No hay bienes para pagar a afectados del caso Proinco

No importa que la justicia, en tres instancias, haya confirmado la estafa en el caso Proinco Sociedad Financiera. Ni que la sentencia en contra del empresario Santiago Ribadeneira esté ejecutoriada, obligándole al pago de 98,8 millones de dólares.  Los perjudicados de la migración ilegal de dinero de Proinco a las empresas Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A. tienen pocas esperanzas de que les devuelvan su inversión.

El problema es que no hay con qué pagarles. Las empresas tienen pasivos por 96 millones de dólares, solo en acreencias; además de una deuda de 15 millones con el SRI y otros cinco millones con el IESS. 

Solo hay un activo, un terreno de alrededor de 48 hectáreas en Mejía (Pichincha), con un valor comercial de un millón de dólares. El condenado afirmaba que ese inmueble estaba valorado en 22 millones, pero con la construcción del proyecto Surbaya, que nunca se realizó. 

La información de activos y pasivos proviene del balance inicial de liquidación presentado por el economista Víctor Hugo Albán a la Superintendencia de Compañías. 

El intendente de compañías de Quito, Esteban Ortiz Mena, confirmó a La Hora que la liquidación avanza y que el balance se presentó “hace pocas semanas por la dificultad que ha tenido el liquidador de recabar la información, que ha sido presentada a cuentagotas por los anteriores administradores”.

Ribadeneira realizó dos daciones de pago, a través de la entrega de terrenos, por un monto de 31 millones de dólares, a alrededor de 200 personas, explicó su abogado Esteban Ortiz Dávila, quien no respondió si su cliente tiene o no bienes para cancelar la deuda. Según el liquidador, ese bien igualmente está sobrevalorado. 

“Esta es la peor liquidación que he tenido porque no hay nada. Nunca he visto un cosa tan perfectamente hecha para perjudicar”, agregó Albán.  

Afectados 
1.356 personas, entre naturales y jurídicas, fueron víctimas de las transacciones registradas, principalmente, entre 2014 y 2016. Recibieron pagarés o derechos fiduciarios como garantía de su inversión en proyectos inmobiliarios, que nunca cobraron y que no estaban respaldados.

“¿Cómo vamos a cobrar?”, es la pregunta de los perjudicados. Patricio Chávez, Carlos Viñán, Javier Velastegui, Severo Ávila y Mario Muñoz, del Comité de Víctimas de Proinco, no tienen expectativas de que se les devuelva el dinero y afirman que ya hay tres personas que fallecieron sin recibir su dinero.

EL DATO
Alrededor de 980 acreedores están acreditados en el proceso de liquidación de las empresas.“Me confié en el nombre (Proinco). Nunca supe que estaba en peligro financiero”, contó Ávila. Chávez recuerda la insistencia de los captadores para invertir. “Me convenció porque estaban dando más intereses”, dijo. 

Viñán se “confío” porque tenía personas cercanas trabajando allí y Muñoz “cayó”, en febrero de 2016, cuando las empresas ya estaban intervenidas y meses antes de la detención de Ribadeneira, el 11 de junio de ese año.      
   
De las tres empresas, la que más dinero captó, aunque ninguna estaba autorizada a hacerlo pues no eran entidades financieras, fue Marktrade que, en tres años, recibió 72 millones de dólares, “que no se reflejan en ninguna parte”, según el liquidador. 

Pero de acuerdo con el abogado de Ribadeneira, la migración de dinero fue autorizada por la Superintendencia de Bancos. Por eso, dice que su cliente también fue afectado porque después se emitió un informe de irregularidades, que derivó en el proceso judicial. 

“No hubo el delito de estafa masiva, probablemente hubo una captación ilegal”, dijo el abogado, quien cree que no se estableció la responsabilidad de su defendido.  

Proceso judicial 
El 16 de agosto, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió el recurso de casación y ratificó la prisión preventiva de 13 años contra Ribadeneira, así como la inocencia de dos exaltos funcionarios de las empresas, Fernando Cobo y María José Gálvez. 

6
millones de dólares se debe a alrededor de 3.000 exempleados de las empresas.  Ortiz Dávila rechazó la decisión de los jueces, puesto que considera que se debió aplicar el principio de favorabilidad. Ahora analiza presentar un recurso de revisión en la CNJ o una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. 

Hay un segundo proceso, denominado Proinco II, que está en la etapa de juzgamiento en contra de 19 personas, quienes captaron a los clientes y les entregaron los pagarés y derechos fiduciarios. La audiencia será este lunes, a las 08:00 en el Complejo Judicial Norte, de Quito. Los perjudicados esperan que se dictamine la responsabilidad de los investigados. (Diario La Hora)

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