La desinformacíon fue un negocio redondo

La normativa aprobada por el Gobierno anterior permitió la contratación sin concurso para temas de comunicación. La Contraloría detecta ilegalidades.

Las leyes se acomodaron según la necesidad de pocos. La contratación de servicios de comunicación (publicidad, difusión y propaganda) se restringió durante el Gobierno anterior para beneficiar a determinados grupos empresariales. Todos, aparentemente, vinculados a gente cercana al expresidente Rafael Correa.

La ley de Comunicación (cuyas reformas esperan el veto parcial del Ejecutivo) y la ley de Contratación Pública (que tiene una reforma integral en redacción) allanaron el camino para que los proyectos comunicacionales de las empresas y entidades públicas se hagan sin concurso. El mecanismo utilizado fue, según las actuales autoridades, “a dedo”.

Esquivar los controles del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) es un hecho que está en investigación de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado. Varios contratos se firmaron, sin un concurso previo, con empresas vinculadas a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Correa y actual prófugo de la justicia.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, conversó con EXPRESO sobre la necesidad de cambiar la ley para evitar contrataciones irregulares. Ella cree que el servicio de comunicación, en la mayoría de casos, no es una emergencia que debe hacerse sin un proceso transparente.

Durante el correísmo, todos los procesos de comunicación eran considerados “de emergencia” y por eso se hacían directamente con empresas privadas. No importaba si eran por situaciones o programas que se podían planificar.

Vallejo cree que ahí está el error de la ley vigente. Las celebraciones de fundación de una ciudad, por ejemplo, se pueden planificar a inicios de año y, por tanto, podría organizarse una licitación para obtener la promoción y difusión con un precio competitivo para el sector público. Lo mismo aplica para planes que un ministerio o una secretaría tienen para todo el año. Las campañas de información de inicio de clases, como muestra, son en los mismos meses todos los años. Pueden hacerse concursos de régimen común de la contratación pública.

La directora del Sercop reconoce que otros sucesos, como un terremoto o una emergencia, son urgentes y pueden calificar en el régimen especial para hacer contratos directos. Esos casos, sin embargo, son la excepción y no la regla.

La reforma integral a la ley de Contratación Pública, que fue elaborada por el Sercop y que espera la aprobación del presidente Lenín Moreno para ser enviada a la Asamblea Nacional, contempla esa modificación.

Pese a la falta de normativa, el Gobierno -a través del servicio de contratación- ya redujo el monto usado mediante la cuestionable contratación directa en comunicación social. Entre enero y noviembre de este año, por ejemplo, se gastaron 95,7 millones de dólares por esta vía. En todo 2017, en cambio, fueron 124,7 millones de dólares. Un decrecimiento de 29 millones de dólares (ver cuadro).

Los cuestionamientos a los procesos ‘a dedo’ impulsados en el gobierno de Rafael Correa se sustentan en ilegalidades encontradas en casi todas las entidades públicas. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) es el último caso descubierto.

La Contraloría General del Estado hizo un examen especial para revisar los contratos firmados por la secretaría entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. Entre los resultados se encuentran descontrol, informalidad e irregularidades monetarias.

Según el informe DNA1-0058-2018, aprobado en octubre de este año, las contrataciones no tuvieron respaldos ni soportes. Las autoridades de Senplades, en la temporada de análisis, “iniciaron, adjudicaron y suscribieron dos contratos para difusión, información y publicidad y siete procesos de consultorías para varios objetos, sin estudios previos, alcance, productos requeridos y sin documentos de sustento de los presupuestos referenciales, lo que no permitió conocer previamente las condiciones técnicas y económicas para este tipo de contrataciones y si los precios estaban conforme a los de mercado”.

No solo fue un uso irresponsable de recursos públicos. Senplades ni siquiera utilizó varios de los productos por los que pagó 1,9 millones de dólares.

Senplades pagó por servicios que no usó

Según el informe de auditoría de la Contraloría General del Estado, que analiza los contratos firmados para comunicación y consultorías, Senplades “pagó 64.942,72 dólares a En el Ojo Films, para la producción de videos comunicacionales semanales sobre el marco del diálogo nacional por la equidad y justicia, sobre los cuales no se evidenció su socialización y posicionamiento a partir de la fecha de recepción del producto, afectando de esta manera los intereses institucionales, ya que no se demostró el beneficio que obtuvo la entidad”.

No fue el único producto comunicacional pagado pero no utilizado. Tampoco se encontró el uso de “kits comunicacionales” que vendió la misma empresa.

En el Ojo Films tiene una larga lista de contratos adjudicados durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Suman más de tres millones de dólares.

En la lista de clientes de la empresa está la Presidencia de la República, la Vicepresidencia -en los periodos de Lenín Moreno y de Jorge Glas-, la Secretaría Nacional de Comunicación, Senplades, Yachay, el Registro Civil, la Superintendencia de Compañías, el Consejo de Participación Ciudadana, el Ministerio de Relaciones Laborales, la Secretaría del Agua, Yachay, el Ministerio de Turismo, el de Energía, entre otros.

Las consultorías de Senplades tampoco están libres de irregularidades. La entidad que desaparecerá por orden del presidente Lenín Moreno contrató consultorías sin acreditar que los proveedores tengan el personal y la experiencia necesaria. (Diario Expreso)

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