El aliado de sus sepultureros

Semana decisiva para José Carlos Tuárez en todos los frentes de su guerra personal contra la institucionalidad política: Fiscalía, Contraloría, Corte Constitucional… Pero sobre todo en uno: la Asamblea. Por una vez, las cosas avanzan más rápidamente en el Legislativo, donde la pregunta en torno al presidente del Consejo de Participación Ciudadana ya no es si se lo someterá o no a juicio político sino cómo, cuándo, bajo qué cargos y con qué interpelantes. Hasta el momento hay dos pedidos oficialmente presentados (uno de Fabricio Villamar y otro de Raúl Tello a nombre de la Comisión que preside, Participación Ciudadana) y se calcula que hasta el miércoles se habrá tomado una decisión. Todas las vías conducen a la censura y destitución.

Dos semanas atrás todo era muy distinto. Fabricio Villamar ya se hallaba recogiendo firmas de respaldo para su propuesta de juicio político, pero sus perspectivas no eran muy halagadoras: lejos se hallaba la Asamblea de alcanzar una postura unánime contra Tuárez. “Aquí tenemos que actuar con coherencia legislativa -decía la oficialista Ana Belén Marín a nombre de su bancada-, no podemos procesar un juicio político que no tiene asidero por el momento”. Y Vicente Taiano, hablando por los socialcristianos, multiplicaba las dudas: “Si bien es cierto sus exabruptos y su conducta circense llaman la atención al país, pero en función de un juicio político hay que cumplir con los presupuestos políticos que establece la norma, y la norma claramente habla, entre otras cosas, de incumplimiento de funciones”. En resumen: si el juicio político se hubiera desarrollado en ese momento, José Carlos Tuárez habría ganado.

Lo ocurrido desde entonces solo puede interpretarse de una manera: Tuárez está buscando, premeditada y sistemáticamente, empujar a las instituciones del Estado hacia una crisis política de consecuencias impredecibles. Cada vez que hace un movimiento o, simplemente, abre la boca, la Asamblea junta razones para destituirlo. ¿Quería indisponerse con los legisladores? Pues nada mejor que hacerles un desplante, como el que sufrió la Comisión de Participación Ciudadana cuando lo llamó para que rindiera explicaciones y él acudió nomás que para desconocer su autoridad y salir suelto de huesos. ¿Quería darles una causal para destituirlo? Nada mejor que desacatar una sentencia de la Corte Constitucional y nombrar una comisión para revisar el nombramiento de los jueces. ¿Quería hacer de su caso un tema personal? Nada mejor que emprenderla contra la bancada de CREO, lanzando contra Guillermo Lasso acusaciones que bien podrían procesarse como injurias calumniosas.

El resultado: la ministra del Interior, María Paula Romo (que desde hace meses funge como jefa de la bancada oficialista a falta de otro) declaró que hay causales para destituirlo; los asambleístas de CREO anuncian triunfantes que el juicio político contra Tuárez es una decisión de la nueva mayoría que llevó a César Litardo a la Presidencia (AP, CREO, BIN y BADI); el propio Litardo pasa la ofensiva y las bancadas de SUMA y el PSC, que no pertenecen a la mayoría, se unen a la causa. Solo los correístas se mantienen junto a Tuárez y todo parece indicar que eso es exactamente lo que Tuárez quería.

Causales para enjuiciarlo no faltan en la Asamblea: inscripción de candidatura con información falsa; incurrir en la prohibición que impide a los representantes de cultos religiosos desempeñarse como consejeros de Participación Ciudadana; falta de probidad para el ejercicio del cargo; desacato a la Asamblea Nacional. Y por si todo esto no bastara, desacato a una sentencia de la Corte Constitucional: una causal en la que incurren también otros tres consejeros de su organismo (Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez) y que parece el más fuerte de los argumentos en su contra. La destitución de Tuárez parece cantada. El cura precisa de un milagro. (Diario Expreso)

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