DE COIMAS SALIÓ LA CAJA CHICA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Fueron más de 15,5 millones de dólares en sobornos, pagados por 18 firmas privadas que luego recibieron contratos públicos con fondos del Estado. Se habrían beneficiado de esta plata desde los movimientos ‘Rafael Contigo Siempre’ hasta encuestadores, cantantes, guardaespaldas, grafiteros, troll centers y actuales legisladores. La investigación fiscal sobre la red de sobornos 2012 – 2016 arroja nombres. El de Correa, a la cabeza. Un exsecretario de Inteligencia como beneficiario. Varios de los zares de la revolución, aquí revelados. La maquinaria funcionó casi a la perfección. Su único error fue dejar un registro detallado que a la postre reveló el engranaje. Quién estaba a la cabeza: los líderes. Quién hacía la gestión de cobro y de pagos: los coordinadores. Y quiénes eran los representantes de las 18 empresas privadas que –identificadas como voluntarias- pagaron más de 15,5 millones de dólares en sobornos. Éste fue el monto de la caja chica de la Revolución Ciudadana, entre 2012 y 2016, financiada con coimas de firmas contratistas del Estado. La estructura fue vertical. En la punta de la pirámide: SP, A1, RCD, el entonces mandatario, Rafael Correa Delgado, quien autorizó algunos de los pagos. “09 de agosto de 2016: Previa autorización de A1 – RCD y pedido por Carlos Baca, para Rafael Contigo Siempre 100 mil dólares”, consta en uno de los registros.  Queda en entredicho la versión, según la cual, la recolección de firmas para que Correa se candidatizara a la reelección en 2017 contó con recursos propios del colectivo dirigido por Pamela Aguirre. Aguirre, actual parlamentaria andina, había afirmado que la colecta de firmas costó unos tres mil dólares, valor que tenía ahorrado para sus estudios en el extranjero. La Fiscalía la llamará a rendir versión. Carlos Baca era, a la época, colaborador cercano de Correa. Meses más tarde asumiría como Fiscal general. “Verde Final” es el archivo clave.  Contiene 63 mil hojas. Fue extraído y materializado mediante técnicas forenses supervisadas por la Fiscalía. La computadora fue incautada por la justicia durante una diligencia de allanamiento: era el equipo que usaba Laura Terán Betancourt. Terán Betancourt trabajó tanto en la Presidencia de la República como en la Corte Constitucional durante el correísmo. Hoy, acogida al estatus de testigo protegido, tiene prohibición de enajenar bienes, al igual que su exjefa Pamela Martínez Loayza. La jurista Martínez, exjueza constitucional y exasesora del entonces presidente Correa, fue una de las tres coordinadoras en esta trama de sobornos.  Acuciosa, Terán Betancourt actualizaba el documento en Excel en el que detallaba los ingresos en efectivo, los pagos que a través de facturas asumían las empresas “voluntarias”, las gestiones de cobro y –por supuesto- en qué se gastaba el dinero y quién lo autorizaba. Hubo alguna empresa que se negó a entregar plata hasta no recibir anticipo, porque “del mismo cuero sale la correa”. Hay sorpresas: registros de empresas que ofrecen un palo, medio palo y un palito.  Nombres conocidos aparecen como intermediarios o beneficiarios de pagos: Galo Mora, exsecretario del movimiento Alianza PAÍS; Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia; Vinicio Alvarado, el hombre duro de la propaganda correísta, entre otros.  “Verde Final” da un giro a la investigación sobre la trama de sobornos. Sus 63 mil fojas se suman a las más de 30 mil que tiene el proceso fiscal, ya en fase de instrucción. Al cierre de esta edición, los delitos investigados son asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. De comprobarse el concurso real de infracciones, la sumatoria de las penas máximas llega a 13 años.  

Cómo funcionaba6,7 millones de dólares en efectivo fueron entregados por las empresas privadas, que recibieron contratos del Estado. Además, 8,7 millones fueron destinados por las firmas para cubrir facturas de proveedores de bienes y servicios, contratados por el correísmo. En total, 15,5 millones. Con frecuencia, los proveedores eran afines a esa agrupación política. La plata quedaba en las mismas manos. Fopeca cubrió el pago de la factura 41513 emitida en diciembre de 2013 por Creacional, relacionada con Vinicio Alvarado, el zar de la propaganda correísta, hoy radicado en Venezuela. ¿El valor? 60.480 dólares. El concepto: “honorarios profesionales y marketing publicitario”. En asocio con la china Gezhouba, la constructora ejecutó la central hidroeléctrica Sopladora. El proyecto costó más de 755 millones. La empresa tiene el código V2. Según “Arroz Final”, el líder era el entonces Secretario del Agua Walter Solis. Intentamos contactar a la empresa, pero no tuvimos respuesta. Vinicio Alvarado aparece en otro registro como solicitante de pagos por publicidad, por 629 mil dólares. Una de las beneficiadas es Vertigo Films, vinculada a su entorno familiar. Otro proveedor: Felipe Ogaz (del colectivo DiabloUma), quien realizó el “Diseño artístico de muros en diez provincias”, por lo cual facturó tres mil dólares. Ogaz dijo no recordar del contrato. Entre enero y septiembre de 2012, Alvarado pedía pagar a grafiteros que pintaron mensajes sobre la “Hoguera Bárbara”, por montos entre 1.500 y 2.000 dólares. Empresas del grupo Azul (Azulec, Caterazul, Consultora Tecnazul), del excombatiente de la guerra de Vietnam, William (Bill) Phillips aparecen pagando facturas por servicios de asesoría publicitaria en 2012. Phillips fue condecorado por Correa; su esposa, Mónica Hernández de Phillips, fue consejera presidencial. Para 2012, se registró que Phillips pagó 95 mil dólares en efectivo y 205 mil a través de cruce de facturas. Vistazo intentó contactarlo telefónicamente para tener su versión, sin respuesta. Su nexo era Jorge Glas.  SK Engineering & Construction pagó en febrero de 2012 dos facturas por 42.500 dólares, para costear “redes sociales” y los servicios del Cuarto de Guerra. La firma surcoreana recibió contratos en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. El representante de SK en Ecuador, que consta en el documento de la Fiscalía, no contestó la llamada de este medio.  Con recursos generados por este engranaje se financió al movimiento. Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, Rolando Carrera –por entonces contador de AP- habría recibido 2,5 millones de dólares en cheques. De ese total, 1,2 millones se destinaron a “prefecturas y eventos generales”. Por esas épocas hubo elecciones seccionales. En cambio, Andrés Granda, quien en 2015 era Subsecretario de la Política, habría recibido 110 mil dólares para organizar “la marcha del Primero de Mayo”. Surgieron protestas ciudadanas contra el correísmo desde la mitad de ese año. El mismo funcionario recibió más de cien mil dólares para movilizaciones. Autorizada por L1 (Jorge Glas), su entonces cercana colaboradora Sofía Espín recibía el 11 de agosto 42.930 dólares para ese fin. La funcionaria fue electa asambleísta en 2017, pero perdió esa dignidad tiempo después. Por la importancia del caso, más de una docena de funcionarios de Fiscalía trabaja a tiempo completo en éste, el proceso que apunta a demostrar en las cortes que el correísmo fue una sofisticada maquinaria de sobornos. Y que las coimas fondearon la caja chica de la Revolución Ciudadana. ¿ZARES de la Revolución Ciudadana?Recibieron pagos que provinieron de sobornos entregados por una o más de las 18 empresas contratistas “voluntarias”, según la documentación constante en el documento Arroz Final, constante en la Fiscalía General.Marchas de respaldo a la Revolución Ciudadana, convenciones de Alianza País, camisetas; propaganda y ciertas sabatinas fueron cubiertas con coimas. Además, movilizaciones y viajes, sueldos de colaboradores del correísmo, presentaciones artísticas, festejos de cumpleaños. Pago de servicios de guardaespaldas (cuatro mil dólares mensuales se pagaron al Escuadrón Verde Operativo). Rommy Vallejo Vallejo: Recibía cinco mil dólares mensuales por proveer “seguridad civil”, según los documentos de “Verde Final”.  Percibió ese valor mensual durante 2013 hasta abril de 2014. En marzo de 2014 asumió las funciones de Secretario de Inteligencia. Es decir, dirigía Inteligencia y seguía cobrando sueldo por seguridad civil, de fondos provenientes de coimas.  Ernesto Guerrero Ullauri: Relacionado con el grupo de música folklórica y protesta Pueblo Nuevo, del cual es guitarrista y representante. El 12 de febrero de 2014 emitió la factura 638 por 60.480 dólares, por “organización y dirección de eventos”. El valor fue cubierto por la firma Hidalgo e Hidalgo. En 2012 facturó 89 mil dólares, suma cubierta con los mismos recursos. Buscamos la versión de la empresa, pero la persona cuyo nombre aparece en los archivos como contacto no quiso atender a este medio. Al músico se le ubicó en varios números telefónicos, sin éxito. Federación de Abogados del Ecuador: Por disposición de L1 (Vicepresidente Jorge Glas) el 16 de noviembre de 2015 se entregaron 50 mil dólares para la campaña de la Federación. Y el 9 de diciembre se pagaron 17 mil dólares. En las elecciones, de octubre de ese año, resultó ganador el abogado Jimmy Salazar, actual esposo de Pamela Martínez Loayza, ex asesora de la Presidencia durante el mandato de Correa. Ella sería pieza clave en el entramado de sobornos. Salazar fue consultado, y negó enfáticamente haber recibido fondos. Iván Hurtado: Considerado el mejor defensa que ha tenido la selección nacional de fútbol, fue asambleísta a partir de febrero de 2013. En marzo de 2014 habría recibido 50 mil dólares “autorizados por SP (Rafael Correa)”, según los documentos. “No conozco de lo que me habla, al respecto, tendrán que probar que he recibido el dinero que mencionan, es todo lo que tengo que decir”, afirmó al ser consultado por Vistazo. Fue en marzo de ese año cuando perdió, por mínima diferencia, la prefectura de Esmeraldas, para la que había postulado tras renunciar a su curul en la Asamblea. Wendy Vera Flores: El 26 de diciembre de 2013 emitió la factura 276 por 13.440 dólares por el “show navideño para personal”. Un año antes, una suma algo menor fue cubierta por una empresa contratista. La actual asambleísta fue consultada, pero no atendió el requerimiento de su versión. Al cierre de esta edición, fue llamada por Fiscalía. En síntesis:“Arroz Final” es uno de los 3.148 archivos incautados en el computador de Laura Terán, que las autoridades requisaron durante un allanamiento. El documento Excel tiene 63.000 hojas. Éstas se suman a las más de 30.000 páginas del proceso que reposa en la Fiscalía, y que está en fase de instrucción. Los valores totales, según los registros son: 6,7 millones en dinero en efectivo entregado por las empresas y 8,7 millones a través de cruce de facturas. De este modo, las empresas cubrían los servicios de terceros, a su vez contratados por la organización política, AP y por el correísmo.  

Fuente: Revista Vistazo

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