Confirman acuerdo de $32 millones tras muerte por abuso infantil y tortura del niño de 10 años, Anthony Ávalos

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó el martes un acuerdo de $32 millones de dólares para los hermanos y el padre de Anthony Ávalos, de 10 años, quien según los fiscales murió de abuso y tortura a manos de su madre y su novio a pesar de las repetidas advertencias a trabajadores sociales.

En mayo pasado, el condado de Los Ángeles había anunciado el acuerdo provisional de la demanda presentada por los familiares de un niño de Lancaster, quien murió en 2018 después de que su madre y su novio supuestamente lo sometieran a torturas, pero tenía que ser ratificado por la Junta de Supervisores, como finalmente sucedió.

Del  caso,  se señaló a Hathaway-Sycamores Child and Family Services, con sede en Pasadena, como el único acusado en la demanda presentada en julio de 2019. La demanda acusaba al condado y a varios trabajadores sociales de no responder adecuadamente a los informes de abusos de Anthony y sus medios hermanos.

El último acuerdo se suma a un acuerdo de $3 millones alcanzado con uno de los contratistas del departamento del condado, Sycamores, que en 2015 brindó terapia en el hogar a Anthony y fue demandado por acusaciones de que ignoró las preocupaciones sobre el abuso y no protegió al niño. .

En el caso de Anthony, se hicieron más de una docena de llamadas a la línea directa de abuso infantil del condado sobre su bienestar, de maestros, consejeros, familiares y policías, pero los trabajadores de protección infantil y otras personas encargadas de protegerlo pasaron por alto numerosas señales de advertencia y oportunidades para intervenir, según a una investigación publicada por The Times y el Programa de Reportaje Investigativo de UC Berkeley.

Brian Claypool, uno de los abogados principales que representan a los familiares de Anthony, señaló que “el caso siempre trató sobre dos cosas: en honor a Anthony para hacer un cambio social y evitar que esto vuelva a suceder”.

Buscaremos una nueva ley… que requiera que las agencias del DCFS en todo el estado desplieguen psicólogos forenses infantiles capacitados para entrevistar a un niño fuera de la presencia de los padres cuando haya informes graves de abuso físico o sexual”, dijo.

Además, enfatizó que la ley debería exigir el intercambio de informes de abuso, incluido el historial previo, entre trabajadores sociales y terapeutas, algo que no sucedió en el caso de Anthony, y que todos los terapeutas deberían tener licencia completa, no pasantes, como fue el caso de Anthony. .

“Es de esperar que la cantidad de dinero pagada desencadene este cambio necesario”, dijo Claypool.

Fuente: MSN Latino (La Opinión)