Impuesto inevitable

Hasta el momento no llega a la Asamblea ninguno de los proyectos de ley que el Gobierno contempla en su programa económico e incluyó en la carta de intención. Están pendientes:

-Una ley monetaria que reemplace al código monetario actual. Se busca darle al Banco Central cierta independencia en la toma de decisiones en materia monetaria.

-Otra ley de fomento productivo, dirigida a desmantelar disposiciones que traban la inversión. Por ejemplo, reformas a la ley mercado de valores que alienten mayores transacciones, y a la ley de alianzas público-privadas, para tornarlas más viables;

-Reforma laboral, que estipule condiciones menos rígidas para nuevos contratados, sin afectar derechos de quienes tienen empleo, para frenar la tendencia a la destrucción de empleos formales;

-Una reforma tributaria.

Una de las principales tareas del gobierno es pasar de un déficit fiscal a un superávit, para comenzar a reducir la deuda y devolverles a los ahorristas y gobiernos seccionales la plata que tenían depositada en el Banco Central –los ahorristas, por medio de la banca– y que el gobierno tomó prestada cuando cayó el precio del petróleo.

El ajuste comenzó por lo fácil: el gobierno paró la inversión, lo cual es penoso porque la inversión es lo que mejora el entorno para ciudadanos y empresas. Luego, el alza a la gasolina, cargada a la súper. El consumo de súper se desplomó y el beneficio no fue mayor.

Las opciones que tiene el gobierno para reducir el déficit son todas impopulares: recortar la burocracia, subir impuestos, quitar subsidios a los combustibles.

El recorte de la burocracia hasta ahora ha sido muy marginal, y pese a ello hay reclamos. El gasto burocrático creció desmedidamente con Correa, y es el causante del déficit. Por lo que lo justo sería que se revierta esa expansión de empleados públicos. Hay más abogados en el Ministerio de Salud que en la Procuraduría, y más economistas en el Ministerio de Educación que en algunas entidades financieras del Estado, revela el ministro de Finanzas.

Sin embargo, las autoridades prefieren el aumento de impuestos al recorte de la burocracia, y eso se desprende de la carta de intención. Se comprometen a una reforma tributaria que aumente los ingresos en más de USD 1.500 millones anuales. Algo harto difícil sin subir el IVA.

Pero al presidente no le gusta el alza del IVA ni tampoco a los bloques legislativos, cuyos votos necesita para aprobarla.

Quedaría el alza al diésel al transporte y vehículos, algo a lo que ya se dio marcha atrás. El compromiso es retomarlo recién en 2021.

Algo tiene que hacerse. Si Ecuador incumple con su compromiso de mejorar drásticamente la situación fiscal, el Fondo podría considerar que el plan está suspenso, con lo que no habría nuevos desembolsos. El mercado financiero internacional se cerraría, y el gobierno no tendría plata para pagar sus cuentas, ni siquiera rol de pagos. O sea, el ajuste sin Fondo es mucho más duro que aquel con el Fondo.

Se requiere mayor determinación del gobierno para eliminar el déficit. Las decisiones no pueden seguir posponiéndose. Debe reducir la burocracia, o en su defecto pasarnos la planilla a los ciudadanos con mayores impuestos. (O)

Fuente: El Universo

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