El legado de José Serrano

En materia de seguridad hay verdades de Perogrullo: que los policías están autorizados para usar la fuerza; que eso incluye la posibilidad de disparar sus armas de fuego; que las responsabilidades de protección del Estado deben priorizar a las víctimas por sobre los delincuentes que las agreden. Todos esos son principios evidentes. Pero hay otro que no debiera serlo menos: que la facultad de la Policía para aplicar la fuerza debe sujetarse a estrictas normas y procedimientos cuyo incumplimiento resulta, para una sociedad, incluso más peligroso que la delincuencia.

Este principio hoy está desacreditado. Más aún: denigrado. Quien lo defienda (el jurista Juan Pablo Albán, por ejemplo), se expone a ser tratado como “defensor de delincuentes”. Una ola de exacerbación generalizada de las pasiones recorre las redes sociales pidiendo mano dura sin contemplaciones. Sin reglas. Que los policías disparen primero y pregunten después. Que castiguen, ellos, a los delincuentes. Que “los eduquen”. La lectura de las redes deja la incómoda sensación de que el próximo presidente del Ecuador bien puede ser el primer Bolsonaro que ofrezca guerra a muerte sin cuartel ni garantías.

Esta semana concluyó en la Asamblea el debate de las reformas al Código Penal y resulta inquietante comprobar que el primer poder del Estado no hace muchos esfuerzos para diferenciarse de las redes, acaso porque quiere ganárselas. Son demasiados los asambleístas dispuestos a hacerse de la vista gorda con los excesos policiales. Incluso hubo quien pidió eliminar el artículo que prescribe cárcel para los policías que, excediéndose en el uso de la fuerza, causen una muerte. Y eso, básicamente, es una barbaridad.

Mientras tanto, la ministra del Interior María Paula Romo se ha propuesto ejercer la peor de las pedagogías sociales en este tema. Hace poco excusó a un policía que, habiendo detenido a un delincuente, habiéndolo esposado y reducido boca abajo contra el suelo, empezó a patearlo en las costillas y en la cara. Que el delincuente lo amenazó, fue la justificación de la ministra. Patética. O sea que el policía, humano al fin, actuó como lo haría cualquiera. Pues bien: se supone que eso es precisamente lo que no debe hacer un policía, para eso recibe entrenamiento.

Más grave es lo de la muerte de Andrés Padilla en Mascarilla, en una refriega relacionada con un operativo mafioso de minería ilegal. Sí, Padilla intentó agredir con arma blanca a un policía. Pero no fue en ese momento cuando lo mataron. Él recibió un balazo en la nunca cuando corría en sentido contrario: algo que no se hace ni en la guerra. No lo mataron para contrarrestar una amenaza. Lo mataron por la misma razón que el policía del caso anterior pateó a su detenido: para escarmentarlo. Hoy la ministra, la Asamblea y la opinión de las redes se rasgan las vestiduras porque David Velástegui, el policía que lo mató, está preso.

La Policía no escarmienta. Eso hacen los mafiosos. Esto de los uniformados que andaban repartiendo leña y ajustando cuentas a golpes con gente a la que ni siquiera detenían, sino que dejaban tirada en la calzada, fue un invento del ministro correísta José Serrano. Esa es la Policía que heredó María Paula Romo. Y la protege. Es popular hacerlo. Se gana uno la aprobación de las redes. Y eso nunca está de más cuando se tiene aspiraciones. (Roberto Aguilar – Diario Expreso)

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