículos y una disposición derogatoria que plantea, por ejemplo, que la Procuraduría General deberá emitir un “informe previo de legalidad de los actos relacionados con los procesos de contratación que generen contratos administrativos cuya cuantía equivalga o supere el monto de 0,000015 del presupuesto inicial del Estado”. Dicho informe será vinculante. Es decir, deberá ser respetado y acatado si se encuentran anomalías que impidan la ejecución.

Otro de los puntos fuertes del proyecto de ley es la creación de un Comité de prevención de disputas. El órgano interinstitucional tiene por objeto mediar con empresas nacionales o extranjeras que tengan discrepancias con el Estado. Según el procurador, esa instancia evitará que se llegue a demandas costosas.

Los cambios legales

Contratación

La Procuraduría General del Estado, en el proyecto de Ley Orgánica reformatoria, para restituir el control previo de legalidad de actos y contratación, pretende recuperar su autonomía, por ejemplo, en la contratación de talento humano. Ahora, esa tarea depende del Ministerio de Trabajo.

Atribución

Pese a que la Procuraduría cuenta con el respaldo histórico y de la Constitución de 2008 para “presentar proyectos de ley, en las materias que correspondan a sus atribuciones específicas” no es un ejercicio que se ejecutó en administraciones anteriores. Apenas ahora se presenta una propuesta de ley.

Comité

La propuesta de un comité de prevención de disputas está basada en la necesidad de un trabajo multidisciplinario. Entre sus integrantes estará el procurador general del Estado, un representante de la Contraloría, el ministro de Economía y Finanzas y el canciller o su delegado. (Diario Expreso)

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