“Hay fuerzas políticas detrás de la mayoría del Consejo de Participación”

Piensa cada palabra. Por momentos hace una pausa para hilar en su cabeza la idea exacta. Y es que cualquier comentario viniendo del presidente de la Corte Constitucional puede ser tomado como ley. El jurista y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe a EXPRESO en un despacho en la sede de la Corte en el centro de Guayaquil. Pide un vaso de agua y empezamos.

– ¿Cree usted que el Consejo de Participación Ciudadana irrespetó la sentencia emitida por la Corte Constitucional al aprobar la conformación de una comisión técnica para revisar el proceso de elección administrativo de la Corte que usted preside?

– El Consejo de Participación Ciudadana definitivo ha estado actuando erráticamente, me refiero a la mayoría. El presidente del Consejo, José Carlos Tuárez, ha tomado un camino que no es el adecuado… De manera muy tozuda insiste en que tiene que examinar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y buscar posibles errores. Eso no está bien por la sencilla razón de que cuando se da un fallo de la Corte Constitucional, aquello no puede ser modificado o sujeto a violación. En el momento de que no se quiere acatar, inmediatamente está cayendo en un desacato. Está cometiendo ese delito.

– ¿Entonces hubo desacato?

– No me cabe duda. A lo mejor tendrá la duda en su cabeza, como él (Tuárez) no entró con todas las de ley, que los jueces de la Corte entramos de la misma manera. No, no, no. Está equivocado. Puedo decirle que en la Corte Constitucional somos gente honesta. Tenemos honestidad e independencia para actuar y así lo estamos haciendo.

– Haciendo de abogado del diablo, ¿cuál es el problema en revisar, no cambiar, una acción del transitorio?

– Piense usted que se podría decir que la designación de los jueces constitucionales no está de acuerdo como piensan que se debió hacer. Encontrar defectos, vicios, de esas nulidades de las que hablaban. Entonces volver a elegirlo. Igualmente si nos vamos a la Fiscalía. Lo mismo. Eso es acabar con la poca institucionalidad que queda en el país. Eso es retroceder cuando queremos avanzar.

– Se han iniciado acciones desde algunos frentes: la Asamblea con los pedidos de juicios políticos y en la Fiscalía con el inicio de una indagación previa. ¿Desde la Corte Constitucional se puede hacer algo?

– La Corte Constitucional también podría actuar. Nosotros hemos procurado no entrar en este problema. Que todo se arregle con razonamiento jurídico constitucional. Habrá que ver con los ocho jueces restantes el camino que debemos tomar. Diría que por el momento no hay necesidad. Es la Constitución la que manda que nuestros dictámenes y sentencias son irreversibles.

– ¿Qué podría hacer la Corte en el caso de que decida tomar alguna acción?

– De acuerdo con la Constitución se ha dado un fallo, ese fallo habrá que preguntarse si está siendo o no cumplido. En ese momento se verá que no está siendo cumplido. En ese momento hay sanciones duras que pueden ir a la destitución de los funcionarios.

– ¿Es decir que la Corte podría destituir a este grupo de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana?

– Así lo manda la Constitución, en consecuencia podríamos tomar ese camino.

– ¿Y de qué dependerá que la Corte decida tomar o no este camino?

– Hay que considerar que no valdría convulsionar al país. No sería bueno entrar en esas vías duras. Sería preferible que esto lo vayan solucionando los otros poderes del Estado. Que la Asamblea Nacional fiscalice y vea lo que debe hacerse. Que la Fiscalía vea los delitos que se han cometido. Sería mejor que se vaya por esos caminos siempre buscando no alterar la paz pública.

– ¿Cuál cree usted que es el fondo de la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de revisar la designación de ustedes?

– No hay duda que cuando se tienen estas intenciones son políticas. No dudo que hay fuerzas políticas que deben estar empujando a estos miembros de mayoría. Es la política coyuntural que se mueve en estos miembros nuevos.

– ¿Desacreditarlos tal vez?

– Es una intención mayor. Poca cosa sería que a los nueve jueces nos desacrediten. No van a poder además. Será bastante difícil, tenga en cuenta usted que tenemos cinco meses en este trabajo tan arduo… La finalidad que persiguen estos miembros de mayoría, a criterio personal, es atacar a la institucionalidad del Estado. Es decir, esta institucionalidad que el Consejo de Participación de transición trató de mejorar. Al empezar de nuevo, en lugar de salir adelante, empiezan a atacar a otros. Nuestra fragilidad institucional es grave y querer sacudir de esta manera las instituciones no es posible.

– ¿Cree que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer?

– No diría nada al respecto. Eso que quede a la decisión de los ecuatorianos.

– Le replanteo la pregunta, ¿cuáles son las vías constitucionales para ese fin o para limitar las funciones como también se esgrime?

– No hay mejor cosa que hacer modificaciones a la Constitución… Yo no soy amigo de una Asamblea Constituyente para cambiar el todo. De eso Ecuador ha estado demasiado en ese camino. La Asamblea ha dicho que se puede cambiar en el sentido que no tenga la atribución nominadora de funcionarios. Ese es un punto de vista. También se vino la idea desde el Consejo de Julio César Trujillo que se elimine. Muy bien, que se discuta. Todos estos aspectos tienen que ser analizados si son posibles. Me atrevería a decir en principio que sí se puede realizar. Hay dos vías: la enmienda con referéndum y la de la reforma parcial.

– En su momento se habló de 14 mil causas represadas en la Corte Constitucional, ¿se ha hecho una evaluación del avance?

– A los tres meses hicimos la primera evaluación. Ya nos toca una nueva por los cinco meses. En la primera logramos despachar mucho más de 3.000 causas. Vimos diversas jurisprudencias que fuimos dando. Fue positivo ese trabajo.

– ¿Qué tanto retrasa el trabajo de ustedes el mal uso de las acciones extraordinarias de protección, las causas mal planteadas o las demandas en aspectos en los que ya se han pronunciado?

– Complica. Hay que razonar y examinar el caso para después de hacer un análisis que tranquilamente lleva una hora y media en este momento decir: no se admite. Por eso queremos que los abogados y los usuarios conozcan en qué casos no se aceptan y en cuáles sí. Educar a la ciudadanía. Hay casos que insisten cuando la Corte lo inadmite. Hay que comenzar a sancionar. Eso es un abuso del derecho. (Diario Expreso)

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