Carrillo abandonado por supuestos demócratas

El juicio político a Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, que se llevó a cabo en la Asamblea, es un espejo deplorable de la realidad política. Que el correísmo y los aliados de Leonidas Iza hayan aprovechado para vengarse del general que comandó la Policía durante las violentas protestas de Octubre-2019 y ocupó el Ministerio del Interior en junio-2022, se entiende. Que el socialcristianismo y socialdemócratas como Dalton Bacigalupo se hayan unido a ese coro ancla con fuerza las dudas que se ciernen sobre la democracia en el país. Es claro que se unieron a aquellos que preconizan (y han ensayado) la destrucción del Estado de derecho, el uso unilateral de la violencia y la neutralización de los organismos de defensa del Estado.

No parecía evidente que esto ocurriera. Las tres causales alrededor de las cuales se unificó el juicio político no fueron demostradas y el ex ministro suministró de ello amplias pruebas durante su comparecencia. La defensa del juicio, operada por Jhajaira Urresta de Unes, y Peter Calo de PK, no solo probó la dedicatoria política: permitió establecer un cuerpo conceptual que marca diferencias abismales entre esos asambleístas y el acusado.

Carrillo fue juzgado bajo argumentos falaces. Acusarlo, por ejemplo, de haber causado una crisis de seguridad por omisiones cometidas durante 5 meses en el cargo. ¿Alguien con dos dedos de frente puede creer que el incremento de la criminalidad en el país -que es estructural e involucra, en el diagnóstico, factores históricos, sociales, económicos, políticos y culturales- puede ser causado por un ministro en 5 meses?

El ex ministro puso elementos sobre la mesa que cualquier comisión, medianamente seria, hubiera tenido que considerar: datos, tendencias de crecimiento, patrones de comportamiento, impunidad como aliada del violento, cifras de sentencias, ausencia del Estado, presencia del crimen organizado… En definitiva, un problema integral que concierne al Estado; no a un funcionario.

La violencia de junio del 2022 fue el divisor de aguas en este juicio Político. Los interpelantes escribieron de nuevo la historia, como es costumbre entre los camaradas. Los hechos para ellos son hemipléjicos. El ex ministro demostró que es una falacia calificar de pacífica esa revuelta. Y de legítimo atacar a la población civil, infringir daños y sufrimiento y pretender someter a las instituciones y al país por la fuerza.

Carrillo se quejó de que sean los policías los que se encuentren en el banco de los acusados y que la Asamblea ni se pregunte por los hechos sucedidos en junio-2022. Que suponen una planificación, que causaron 1.200 millones de dólares (él habló de mil millones), que no han sido investigados y no tienen responsables.

Curioso e inquietante que los socialcristianos y socialdemócratas hayan comprado el libreto de aquellos que acusaron a la Policía de reprimir (cuando estuvo conteniendo a los vándalos), que hablaron de respetar las zonas de paz (como si Quito fuera Beirut de los años 80) y que propugnan que ellos tienen derecho, en defensa de sus causas, a usar la violencia contra el Estado y los ciudadanos. La Policía actuó -dijo Carrillo- “en contra de las formas, de las conductas criminales y vandálicas que ahí se produjeron”.

El mensaje de los 105 asambleístas que lo censuraron es múltiple: que el Estado no puede hacer uso de la fuerza frente a fuerzas que atacan ciudades y toman de rehén a sus ciudadanos. Que cualquier servidor público estará sujeto a ser enjuiciado por cumplir con su deber. Que la comisión que lo juzgue podrá, como hicieron con Carrillo, mentir, desconocer los hechos, tergiversarlos o acomodarlos, legitimar actos de violencia y violaciones a la ley y -mensaje central- ser amnistiados.

Patricio Carrillo no solo se defendió: articuló una defensa conceptual y política de la democracia y su total difuncionalidad en el país. Sin nombrar a los correístas, habló de aquellos que “no pueden sobrevivir sin ser gobierno”. Y retrató a los populistas, en general, por “su destacada hipocresía y elevado relativismo moral” que “crean relatos y eliminan adversarios con excusas burdas, afirman representar al pueblo mientras desmantelan instituciones y nos mantienen atrapados en crisis permanentes”.

La defensa de Carrillo, escrita en 62 páginas, deja en evidencia el relativismo absoluto -cinismo es su mejor seudónimo- en el cual navega la sociedad política. Los supuestos demócratas haciendo cargamontón con los golpistas; todos tras un funcionario que por cumplir con su deber se vio acusado de asesino. (JOSE HERNANDEZ – 4 PELAGATOS)

Foto: Asamblea Nacional.