Otavalo y la Asamblea, el match perfecto

Elizabeth Otavalo dice que quiere saber cómo fue el crimen de su hija María Belén Bernal, a manos de su yerno Germán Cáceres. ¿Quién ayudó a cargar el cadáver de su hija? ¿Por qué nadie fue en su auxilio en la Escuela Superior de Policía donde muchos escucharon sus gritos de auxilio? ¿Quién estaba en el edificio donde se cometió el crimen? ¿Quién lo protegió? ¿Por qué su cuerpo apareció apenas 10 días luego de que se apagó su vida? ¿Por qué su yerno la estranguló y por qué no hay un parte oficial que diga quién estaba en el edificio?

El problema está en que las respuestas a sus interrogantes -que se las haría cualquier madre doliente en un caso como éste- las fue a buscar donde jamás las va a encontrar: la Asamblea Nacional. Ahí jamás obtendrá la verdad procesal y criminalística que dice estar buscando. En la Asamblea, la lógica de la disputa política y de los intereses electorales, lo único que garantiza son resultados políticos mediados por la suma de votos. La Asamblea, a diferencia de la Fiscalía, no tiene capacidades ni herramientas investigativas, no tiene facultades para hacer allanamientos ni interrogatorios técnicos y, sobre todo, tiene un interés político muy particular si se considera que la agenda de correístas, socialcristianos y disidentes de Pachakutik y algunos independientes es esencialmente arrinconar al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué, entonces, Elizabeth Otavalo fue a la Asamblea Nacional?

Para esta Asamblea, en cambio, su llegada cayó como anillo al dedo. Con su relato sobre una Policía que quiere tapar el crimen y proteger al autor y sus cómplices, de un gobierno que la ha desamparado y su discurso sobre un crimen de Estado, Otavalo se convierte en un motivo perfecto para iniciar otra guerra contra Lasso. Esto explica lo que ocurrió ayer lunes: en el primer día de trabajo de los asambleístas, luego de sus vacaciones, se organizó una insólita jornada con tres audiencias en la que la figura central era la madre de la asesinada por su yerno. Desde las diez de la mañana hasta pasadas las cuatro de la tarde, Otavalo estuvo rindiendo testimonio de su caso: primero ante la Comisión de Derechos Humanos, luego en la Comisión de Justicia y, finalmente, ante el pleno de la Asamblea. Todo un maratón para alguien que está de duelo, considerando que no ha pasado mucho tiempo desde la muerte de su hija, María Belén Bernal.

En las tres intervenciones, ella repitió una versión casi idéntica que luego se convirtió en el pilar del discurso del correísmo para mocionar y aprobar la conformación de una comisión ocasional que, supuestamente, va a encontrar la verdad del caso sin que intervenga la Policía ni la Fiscalía.

Otavalo llegó a la Asamblea empujada por una lógica política. Se sabe que fue una organización feminista vinculada al correísmo de la provincia de El Oro la que influyó para que tome la decisión final de unirse al esfuerzo de esa bancada que manejó la organización de todo. Ella, además, tiene un pasado laboral que explica no solo su sintonía con la atmósfera que dominaba en la Asamblea sino su manejo solvente de la retórica y los giros políticos: de lo que se sabe, Otavalo fue durante el correísmo funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, y luego fue subdirectora Nacional de Administración de Talento Humano del Consejo de la Judicatura hasta el 2021. También hay registros de que, al menos hasta el 2014, trabajó en el Ministerio de Inclusión Social, Miess, como directora de Centros Infantiles del BuenVivir

Lo que ocurrió en la Asamblea ayer fue, entonces, la lógica consecuencia de un esfuerzo cuyos únicos móviles eran políticos y que no contribuirán en absoluto a llegar a una verdad criminalística y procesal de lo sucedido. Al cierre de la sesión del pleno, se concretó lo que la mayoría legislativa quiere: una comisión ocasional integrada únicamente por mujeres y mentirosamente llamada multipartidista que investigará el caso y que en 30 días tendrá que tener un informe sobre lo que ocurrió a María Belén Bernal. Por lo dicho en las intervenciones de las asambleístas correístas, que fueron prácticamente las únicas en intervenir, la misión de la comisión es establecer que el asesinato es un crimen de Estado y que sus responsables penal y políticamente son no solo miembros de la Policía sino la mayor cantidad posible de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Entre ellos el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez y la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.

La sintonía entre lo que la Asamblea buscaba y lo que dijo e hizo Elizabeth Otavalo durante toda la jornada fue perfecta: el caso del asesinato tendrá ahora una institución que lo reclamará como suyo. El mismo Fernando Cabascango lo resumió todo en uno de sus ya conocidos tropiezos verbales: «les ruego a los asambleístas ser puntuales (quiso decir breves en sus intervenciones) porque la señora Otavalo tiene que ir a exhibirse en otra Comisión». (MARTIN PALLARES – 4 PELAGATOS)

Foto: Asamblea Nacional