Harakiri en directo del cura Tuárez

El cura José Tuárez ayer produjo algunas noticias: que cayó más bajo. Que es una persona desinformada. O burropié del libreto rodado y desgastado del correísmo. En todo caso, en la rueda de prensa que dio, acompañado de Victoria Desintonio y Wálter Gómez, ambos consejeros, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana no tuvo reparo en recurrir a métodos de baja estofa para responder a los cuestionamientos institucionales de los cuales es objeto.

La sorpresa fue grande cuando, apenas instalada la rueda de prensa, dijo que iba hacer revelaciones de actos de corrupción que involucran principalmente a Guillermo Lasso, Javier Macías y Edwin Moreno, hermano del Presidente. No hay duda de que los tiros estaban centrados sobre el líder de CREO, tratado de banquero que «ha hecho gran daño al país». ¿Por qué Lasso? Porque su partido -dijo el cura- lleva a cabo una persecución inhumana y antidemocrática en su contra y la de otros consejeros del Cpccs.

En los hechos, Tuárez resucitó el informe publicado el 15 de marzo de 2017 por Página 12, en Argentina. Esa fue la famosa nota escrita por una kirchnerista que el gobierno quiso que se publicara en Ecuador y por la cual la Secom sancionó a siete medios que no lo hicieron. Un montaje político hecho en plena campaña para desprestigiar al principal contendor de Lenín Moreno. De la misma manera, Tuárez resucitó el ataque propiciado por el correísmo a Lasso por el feriado bancario. Una acusación que el propio Eduardo Valencia, amigo entonces de Correa y presidente de la comisión creada por él para investigar la crisis financiera de 1999, desvirtuó por completo.

¿Aportó el cura elementos nuevos que le permitieran recalentar estas piezas propagandísticas del correísmo? En absoluto. Además reconoció ante los periodistas, que preguntaron por las pruebas sobre las que sustentaba su acusación, que no ha investigado nada. Peor: que las acusaciones le llegaron en forma anónima. Es decir, que sin poder responder por lo que dice, es capaz de  atentar contra la honra ajena sin inmutarse. Lo hace -dijo buscando una justificación- porque el partido de Lasso empezó el proceso que lo tiene al borde de uno de los dos juicios políticos, que se cocinan en su contra en la Asamblea Nacional.

No se sabe qué pruebas tenga contra Lasso en una supuesta coima o tráfico de influencias en los Seguros Sucre. En ese caso involucró a otras personas. Pero se presume, por lo que dijo, que actuó con esa ligereza tan propia de los correístas para inventar rumores y calumnias.

Ayer, el cura Tuárez no tuvo un buen día. Amaneció con demandas en la Fiscalía por desconocer la sentencia de autoridad competente. Esto lo pone ante la Corte Constitucional que decidió, el 7 de mayo pasado, que no se pueden revisar las sentencias del Consejo de Participación ciudadano Transitorio. A pesar de esto, la mayoría del Cpccs creó una comisión para revisar el proceso de selección de los jueces constitucionales. Cuatro consejeros están acusados por ello: José Tuárez, Wálter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá.

Gómez tuvo que remar aguas arriba para tratar de evadir los hechos creados que lo ponen a él y a los otros tres consejeros de mayoría, al borde de la destitución. Por supuesto para hacerlo tuvo que torcerle el cuello a la sindéresis para poder afirmar que conformaron una comisión para revisar un proceso administrativo dentro del Cpccs Transitorio pero que, por supuesto, en ningún momento han afirmado que piensan sacar a alguna autoridad de su cargo. ¿Para qué hacen la comisión, entonces? Para conocer lo que pasó adentro, respondió. Y que saben que no tienen potestad para remover las autoridades designadas por Julio César Trujillo y los otros seis consejeros del Transitorio. En este capítulo es claro que Tuárez y la mayoría del Cpccs siguieron los consejos de los abogados Ismael Quintana y Salim Zaydán. Son ellos (junto al improvisado constitucionalista Augusto Tandazo) quienes abrieron esta brecha para desacatar, en los hechos, las decisiones del Transitorio que actuó, como se sabe, bajo prerrogativas excepcionales derivadas de una consulta popular.

Por esta actitud, están movilizados la Asamblea y el gobierno. La Asamblea ha optado, y el gobierno acompaña esa decisión, por retirar al Cpccs la facultad de designar las autoridades de los organismos de control, las cortes, las superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Esto se hará mediante una enmienda constitucional y tardará al menos 13 meses. Mientras tanto Tuárez y los otros consejeros serán destituidos o irán a juicio político. Tuárez no solo ha hecho méritos: ha demostrado que el albañal no le es ajeno. (José Hernández – 4 Pelagatos)

Foto: Cpccs

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