Está por definirse el futuro de la joven que sufrió un aborto fortuito y fue presa por ello; su defensa y grupos activistas piden #JusticiaParaAurelia.

Aurelia García tendrá su última audiencia resolutiva en las próximas horas en el juzgado de Iguala, Guerrero; se trata de la joven indígena que fue violada en Xochicalco por un policía comunitario y quien después fue acusada de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, fue esposada en su cama, presa y sentenciada a más de 13 años de cárcel, pero al encontrar múltiples irregularidades en el caso, su defensa lanzó la campaña #JusticiaParaAurelia.

El gobierno del estado señaló que el caso está en manos del Poder Judicial y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado asegura que respetará la decisión de la Fiscalía en torno a la sentencia que se le dicte, luego de que le repusieron el proceso legal, ante las irregularidades halladas en el debido proceso.

“Nosotros estamos coadyuvando por parte de la Secretaría de la Mujer, estamos también platicando con la Fiscalía y con el Poder Judicial, respetando la autonomía porque es algo que corresponde al Poder Judicial, pero nosotros como Poder Ejecutivo hacer lo que nos corresponde por parte de la Secretaría de la Mujer. Vamos a esperar qué es lo que determina Fiscalía y nosotros vamos a ser respetuosos. Tengo una reunión, hoy por la tarde con la fiscal y vamos a hablar de este y mucho otros temas”, declaró la gobernadora.

Mientras se define su situación jurídica, sus abogadas han lanzado la campaña #JusticiaParaAurelia con la finalidad de que este caso colmado de irregularidades se resuelva y lleve a la libertad a la joven indígena.

La familia de Aurelia ya la esperan, sus abuelitos, su tía la extrañan y quieren que sea liberada, luego de tres injustos años en prisión.

Aurelia sufre aborto espontáneo y está presa

A sus 21 años, Aurelia García, una mujer de la comunidad de Xochicalco, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero fue detenida. En 2019 fue ingresada al penal de Iguala, por homicidio en razón de parentesco, pero ella asegura que se sufrió de un aborto espontáneo o fortuito ocurrido en su domicilio.

La joven sufrió un parto fortuito, luego de haber sido víctima de una violación por parte de una autoridad comunitaria.

La condena que le impuso la justicia mexicana es de más de 13 años, sin embargo, una jueza, al revisar el caso se percató de las irregularidades y ordenó la revocación y reposición del procedimiento después de encontrar graves violaciones a los derechos humanos de la joven.

Por ello, desde el reclusorio pidió ayuda para que se haga justicia por su caso y al llamado, acudieron organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Guerrero, quiénes ratificaron que durante el proceso de detención de Aurelia, se violaron sus derechos.

Verónica Garzón, defensora de Aurelia García relató la joven aún estaba hospitalizada cuando ocurrió su detención.

“Todavía ella no estaba recuperada, todavía no se sabía absolutamente nada, de los hechos del producto de nada y ya estaba siendo detenida, esposada a la cama del hospital ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio”, recuerda la defensora.

Para las defensoras de Aurelia, el encarcelamiento violó todos sus derechos, pues no tuvo un representante quién tradujera a su lengua materna -el nahuátl- lo que estaba pasando, por lo que afirman que nunca supo lo que un juez dictó en su caso.

Precisaron que desde 2020 han tenido audiencias con las autoridades para que se obtenga libertad de la joven y junto a la Comisión de Derechos Humanos reúnen las pruebas necesarias para demostrarlo.

Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia aclara, sin embargo que, quien tiene que comprobar que Aurelia García cometió un delito es la Fiscalía:

“Quién tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, que Aurelia cometió un delito es la Fiscalía, las pruebas que nosotras presentamos consideramos que efectivamente abren la duda razonable que se requiere para señalar una sentencia absolutoria para Aurelia y no solamente abre la duda razonable, deja absolutamente claro que el delito no existió», argumenta.

Fuente: Azteca Noticias