Necesitamos que la Asamblea atine

A un mes de posesionados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo en que este organismo debe desaparecer. Se dice que los porcentajes de insatisfacción hacia ese organismo supera el 68%, lo cual se entiende, dado que fueron electos con una votación bastante insignificante en relación al total de ciudadanos sufragantes.

La actuación de los consejeros va dejando mucho que desear y a estas alturas cada declaración y manifestación pública se vuelve casi anecdótica. En medio de este sainete, surgen propuestas sobre qué mismo hay que hacer con esta papa caliente y la mirada de la ciudadanía se ha vuelto hacia la Asamblea, como órgano que podría ser el conductor del planteamiento de una posible solución a esta preocupante realidad.

Si bien se había hablado de  que se articularía un proceso de recoger firmas desde la ciudadanía para proponer, mediante ese mecanismo de democracia directa, la eliminación de este organismo, hoy se insiste en  que debería ser la Asamblea la que plantee una vía legal y constitucional al respecto.

Pero el escenario dentro del legislativo no es tan promisorio en ese sentido, debido a varias razones: primero, porque como ha venido pasando en los últimos tiempos, seguimos viendo que en lugar de articularse  alrededor de una propuesta conjunta sobre  de este tema (porque al fin y al cabo es un tópico de interés nacional, que debería atravesar las ideologías) lo que vemos son propuestas de asambleístas a veces pidiendo lo mismo. Otras veces planteando acciones conexas pero, todos, con el propósito velado de sobresalir individualmente. ¿Será mucho pedir que cualquier decisión sobre el destino del Cpccs salga en consenso?

Es claro que, ante el evidente autodesgaste y accionar kamikaze del Consejo de Participación Ciudadana, lo que se necesita urgentemente es que los legisladores coloquen en el orden del día de una sesión en el pleno, la discusión del mecanismo idóneo que podrían proponer en consenso para encaminar, ya sea una enmienda constitucional como proceso que tomará su tiempo o, en su defecto, como medida pronta, el retiro de sus facultades de la designación de autoridades.

Sin embargo, ¿qué es lo que hay? Un legislativo que no atina a articularse de forma apropiada, en parte porque los diversos grupos están preocupados en sumar y restar, calculando cómo les beneficiaría mantener al Consejo de Participación Ciudadana porque, como es sabido, algunos actores políticos ven al organismo con ojos golosos porque, de llegar al poder en el 2021, necesitan esa mesa servida para cooptar todos los poderes.

Por otro lado, algunos legisladores que podrían haber tenido el apoyo del sector de la oposición se van quedando solos y optan por presentar acciones que se vuelven casi propuestas y posiciones personales.

En ese escenario, lo que estamos viviendo es cumplirse la teoría de la puerta giratoria de la democracia ecuatoriana. Es decir, en el Ecuador se vuelve a lo mismo una y otra vez; porque aún cuando el problema está identificado, y la solución también, los intereses políticos terminan sobreponiéndose al interés colectivo y las decisiones tomadas con ese cálculo nos conducen al mismo sitio.

Mientras esto ocurre, el travieso Cpccs gana tiempo y ya habla de desconocer el nombramiento de la misma Corte Constitucional y organiza una comisión especial para “revisar” lo actuado por el Consejo de Transición. Además, se conseguido un protector que desde la clandestinidad hace de caja de resonancia de sus disonantes actuaciones.

Se habla mucho sobre la reinstitucionalización del Estado que todos queremos pero, para que eso sea una realidad, es preciso que el órgano legislativo nos ayude y tome una decisión con base en el bien común. Si en este momento logran dejar el cálculo político, posiblemente, en esta ocasión la Asamblea Nacional atine. (Ruth Hidalgo – 4 Pelagatos) Caricatura: Chamorro 4 Pelagatos

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