Al mejor estilo de su aliado nicaragüense, el dictador Daniel Ortega, los Zelaya avanzan hacia la instauración de un modelo revolucionario en Honduras. En este sentido han declarado la guerra a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que tienen el compromiso de construir ciudades con administración autónoma, para el fomento del desarrollo en lugares despoblados o donde vía consulta ciudadana la población decida asumir ese modelo.
Ya el pasado 13 de octubre, los Senadores Bill Hagerty (R-TN) y Ben Cardin (D-DM), miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE.UU., enviaron una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken solicitando apoyo para garantizar los derechos de los norteamericanos ya que, preocupados por el discurso de la presidente Xiomara Castro el pasado septiembre en la ONU, ven como una amenaza la intención de nacionalizar propiedades de estadounidenses sin ningún tipo de compensación.
El 31 de enero, Castro anunció una profunda reforma tributaria (Ley de Justicia Tributaria) en la que se modifican los compromisos alcanzados por los gobiernos anteriores con las ZEDE. En especial, contra la ZEDE Próspera, han declarado que es “enemigo del pueblo” y están intentando derogar su estatus legal garantizado por 50 años en el Tratado de Libre Comercio de Centro América (CAFTA-DR por sus siglas en inglés).
Próspera es promovida y desarrollada por Honduras Próspera Inc, con sede en EEUU, una filial de NeWay Capital LLC, un nearshoring para empresas estadounidenses que se mudan fuera de China y también se puede decir que es punto de aterrizaje y salto natural para las empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en América Central y del Sur.
La mayoría de los inversionistas en Próspera son ciudadanos estadounidenses, y esta ZEDE cuenta con autonomía administrativa y de formulación de políticas en relación con el gobierno nacional de Honduras, que es algo mayor que la de un estado de los EE.UU. en relación con el gobierno federal de los EE.UU. Su marco legal surge bajo la ley constitucional y estatutaria hondureña.
Si los Zelaya avanzan en su agenda revolucionaria, las consecuencias serían devastadoras para los hondureños, entre ellas podemos enumerar las siguientes:
Se debilita el Estado de Derecho. Al cambiar el estatus Constitucional que tienen las ZEDE, éstas pierden la estabilidad que por ley se había garantizado a los inversionistas, lo que coloca al país como uno muy poco confiable para la inversión extranjera.
Empleo y generación de riquezas. Según un estudio realizado en 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras, el 73% de la población vive en la pobreza. De los 9.5 millones de habitantes, tan solo 4 millones conforman la fuerza laboral del país, de los cuales 350mil están desempleados y 2.5 millones están subempleados (trabajan jornadas de menos de 40 horas semanales). Con el radicalismo de los Zelaya se pierden inmensas oportunidades de creación de empleo que pueden aprovechar los hondureños para salir de la pobreza, al mismo tiempo que los habitantes pierden la oportunidad de crear nuevos negocios.
Pierde el turismo. Con las ZEDE aumentaría el turismo y con ello el ingreso de divisas por lo que la economía tendría un impacto muy positivo que las autoridades pueden aprovechar para enfrentar los desafíos socioeconómicos que vive la población, como seguridad, salud y educación.
Sanciones de los EEUU. Al destruir los intereses de los norteamericanos protegidos mediante el CAFTA-DR y otros instrumentos legales establecidos por gobiernos anteriores, los EEUU probablemente usen las sanciones como mecanismo de presión para que el gobierno retroceda en sus acciones radicales. Entre estas sanciones, se puede prever que cancelen o nieguen visas a los funcionarios que apoyen y/o ejecuten la expropiación de propiedades de ciudadanos norteamericanos.
Inestabilidad política. Al perder oportunidades de empleo y creación de riqueza, los hondureños pueden reaccionar manifestando su descontento. Los Zelaya en este momento no tienen la mayoría en el Congreso e intentan conseguirla, sin embargo, no se descarta que en un arrebato de autoritarismo característico de sus aliados dictadores Maduro, Ortega o Díaz-Canel, atenten contra el Poder Legislativo para conseguir lo que se proponen. En esta escalada, es probable que dejen de gobernar para resolver los problemas de la población, lo que agudizaría los problemas sociales del país: un coctel peligroso que pondría en peligro la permanencia en el poder de los Zelaya. Recordemos que Mel Zelaya fue destituido en 2009 de su cargo como Presidente de la República por orden del Poder Judicial y por la acción del Poder Legislativo.
El vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, criticó la propuesta de Ley de Justicia Tributaria impulsada por la presidente, considerando que esta iniciativa prohíbe la inversión extranjera en el país al mismo tiempo que castiga a los hondureños con inversiones nacionales y en los Estados Unidos.
Fuente: panampost.com
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