La propaganda por el 30S costó 1’559 640 dólares

Para que el levantamiento policial del 30 de septiembre del 2010 fuera políticamente rentable; es decir, para que el gobierno de Rafael Correa pudiera presentarse como víctima de un intento de golpe de Estado que nunca hubo, era necesario armar una agresiva estrategia de comunicación. Se trataba de un operativo en el que cuñas radiales, spots de televisión, libros, vallas publicitarias y mensajes en redes sociales, entre otros mecanismos mediáticos, trataba de vender la idea de que el gobierno había resistido heroicamente y junto al pueblo a un intento de golpe de Estado, que incluía la tentativa de asesinato de Rafael Correa.

Ante la magnitud de la necesidad del aparato de propaganda correísta, lo que ese plan pudiera costarle al fisco era, por supuesto, algo irrelevante. Tan irrelevante como los procedimientos legales para la contratación de las piezas para radio, televisión y demás. Según un informe de Contraloría que se aprobó hace días, el gobierno de Correa gastó 1’559 640 dólares en ese despliegue mediático que fue contratado sin las bases legales ni los justificativos necesarios y violentando las instituciones que participaron. Entre ellas, la Presidencia, la Secretaría de la Administración, el Ministerio de Cultura, la SENAIN y hasta la Fiscalía.

Los dineros públicos financiaron desde videos que se transmitieron en los canales de televisión hasta en cosas tan bizarras como el registro del nombre “30S” como marca exclusiva del gobierno y en el catering contratado para la presentación del libro “30S, la contrarrevolución”, con artículos de autores como Érika Silva, Rafael Quintero, Guillaume Long, James Petras, Atilio Borón, entre otros.

Informe de Contraloría sobre el 30S

El organismo que más gastó fue la Presidencia de la República. Gastó, según el informe de Contraloría 1’032 266 dólares sin ningún sustento legal y sin cumplir con los objetivos legales de la misma en piezas publicitarias que fueron contratadas a las empresas Mayo Publicidad Ecuador, Norlop Thompson, Etorres Publicidad, Mediainvestment, Maruri y Marpublicidad. Lo curioso de esto es que no hubo ningún contrato de por medio, peor una licitación o cualquier otro procedimiento legal. Es más, los auditores de la Contraloría se encontraron que cuando pidieron los documentos a esas empresas descubrieron que no los tenían. El esquema, institucionalizado durante el correato, consistía en que la agencia Uma Creativa, vinculada al entonces secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, entregada el material ya hecho a las agencias y éstas tan solo presentaban las facturas para el cobro.

Entre los gastos que se hicieron con el dinero de los contribuyentes están 174 dólares que fueron reembolsados a un funcionario de la Presidencia que puso de su bolsillo para el registro de la marca “30S”.  El informe dice que no existe ningún justificativo legal ni institucional para que se haya comprado dicha patente. La Secretaría de la Administración, entonces bajo la dirección de Vinicio Alvarado, firmó asimismo 35 convenios de pago por servicios de comunicación por 495 037 dólares.

El Ministerio de Coordinación de la Política dirigido entonces por Doris Soliz también participó con fondos en la campaña de propaganda, haciendo uso de dineros sin justificación legal. Ese ministerio corrió con los gastos de la publicación y difusión del libro “30S, la contrarevolución”. Los auditores encontraron que se hizo una edición de 2 mil ejemplares que se regalaron a funcionarios del gobierno y partidarios de Alianza País por la que se pagó 2 241 dólares y luego una segunda edición de 5 000 libros que fueron embodegados. Se verificó que ni uno de ellos salió o fue distribuido. Esa segunda edición costó 5 470 dólares. Para el acto que se hizo en el centro de convenciones Eugenio Espejo, se contrató el servicio de Studio Café Flacso al que se le pagó 2 241 dólares. Todo se hizo, dice la Contraloría, sin sustento legal.

Dentro de los gastos establecidos como ilegales por la Contraloría también está la producción del CD “Muchedumbre, el día en que triunfó la democracia” que circuló con el diario gubernamental El Telégrafo. Eso costó 5 550 dólares. En el CD se incluía el documental del mismo nombre realizado por el periodista Rodolfo Muñoz y en el que se trata de sostener la tesis de que el 30 de septiembre del 2010 hubo un intento de golpe de Estado.

Contraloría glosó al Ministerio de Cultura y Patrimonio por haber gastado 4 950 dólares en el proyecto “Remembrando (sic) la Historia” que consistió en folletos donde se contaba la versión gubernamental de la sublevación policial. Lo mismo hizo el Ministerio Coordinador de Seguridad que gastó 29 094 dólares en un boletín de circulación interna. Incluso el SRI ha sido glosado por haber impreso material sobre el 30S, sin que ese organismo tuviera ningún justificativo legal para hacerlo.

Uno de los gastos más fuertes fue el que hizo el entonces secretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero. La SENAIN gastó 337 904 dólares en la difusión del trabajo hecho por la Comisión Especial del 30S, que fue creada por el presidente Correa y cuyos miembros eran Diego Guzmán, Carlos Baca Mancheno y Óscar Bonilla. Para cumplir con esos pagos, el Ministerio de Economía elevó el presupuesto de la SENAIN.

El informe dice que uno de los miembros de la Comisión del 30S pidió el financiamiento para la publicación de 1 500 libros, folletos y cuñas. Los libros no fueron siquiera distribuidos. También se invirtió parte de ese dinero en un sondeo de opinión, como si eso hubiera sido necesario en la supuesta investigación que hizo dicha comisión. Entre esos gastos están 75 295 dólares que se pagó a la empresa Tribu Films para la realización de  un programa de televisión sobre el trabajo de la comisión. Esa comisión también organizó un evento supuestamente periodístico llamado CUPRE para el cual se contrató a la empresa Focusart Comunicaciones a la que se le canceló 16 973 dólares.

Cuando el equipo auditor pidió una explicación a Pablo Romero sobre estos gastos, el ex secretario de la SENAIN contestó: “la Comisión fue conformada directamente por el Presidente de la República. Este elemento es indispensable considerarlo, porque cuestionar los requerimientos formulados por los miembros de la Comisión, era como cuestionar al Presidente de la República, lo cual configuraría un acto de desobediencia a la más alta autoridad del Estado y de afectación al principio de jerarquía”.

La Contraloría consideró como hecho sin sustento legal, el realizado por 4 992 dólares por la Fiscalía, entonces dirigida por Galo Chiriboga: un seminario en una hostería cerca de Quito donde se explicó a los fiscales lo ocurrido durante la sublevación policial. Se les dio el discurso oficial para sustentar sus investigaciones…

El informe de Contraloría es el primer intento por establecer todos los gastos que se hicieron durante las semanas posteriores a la sublevación policial en el que, se calcula, murieron 5 personas y hubo centenares de heridos.  (Martín Pallares – 4 Pelagatos)

Foto: Cancillería del Ecuador

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