Gobierno responde a Leonidas Iza tras su amenaza de nueva protesta

QUITO.- La amenaza de una “radicalización de la lucha” que el pasado 5 de enero hizo Leonidas Iza al Gobierno de Guillermo Lasso, al que acusa de permitir la expansión de la minería en Ecuador, encontró una respuesta de parte del régimen.

Iza, presidente de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha convocado a una asamblea para el próximo 12 de enero de 2023 en Cotopaxi, para analizar acciones a tomar frente a supuestos incumplimientos de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre organizaciones sociales y el gobierno.

Él asegura que el Gobierno ha faltado al compromiso de no avanzar en proyectos mineros y petroleros mientras no se efectúe la consulta libre e informada.

El Gobierno lo niega. El subsecretario de Gobernabilidad, Sebastián Salazar, se reunió el viernes, un día después de la amenaza de Iza, con funcionarios de los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, con quienes pasó revista a los acuerdos.

El funcionario ratificó que de parte del ministerio de Energía y Minas, no se ha otorgado ni una sola concesión o autorización para exploración ni explotación petrolera ni minera.

“Podemos afirmar que el Gobierno Nacional está cumpliendo con lo firmado el 14 de octubre de 2022, con la dirigencia de las organizaciones de pueblos y nacionalidades”, afirmó.

Respecto a la remediación ambiental por las que Iza reclamó y solicitó la intervención del régimen, Salazar dijo que el Gobierno espera que las organizaciones envíen el listado de los lugares, a nivel nacional, afectados por la práctica de la minería ilegal.

Con esa denuncia se podrá ingresar a las mismas y parar las actividades que no cumplan con la ley.

En lo que tiene que ver con la consulta previa, el funcionario dijo que el régimen se encuentra elaborando el texto para implementar el instrumento legal que permita cristalizar el anhelo de los pueblos y nacionalidades del país; sin embargo, añadió que la aspiración es que en la Asamblea Nacional la propuesta gubernamental tenga acogida y sea aprobada cuanto antes.

“El compromiso es hacer la ley, no aprobarla” dijo Salazar, pues eso le compete a la Asamblea Nacional, donde la Conaie incluso tiene su brazo político: Pachakitik.

El presidente de la Conaie negó que tenga intereses de la minería o que tenga vínculos con grupos extractivistas legales o ilegales.

“Lo que provoca (el Gobierno) es un nuevo proceso de estallido social que no terminará en las mesas de diálogo, sino con una radicalización de la lucha”, advirtió Iza.

El dirigente indígena dijo que la minería provoca daños al ambiente, a la salud y en términos económicos no es un rubro que represente mayores ingresos; sin embargo, según el Banco Central, en un reporte de 2021, ubica a la minería como el cuarto rubro más exportado de la economía nacional. (DIARIO CORREO) BETO CARICATURAS