Propuesta antiminera en el Azuay genera debate en Ecuador

Profesionales que se dedican a la minería legal, así como activistas que cuestionan esta actividad en el país, están a la expectativa de lo que resuelva hoy el Pleno de la Corte Constitucional (CC) sobre la solicitud de consulta popular presentada por el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, para que se prohíba sin excepción la actividad minera en su provincia.   

Pérez, junto a representantes de organizaciones sociales de varias provincias, entregó en la CC un ‘amicus curiae’ que respaldan su propuesta. La autoridad seccional manifestó que si no se da paso a la consulta, se reactivará la resistencia pacífica para ir a un proceso nacional. “Nosotros estamos defendiendo el agua, no solamente del Azuay sino de todo el país, porque el agua que se genera en los Andes, luego se va a la Amazonía y se vierte a la costa del Pacífico”, manifestó. 

Entre los documentos de respaldo a la consulta presentados en el organismo constitucional consta el firmado por nueve obispos del país, que integran la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Entre ellos monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico; Geovanni Paz, de Latacunga y Giovanny Pazmiño, de Ambato. 

La petición del prefecto trascendió lo provincial y ha logrado que se sumen autoridades de otras regiones. Talía Cabrera, viceprefecta de Morona Santiago, aseguró que es una propuesta que defiende la vida; mientras que Cecilia Borja, de Bolívar, agregó que en su jurisdicción están sufriendo las consecuencias de la minería, que ya están afectando al medioambiente y que se está dando “un acaparamiento de nuestros territorios, con más del 50% concesionado a empresas mineras”.  

Repuesta de mineros 
Para los involucrados en la minera legal, la propuesta del prefecto del Azuay es inconstitucional y consideran que de darla paso generaría un grave impacto económico en las poblaciones. Aseguran que realizan la actividad en el marco que establecen la Constitución y las Leyes con respeto a la naturaleza y a los pueblos. 

13 amicus curiae se han presentado en la CC por parte de activistas antimineros.

En este sentido, se pronunció Xavier Mendieta, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos y de Minas del Azuay (Cigma), quien aseguró que la provincia cuenta con cerca de 600 minas estandarizadas, de las cuales 51% es metálica, 30% de materiales de construcción y 19% no metálica. 

“El 72% de oro a escala nacional sale del Azuay”, aseguró Mendieta. Para el dirigente gremial, prohibir la actividad minera en su provincia sería dejar en el desempleo a cerca de 50 mil personas que trabajan directa o indirectamente en esa actividad. “Nuestra gestión minera siempre ha sido responsable, contamos con tecnología nueva”, argumentó.

De su lado, David Gallegos, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de la Regional Norte, dijo que como gremio trabajan de forma profesional considerando que la naturaleza es el bien común, por lo que realizan una actividad técnica. “No se puede prescindir de los minerales y la mejor vía para seguirlos utilizando es obtenerlos de manera responsable”, aseguró.

Pérez respondió que los minerales tienen su importancia, pero que no son indispensables como sí lo es el agua, que se vería contaminada por la actividad. (HCR) 

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