Correato acabó con soberanía

La expropiación de bienes inmuebles durante la era correísta requiere una investigación especializada de Fiscalía tan clave como la lista de empresas privadas y militantes de Alianza PAÍS vinculados a la trama ‘Arroz Verde’. Varios litigios de tierras determinan confiscación de la propiedad privada bajo sobornos sin una correcta sistematización, controles jurídicos y políticas públicas incoherentes. 

Hasta octubre de 2013 se mantuvo el derecho de reclamo por el justo precio contra cada municipio, prefectura o ministerio expropiante. Sin embargo, esta figura se trasladó a un ‘contencioso administrativo’ a cargo de una justicia secuestrada y extender el tiempo de los juicios de reclamo, engrosar la propiedad estatal, ampliar la contratación pública, afectar la legalidad de herederos y declarar predios de utilidad pública a cualquier territorio sin criterios técnicos ni un plan homogéneo catastral que justifique la apropiación de tierras. Ejemplos: el Paso Lateral de Ambato, donde una corte evaluó en 7 dólares el metro cuadrado, sin criterios técnicos. Peor al compararlo en precios con la expropiación para la construcción de la Refinería del Pacífico, el Aromo, Manabí, por unos USD 150 mil dólares por cada hectárea.

Los casos de sobornos entre 2012 y 2016 podrían intercalar, además, un sistema de expropiación  irregular de tierras sobretodo alrededor de zonas qué hoy son declaradas mineras. Si, al menos USD 100 mil, Fiscalía, considera que se colocaron para la campaña ‘Rafael Contigo Siempre’, faltaría añadir la dinámica de compensaciones, favores y negociación de tierras bajo control de la justicia de Gustavo Jalk. 

Otro aspecto preocupante es la pérdida de mar territorial de 200 a 12 millas. Esto por adhesión a la Convención de las Naciones Unidas (Convemar) por un supuesto derecho al mar, avalado por el entonces canciller Ricardo Patiño, en septiembre de 2012. Cualquier gobierno posterior tiene la obligación de denunciar este nefasto tratado, que según el artículo 419 de la Constitución, la ratificación o denuncia de tratados internacionales requiere la aprobación de la Asamblea. Esto en casos que comprometen la biodiversidad, depredación de la fauna marina y en especial del agua. Sorprende que la universidad china marítima de Dalian ahora tenga un campus en el país. ¿Para qué?

Sin duda, queda pendiente la redefinición conceptual de un Estado soberano, inclusivo y participativo acorde a un sistema institucional en verdadera democracia.  (Kléber Mantilla – Diario La Hora) Caricatura: Asdrúbal de la Torre

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