Castillo lideró la corrupción desde el Palacio

Para los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia del Perú no tiene fundamento institucional o legal. Así lo dijeron en un comunicado de respaldo a Castillo. Para los mandatarios de esos países, Castillo sigue siendo el presidente legítimo porque, en su manera de entender, en ningún lugar existe una institucionalidad democrática capaz de fiscalizar a uno de los suyos. Castillo es para ellos víctima de persecución.

Esos presidentes no rebatieron las acusaciones que recaen sobre Castillo. No hablaron de su tentativa de golpe de Estado (por eso está preso) ni de las acusaciones que la Fiscalía hizo en su contra por corrupción. La tesis de la Fiscalía dice que el esquema de corrupción de Castillo comenzó en la recta final de su campaña electoral. En ese entonces -y de esto hay incluso videos- Castillo se reunió con empresarios que aportaron a su campaña con la condición de recibir contratos de construcción de caminos y carreteras cuando estuviera en la Presidencia. Alejandro Sánchez, Abel Cabrera, Lenin Medina, Fermín Medina y otros estuvieron en ese grupo.

Esta red de corrupción que, según la Fiscalía, dirigió Castillo tan pronto llegó a la Presidencia. Allí montó una organización piramidal y nombró a funcionarios en cargos estratégicos para los que, en muchos casos, ni siquiera estaban capacitados. En este operativo los organismos apetecidos eran los ministerios de Transporte, Vivienda y Petroperú,

Como en el Perú la Constitución no permite que un presidente en funciones sea juzgado por delitos penales sin una investigación previa del Congreso, la Fiscalía presentó la demanda ante una comisión del legislativo especializada para el efecto. Y si Castillo no daba el golpe de Estado, es posible que eso hubiera ocurrido.

La Fiscalía sostiene que tiene 190 elementos o evidencias para probar lo que sostiene. Según su tesis, el esquema de Castillo tenía siete brazos que trabajaban para sostenerlo. El primero es el buró político. Ahí hay un grupo de personas que financiaron y colaboraron en la campaña y que luego de la victoria nombraron a ministros y viceministros. Uno de ellos es Alejandro Sánchez Sánchez, ahora prófugo, dueño de la casa en la zona de Sarratea, donde se hicieron las reuniones. También está Abel Cabrera, quien es especialmente importante porque fue quien propuso el nombramiento de Geiner Alvarado López para Ministro de Vivienda. Sánchez Sánchez es clave en el entramado porque firmó contratos irregulares por medio de un decreto de emergencia. También aparece Fermín Silva, quien colocó a una persona de su entera confianza en la gerente de Petroperú y Arnulfo Bruno Pacheco quien entregó dos sobres con dinero: uno por 56 mil dólares y otro por 8 mil dólares a Castillo Terrones.

Otro de los siete brazos trabajaba dentro de la casa presidencial: Bruno Pacheco, secretario del Palacio de Gobierno, encargado de pasar las órdenes presidenciales relacionadas con los contratos a los ministros y a los órganos ejecutores. El brazo familiar es el que más problemas creó a Castillo. La principal es Lilia Paredes, su esposa. Ella coordinaba la elaboración de los proyectos con su hermana Jennifer: todo con el absoluto conocimiento del Presidente. Hay sobrinos de Castillo involucrados, que ahora están prófugos.

El brazo político era, dice la Fiscalía, el de los congresistas que se encargaban de evitar los juicios de vacancia. Los llama «Los niños» y son seis asambleístas: Darwin Espinosa, Ilich López, Juan Carlos Mori, Elvis Vergara, Jorge Luis Foores y Raúl Doroteo. También está el llamado brazo lobbista con Samir Villaverde y Kerelin López: su trabajo era borrar los elementos probatorios.

La Fiscalía ha identificado tres casos de los que responsabiliza a Castillo y a dos ministros, Juan Silva y Geiner Alvarado. Un puente sobre el río Tarata en la Amazonía; obras en la zona de Cajamarca, de donde es Castillo, adjudicadas por el Ministerio de Vivienda a amigos del ex presidente y la compra irregular de biodiesel para Petroperú, entregada a dedo a una empresa de un tal Samir Abudayeh que, dice la Fiscalía, se reunió con Castillo en dos ocasiones.

El episodio más comprometedor de este proceso de acusaciones a Castillo se produjo el 7 de diciembre. Ese día Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, confirmó a Fiscalía que entregó 17 mil dólares mensuales a seis de los ocho hermanos del presidente de la República, Pedro Castillo. Ese dinero sería parte del soborno de 2 millones 360 mil dólares que le fue proporcionado por la empresaria Sada Goray. Marrufo aseguró que él hizo personalmente la entrega de dos paquetes de dinero de ese fondo a Castillo.

Los presidentes de los países amigos, liderados por Andrés Manuel López Obrador, de México, ignoran los argumentos de la acusación y sostienen que Castillo es un perseguido al que hay que devolver el poder. Este parece el octavo brazo de la trama de corrupción: el internacional. (MARTIN PALLARES – 4 PELAGATOS)

Foto Presidencia del Perú