Mientras los consejeros destituidos se preparan para presentar un acción de protección contra la censura y destitución votada por la Asamblea Nacional, cuatro nuevos integrantes llegarán al Consejo, lo que podría significar la conformación de una nueva mayoría en las próximas semanas. Los concursos para designación de autoridades en la mira.
La oposición no tuvo dificultades para reunir 85 votos (uno más que cuando se dio paso al juicio político) para remover a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encabezada por Hernán Ulloa. Para los legisladores del PSC, UNES y parte de PK, los cuatro destituidos cometieron incumplimientos de funciones, además de haberse alineado con el Gobierno de Guillermo Lasso. Junto con Ulloa fueron censurados y destituidos María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
En el Consejo quedaron los tres integrantes de la que era la minoría: David Rosero, cercano a Unidad Popular, Sofía Almeida, sobrina del socialcristiano Luis Almeida, y Juan Javier Dávalos, asociado al correísmo.
Ulloa y los cuatro ex consejeros anunciaron una acción de protección para intentar dejar sin efecto la resolución legislativa. En el pasado, ya se resolvió así un conflicto interno en el Consejo, cuando se destituyó a Sofía Almeida del cargo de presidenta y Hernán Ulloa pudo posesionarse tras la decisión de una jueza de Samborondón. Otra acción de protección fue presentada la mañana del lunes en el cantón Mejía. En una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, defendió el procedimiento y sostuvo que se actuó de acuerdo con la normativa legal en el juicio político contra los ex integrantes del Consejo. Aseguró que no se aceptará una intromisión de la justicia en la decisión tomada por el Poder Legislativo.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral anunció que remitirá, oficialmente, la lista de las siguientes personas más votadas en las elecciones en las que se conformó el Consejo cuyo periodo termina en marzo de 2023. Los nuevos integrantes del Consejo serán electos por votación popular en las elecciones seccionales de febrero de ese año.
Pero los nombres ya se conocen. Algunos de ellos han anticipado que, aunque no están de acuerdo con la censura y destitución, asumirán el cargo. Será la Asamblea Nacional la que los posesione en los próximos días. Y luego ellos deberán elegir a las nuevas autoridades del organismo, pues con la censura, se quedaron sin presidente ni vicepresidente.
Será la Asamblea Nacional la que los posesione en los próximos días. Y luego ellos deberán elegir a las nuevas autoridades del organismo, pues con la censura, se quedaron sin presidente ni vicepresidente.
Los nuevos integrantes
Uno de ellos es el médico Carlos Figueroa, quien junto con Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio fue perseguido judicialmente por el correato. Mientras Jiménez y Villavicencio se refugiaron en Sarayaku, el médico se entregó y cumplió una pena reducida. Es especialista en Cirugía General y dirigente gremial, así como docente de la Universidad Central. Según anticipó, no apoyará ninguna resolución que sea ilegal.
Los cuatro nuevos integrantes del Consejo de Participación: Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chugchilán, quien estaría inhabilitado por un proceso penal.
Otra de las personas que llegará al Consejo como consecuencia de la censura es la profesora Mónica Moreira Morán, quien actualmente es coordinadora Zonal 5 del Ministerio de Educación. La mayor parte de su vida laboral se ha desempeñado en el magisterio público y privado. Es Licenciada en Ciencias de la Educación con una especialización en Gestión Educativa. Tiene una larga trayectoria como maestra en instituciones privadas y en la reciente convocatoria para renovar el Consejo volvió a inscribir su candidatura, aunque ocuparía el cargo ante la actual situación. En su cuenta de Twitter hay varios tuits relacionados con su cargo en el Ministerio de Educación y las acciones del actual Gobierno. Su actual postulación al Consejo cuenta con el apoyo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador.
Karina Ponce Silva es economista, mediadora en la Universidad San Francisco de Quito y especialista en proyectos en la Flacso. Ex funcionaria de la Senescyt y docente del Instituto Eugenio Espejo, emitió un comunicado en el que respaldó la decisión de la Asamblea Nacional y rechazó los intentos de los ex consejeros de recurrir a la justicia.
Jaime Chugchilán es abogado y en 2016 trabajó en la Secretaría Nacional del Migrante y como coordinador General Intercultural de Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el propio Consejo de Participación hasta 2021, pero según se conoció, pesa en su contra una orden de captura por estafa, delito por el cual ha sido llamado a juicio. El abogado indígena se encuentra prófugo y se desconoce si se posesionará del cargo.
Los temas pendientes
Según sectores cercanos al oficialismo, la remoción de los consejeros de la mayoría tiene la intención, sobre todo, de modificar la conformación del Consejo para intentar, nuevamente, cambiar el Reglamento para el concurso para contralor. El Reglamento original, que había dejado el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, fue reemplazado por un nuevo documento, preparado durante la presidencia de Hernán Ulloa, y los tres consejeros que quedaron en Participación habían alegado irregularidades. En teoría, una nueva mayoría en el pleno (si uno de los nuevos integrantes apoya a los actuales) podría plantear una reforma.
Para el consejero David Rosero, no es adecuado cambiar las reglas del juego en medio del concurso, como se habría hecho en la presidencia de Ulloa, dejando entrever que no sería coherente proponer a estas alturas un cambio de las normas para la elección de contralor. Rosero denunció la injerencia del Gobierno en el Consejo de Participación, luego de que se conocieran las supuestas gestiones del consejero del Palacio, Aparicio Caicedo, en temas del Consejo.
El consejero David Rosero denunció la injerencia del Gobierno en el Consejo de Participación, luego de que se conocieran las supuestas gestiones del consejero del Palacio, Aparicio Caicedo (foto), en temas del Consejo.
Pero el concurso para contralor ya está en marcha y los nuevos consejeros tienen poco tiempo, pues deben entregar sus cargos en marzo de 2023. En el caso del concurso para la Contraloría, se encuentra ya en la fase de inscripción de los candidatos, siguiendo el reglamento que fue aprobado durante la gestión de Ulloa. Los requisitos constan en la Constitución, por lo que el Reglamento establece la forma en la que se lleva adelante el concurso. La fecha máxima para inscribir a los postulantes es este 25 de noviembre.
En una situación similar está el concurso para designar al defensor público, cuyos candidatos se deben inscribir hasta este 25 de noviembre, con lo que empiezan etapas como la calificación y las pruebas dentro del concurso de méritos.
Pero hay otros concursos con menos avances. Es el caso del concurso para elegir al defensor del Pueblo, que se encuentra en la etapa de conformación de la veeduría ciudadana, la designación del presidente del Consejo de la Judicatura (en donde aún se están verificando los requisitos), y las renovaciones parciales en la Función Electoral (Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral) en donde están en fases preliminares como la integración de la Comisión Ciudadana de Selección y la conformación de la veeduría ciudadana.
Finalmente, está pendiente la designación de dos superintendentes: el de Bancos (el concurso fue anulado por una decisión judicial) y el de Protección de Datos, un cargo nuevo que hasta el momento no se ha llenado. En el caso de Bancos, el concurso volvió al principio y se había anunciado la conformación de la veeduría ciudadana, mientras que en Protección de Datos solamente se ha enviado al Ejecutivo una solicitud de terna, que aún no es atendida por el Gobierno. (PLAN V)
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