Ecuador intenta superar los atentados del 1-N, y la violencia en calles y cárceles

La espiral de violencia que vive Ecuador desde hace varios meses ha tenido uno de sus puntos más complejos esta semana con una veintena de atentados desde el 1-N (1 de noviembre) en tres provincias de la costa, que el Gobierno considera como una represalia del crimen organizado a su lucha contra el narcotráfico.

Pese a ello, el país volvió a tomarse este viernes un tenso descanso durante el puente festivo que irá hasta el domingo y que arrancó el jueves, cuando también se produjo un violento motín en la Penitenciaría de Guayaquil, que fue sofocado con la intervención de 2.600 agentes, entre policías y militares.

ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TRES PROVINCIAS

El Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó la noche del martes el estado de excepción en las provincias costeras de Guayas y Esmeraldas.

También este viernes extendió la medida excepcional a Santo Domingo de los Tsáchilas, donde también se registraron atentados y disturbios.

Lasso no dudó al afirmar que la situación es una respuesta terrorista del crimen organizado a su lucha contra el narcotráfico, sobre todo por las más de 180 toneladas de droga incautadas en lo que va del año.

Ecuador, que no es considerado productor de droga, limita con dos grandes productores como Perú y Colombia, por lo que según expertos en la materia, se ha convertido en una especie de bodega de acopio para el narcotráfico hacia los grandes mercados de consumo como Estados Unidos y Europa.

El mandatario, además, ligó esa represalia de los grupos violentos a la acción supuestamente “oportunista” de ciertos políticos de la oposición que critican su gestión, aunque no presentó mayores pruebas de su sospecha.

LA CRISIS CARCELARIA SALTÓ A LAS CALLES

Varios analistas consideran que la violencia en las calles tiene relación con la crisis penitenciaria que estalló en 2020 y que ha visto con estupor el asesinato de más de 400 prisioneros en frecuentes enfrentamientos entre bandas de reclusos que se disputan el control de las cárceles.

Según ellos, la crisis carcelaria saltó a las calles pues los bombazos y tiroteos registrados el 1 de noviembre coincidieron con la operación de traslado a otras prisiones de más de 1.400 presos de la Penitenciaría de Guayaquil.

Justamente, en el Pabellón 2 de dicha cárcel, donde habría hecho cuartel la banda de los “Chone killers”, se suscitaron los enfrentamientos entre reos y la fuerza pública el jueves, con explosiones y tiroteos, como si fuese una guerra.

Además de esa banda, están los grupos conocidos como “Los Choneros”, “Los Lobos”, “Los Tiguerones” y “Los Lagartos”, entre otros, dijo la analista.

Para la experta en temas penitenciarios y de seguridad pública, Carolina Andrade, la situación de violencia “no ha cambiado” en los 18 meses que lleva Lasso en el poder.

Según Andrade, la espiral de violencia también se explica por una aparente “inacción” del Gobierno para cumplir con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha formulado exhortos para evitar nuevas masacres en las cárceles, como la asignación de mayores presupuestos, acciones para reducir el hacinamiento y construir un nuevo sistema de rehabilitación social.

No obstante, Andrade dijo ver con preocupación que las bandas criminales también han ganado terreno en la calle, sobre todo porque puede seducir a un sector de la población que carece de oportunidades para salir de la crisis económica que agobia a los ecuatorianos.

SE HA NORMALIZADO LA VIOLENCIA

De acuerdo con la experta, la población local parece que ha normalizado la violencia y “sobrevive en esa economía ilícita” creada por las bandas de delincuentes.

Desde el Estado, dijo, tampoco se ha puesto énfasis en programas sociales y no se vislumbra la generación de condiciones para que la gente supere la crisis que se agudizó con la pandemia del Covid-19.

“Esa inacción, esa falta de toma de decisiones” oportunas por parte del Gobierno incluso podría considerarse como “sospechosa” y hasta de “complicidad”, refirió Andrade al preguntarse si serán ciertos los rumores que advierten de tratos ocultos entre autoridades y líderes de determinadas bandas de la delincuencia.

Para ella, los frecuentes estados de excepción que ha decretado el Ejecutivo “no han dado resultado hasta ahora” y sólo se han aplicado “medidas parche”. (EL DIARIO)