El dislate de Espinoza que Jiménez no paró

Pablo Arosemena dio, el 22 de noviembre, la clave de por qué el gobierno está bajo la amenaza de la Fenocín de paralizar seis provincias de la Costa. Ante la prensa, el ministro de Economía y de Finanzas dijo que él no es favorable a la condonación de deudas hasta 10 mil dólares. Al paso explicó que esa decisión se maneja en otra instancia (el ministerio de Gobierno), y que su dictamen es negativo porque se produciría un hueco peligroso en el patrimonio de BanEcuador.

Ese es, precisamente, el problema del gobierno: el presidente Lasso lo maneja como un ente compuesto por departamentos estancos. Jiménez en la política, Julio José Prado en Comercio, Arosemena en Economía… Si alguien se pregunta por la dificultad que ha tenido el gobierno de manejar una estrategia y asegurar una línea de comunicación, la respuesta está ahí.

Durante los 90 días de conversaciones con la Conaie, la Feine y la Fenocín, tras los 18 días de paro y terror que provocaron en junio pasado, voces del gobierno dijeron que ese problema (que nunca han aceptado) se había solucionado. Que el gobierno no solo había constituido equipos multi-ministeriales sino que esas mesas de negociación sirvieron para instrumentar una verdadera pedagogía con las organizaciones sociales: sus dirigentes fueron puestos frente a las realidades estadísticas, contables y fiscales del país.

La amenaza de Gary Espinoza muestra que eso no fue cierto. Francisco Jiménez se vanaglorió de haber obtenido no diez acuerdos, como estuvo previsto al inicio, sino 218. Y pretendió haber salido del entuerto refugiándose en esos arreglos (mal o ambiguamente formulados). Jiménez (e Iván Correa) probaron desconocer a sus interlocutores. Decir, por ejemplo, que se podría condonar deudas hasta diez mil dólares, pensando que Espinoza asumiría los matices. Pues no: él entendió que se condonarán deudas por diez mil dólares.

La pregunta -sin respuesta- es por qué ese malentendido tomó forma sin que Jiménez y su equipo lo desinflaran. ¿Qué fueron a hacer los técnicos a las mesas de negociación? ¿Era tan difícil pedir el número de deudores de 3001 a 10 000 y multiplicar? ¿Por qué no se negó de tajo una reivindicación absurda que cuesta al país 188 millones de dólares, según el dato hecho público por el ministro Arosemena? Más los 58 millones que costó la condonación de deudas hasta 3 000 dólares.

Jiménez no es ignorante; es institucionalmente irresponsable. Por eso mantuvo su actitud hasta el 22 de noviembre cuando, en un comunicado de su ministerio, avisó que “no existe viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo actualmente”. Y dice “actualmente”. ¿No debió concluir que ese mecanismo no es y nunca será conveniente? Y que lo único que el Estado debe hacer, como lo propone el ministro de Economía, es reprogramar las deudas y dar facilidades para que sus titulares hagan frente a sus obligaciones y sigan siendo sujetos de crédito.

Imposible no ver que el ministro Jiménez hace política con plata ajena. Por eso, el miércoles 16 de noviembre estuvo en Teleamazonas y dijo que estaban trabajando en el decreto del Ejecutivo para dar gusto a Espinoza. Estará listo, dijo, ese fin de semana o a inicios de la siguiente. Solo faltaba trabajar en algunos aliños técnicos. En claro, él comulga con los pedidos excéntricos de Espinoza que, envalentonado, no cesa de sumar exigencias: condonar la deuda de 10 mil dólares, con intereses y costos. Sacar los 80 mil deudores de la central de riesgos y darles calificación crediticia A1. Es decir, que el gobierno declare que pagar las deudas es igual a no pagarlas. Y otorgue impunidad para imponer su pedido haciendo imposible la vida de sus conciudadanos. Tomándolos de rehén, como lo hicieron en junio. Y como lo piensan hacer ahora en provincias de la Costa.

¿Cuál fue la pedagogía administrada por ese montón de ministros y funcionarios que desfilaron por esas supuestas mesas de diálogo? ¿Por qué Jiménez tuvo que esperar, desde junio hasta el 22 de noviembre, para darse cuenta de que un pedido irresponsable atenta contra la racionalidad económica y puede quebrar instituciones financieras y crediticias públicas? Hasta ese 16 de noviembre, el ministro de Gobierno ni siquiera conocía el costo de la demanda de Espinoza: en Teleamazonas dijo que sumaba de 160 millones a 170 millones. Pero aún desinformado, ¿no era su deber oponerse a esa pretensión en las mesas de diálogo?

Este problema será el preludio de lo que hará Leonidas Iza en el primer trimestre del 2023, producto del manejo disparatado de Jiménez. Porque fue él quien multiplicó las concesiones como si estuviera en feria de piñatas. (JOSE HERNANDEZ – 4 PELAGATOS)

Foto: Teleamazonas